El Gobierno liberaliza el aborto al admitir la angustia de la mujer como causa lícita

El Consejo de Ministros acordó ayer remitir a las Cortes el proyecto de nuevo Código Penal que podrá entrar en vigor en esta legislatura -que termina en octubre de 1993-, según cálculos del Ministerio de Justicia. El Gobierno aceptó la propuesta del titular de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, de ampliar la despenalización del aborto con un cuarto supuesto, consistente en la angustia o ansiedad de la mujer embarazada, certificada por un médico, y siempre que se practique en las 12 primeras semanas de embarazo. El PP rechaza este supuesto, y la reacción en medios jurídicos fue, ayer mismo, muy viva y diversa.

La ampliación del aborto propuesta por De la Quadra-Salcedo (véase EL PAÍS del jueves último) fue íntegramente aceptada por sus compañeros de Gabinete y apenas suscitó debate. Aunque se formula como un cuarto supuesto, en realidad es una ampliación del primero de los tres actualmente vigentes, por el que se despenaliza el aborto "necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada". En el futuro, si prospera la modificación introducida, también quedará despenalizado el aborto de la mujer cuyo embarazo le conduzca a una situación de angustia (traducción de la palabra francesa detresse que figura en la ley Veil).Mientras que actualmente, para alegar la mencionada indicación terapéutica -la más utilizada por las mujeres que desean abortar-, es preciso que así conste en un dictamen emiticio con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto al que practique el aborto, la invocación de la indicación fundamentada en la "angustia" de la mujer será más fácil de probar y sólo requerirá el certificado de un médico. La mayor flexibilización del nuevo supuesto se compensa con el establecimiento de un plazo máximo -12 primeras semanas del embarazo- para practicarlo y con el requisito de que la mujer sea previamente informada en un centro público sobre la viabilidad del feto.

Rechazo del PP

De la Quadra-Salcedo opina que la despenalización de determinados supuestos de aborto está "rotundamente aceptada por la mayor parte de la sociedad española". Sin embargo, el presidente del CDS, Rafael Calvo,. anunció ayer que pedirá referéndum.El PP, principal partido de la oposición, anunció ayer mismo su rechazo a nuevos supuestos de despenalización del aborto. Enun extenso comunicado asegura que se trata de permitir "el aborto libre" y acusa al Gobierno de utilizar la reforma para "engañar" a los ciudadanos y desviar su atención con una "polémica innecesaria y gratuita". El PP anuncia que será "muy difícil" el consenso parlamentario para aprobar el nuevo Código Penal.

Emilio Olabarría, portavoz adjunto del PNV en el Congreso declaró -informa Europa Press- que la ampliación le parece "jurídicamente insegura y terriblemente amplia", porque se asemeja a una ley de plazos. El presidente de la Federación Española de Asociaciones pro Vida, Justo Aznar, declaró con respecto al proyecto de ley que votar PSOE es votar muerte".

La Conferencia Episcopal Española no tenía ayer previsto hacer ningún comentario público sobre la ampliación de la despenalización del aborto incluida en el proyecto de modificación del Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros. Un portavoz de la oficina de información de la Conferencia Episcopal indicó que la cuestión no había sido tratada por el organismo que reúne a los obispos españoles. Hoy por la mañana está prevista una reunión ordinaria.

Cándido Conde Pumpido, presidente de la Audiencia de Segovia y miembro de Jueces para la Democracia declaró a Radio Nacional que este nuevo supuesto "nunca se podría tachar de anticonstitucional". Enrique Collado de la asociación de jueces y fiscales Francisco de Vitoria afirmó a Efe que "el cuarto supuesto es tan genérico que puede significar el aborto sin consecuencias legales". Ladislao Roig, de la Unión Progresista de fiscales recordó que su asociación defiende una ley de plazos "porque otro criterio lo que ofrece es ambigüedad".

Por contra, para Luis Jordana de Pozas, de la asociación de fiscales mayoritaria, el cuarto supuesto "parece inadecuado y supone una puerta abierta".

El catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbemat, favorable a una ley de plazos criticó el proyecto porque "lo que se quiere hacer ahora es encubrir el problema

"Máxima urgencia"

De la Quadra-Salcedo manifestó que "es la primera vez en la historia que se va a debatir un nuevo Código Penal en el Parlamento y eso exige tiempo y sosiego". Sin embargo, el Gobierno quiere trámites con la "máxima urgencia" en lo relativo al blanqueo de dinero, la prohibición de los denominados precursores (productos químicos que sirven para la elaboración de droga) y a la autorización para que la policía efectue las llamadas "entregas vigiladas" de alijos de droga, ya que un convenio internacional exige que tales normas entren en vigor en enero de 1993.