40 juristas piden impunidad para el médico que realice la eutanasia si lo pide el enfermo

Cuarenta penalistas -catedráticos, jueces y fiscales- acordaron ayer en Alicante proponer sendas modificaciones en la Ley General de Sanidad y en el Código Penal para regular el derecho a disponer de la propia vida y permitir al médico la impunidad cuando practique la eutanasia a solicitud del afectado. La mayoría avaló la impunidad del médico que ayude a morir al enfermo incurable o que no puede valerse por sí mismo, mientras un sector minoritario, encabezado por el catedrático Juan Carlos Carbonell, defiende ir más allá en la eutanasia.La propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal -que nació en 1989 en Málaga, con su manifiesto en favor de la legalización de la droga- ha sido elaborada tras las reuniones de Valencia (1991), Madrid (1992) y la de ayer en la Facultad de Derecho de Alicante.Aparte de la discusión abierta sobre si debe penarse y de qué modo la ayuda al suicidio ajeno, el punto crucial de la propuesta se refiere a aquellos casos en que, para eliminar o mitigar graves sufrimientos padecidos por quienes se encuentran en situación de certeza o riesgo considerable de muerte, el médico practica un tratamiento que acorta la vida o provoca la muerte inmediata.El documento aprobado plantea que, si media solicitud libre, seria y expresa del afectado mayor de 18 años, la conducta del médico o bajo su dirección debe ser impune, aunque no la inducción. Si no existe solicitud, tales conductas constituirán homicidio.

Un caso especial es el de la eutanasia practicada a quien padece graves sufrimientos -tanto dolores como malestar físico o psíquico insoportables- derivados de una lesión, enfermedad o minusvalía incurables y permanentes y respecto a las cuales, según los actuales conocimientos médicos, no existen posibilidades fundadas de curación.

La mayoría del grupo estima que, si media solicitud, la conducta médica deberá ser impune si el afectado está incapacitado para valerse por sí mismo. Una minoría defiende la impunidad también si el afectado puede valerse.

Paciente

La necesidad de que la eutanasia sea practicada por un médico lleva a este grupo de juristas a proponer, ante todo, una reforma de la Ley General de Sanidad, en la que consideran que no está suficientemente reconocido el "derecho del paciente a decidir libremente, una vez debidamente informado, el tratamiento médico que se le vaya a aplicar", incluida la consecuencia mortal del mismo.El documento diseña un cuidadoso modelo para la prestación del consentimiento por el paciente o sus representantes, y sólo excepcionalmente permite intervenir al médico sin tal conformidad, aunque ateniéndose "a la voluntad presunta del paciente habitualmente capaz".