La fiscalía de Guipúzcoa se pronuncia a favor de indultar a cinco guardias condenados por torturas

La fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa emitió ayer un informe favorable a la concesión del indulto para los cinco guardias civiles condenados en firme a cuatro meses de arresto mayor y cuatro años de inhabilitación como autores de las torturas de que fue víctima, hace 10 años, Juana Goikoetxea Azkue. Pese a la sentencia, confirmada en enero último por el Tribunal Supremo, dos de estos guardias civiles, los ahora capitanes José Pérez Navarrete y José Antonio Hernández del Barco, desempeñan actualmente la función de asesores del Ministerio del Interior.

En relación con el mismo caso, la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa rechazó, también ayer, la solicitud de libertad condicional presentada por los abogados de los cinco miembros del instituto armado, si bien acordó suspender el ingreso en prisión de los condenados a la vista del inicio de los trámites dirigidos a conseguir el indulto.Hace ahora año. y medio, el Consejo de Ministros indultó a varios guardias civiles condenados por idéntico delito en el caso Olarra, después de que la defensa agotara todos los recursos para impedir su ingreso en un centro penitenciario.

El pasado lunes, fuentes de la Guardia Civil explicaron la permanencia en sus funciones como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los dos capitanes Pérez Navarrete y Hernández del Barco, interpretando que 9a sentencia les inhabilita para ejercer como agentes de la autoridad, pero no para labores internas burocráticas".

Información al juzgado

Las mismas fuentes reforzaron tales argumentos indicando que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa fue informada de los nuevos destinos de los guardias civiles, condenados a través de sendos escritos remitidos por la Dirección General de la Guardia Civil en los meses de marzo y abril de este mismo año.

Este extremo ha sido desmentido por el propio presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Juan Bautista Cremades, en unas declaraciones en las que aseguró no tener constancia de tales escritos de la Guardia Civil y añadió: "Hay una sentencia firme de inhabilitación de cualquier cargo público por cuatro años y lo que hay que hacer es cumplirla".

De acuerdo con la sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa el 15 de julio de 1987 y ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo en enero último, Juana Goikoetxea Azkue fue golpeada en "las regiones escapular, lumbar, renal, pectoral, glúteos, brazos, piernas y pies", en el trancurso de los interrogatorios a los que fue sometida por su supuesta vinculación a la banda terrorista ETA.

El tribunal consideró acreditado que, además de estas lesiones, la detenida sufrió una "contusión con gran derrame en la región occipital y parietal derecho", y pomo secuela, según el texto del fallo judicial, "un proceso siconeurótico con ansiedad, nerviosismo, cefaleas y mareos de curación, imprevisible y, asimismo, dolor y disminución de la movilidad cervical por agravación de una espondiloartrosis".

El fallo condenó a los entonces, teniente y sargento, José Pérez Navarrete, y José Antonio Hernández, respectivamente, así como a los guardias Emilio Parra Moreno, Alejandro Iglesias Blanco y Julio Saavedra Mariño, como responsables de un delito de torturas, "sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal" a penas individuales de cuatro meses de arresto mayor y a la suspensión de funciones como miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado por cuatro, años".