La policía investiga una malversación en la Sanidad andaluza

El interventor del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Manuel Gómez, prestó ayer declaración ante el grupo de Policía Judicial que investiga el caso Juan Guerra, en relación con un presunto delito de malversación de fondos públicos. En la investigación, que según fuentes judiciales está casi concluida, parece detectarse que el SAS pagó a la clínica sevillana Litomed S. A. una cantidad superior a la que la Junta había fijado para el tratamiento, mediante litotricia (eliminación sin dolor de cálculos renales), de enfermos de riñón.

La relación con el caso Juan Guerra parte dé las visitas que realizó Eduardo Sánchez Rodríguez, accionista de Litomed S. A, al hermano del ex vicepresidente del Gobierno, en el despacho que éste ocupaba en la Delegación del Gobierno, y que aparecen registradas en más de una veintena de ocasiones.

Según fuentes de la investigación, la presunta intervención de Juan Guerra sirvió para que el SAS, que en principio no remitía pacientes a la citada clínica, desviase enfermos renales a Litomed para su tratamiento. El SAS estipuló en 1988 como pago, por el tratamiento de cada paciente, la cantidad de 350.000 pesetas. Al parecer esta cantidad se mantuvo fija con posterioridad que se publicase una resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que reducía sensiblemente los honorarios.

El informe de la Policía Judicial, que incluye la declaración del director de la oficina de gestión y demanda del SAS, Pedro San José Garces, será remitido al juez Ángel Márquez esta semana, quien citará a los implicados para que declaren judicialmente.

Delito fiscal

El juez Ángel Márquez confirmó ayer que los peritos de Hacienda que han elaborado un informe de inspección fiscal sobre Juan Guerra y sus socios, Juan José Arenas Casas y Francisco Javier López Martín, se ratificarán el próximo jueves sobre el mismo. La comparecencia en el juzgado de los peritos de Hacienda servirá, además de para presentar el informe definitivo de la inspección, para aclarar dudas sobre las actividades financieras de los implicados y de sus empresas.En el avance del informe fiscal remitido al juez la pasada semana, y que ayer fue entregado a las partes, se valora en 48.864.000 pesetas la presunta defraudación de Juan Guerra al Ministerio de Hacienda; en casi 54 millones de pesetas la de Juan José Arenas y en 43 millones la de López Martín.

La defensa de Juan Guerra y de sus socios a restado valor probatorio al citado informe y han presentado un recurso contra la decisión Judicial de que fuesen funcionarios de Hacienda los que peritasen los comportamientos fiscales de los inculpados.