El Gobierno acelerará la elección del Defensor del Pueblo

El Gobierno se muestra preocupado por el retraso que está experimentando la elección de cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, especialmente, de la figura del Defensor del Pueblo. Durante las dos reuniones que las delegaciones socialista y del PP han mantenido a lo largo de este mes, y en el encuentro entre Felipe González y José María Aznar de hace mes y medio, se acordó el perfil del futuro Defensor del Pueblo, pero no se cerró un acuerdo. Lo mismo sucedió con los cincó vocales del consejo.La preocupación gubernamental es creciente en la medida que la elección de la figura del Defensor puede terminar por atrasarse un año si se tiene en cuenta que se aproximan las Navidades y el mes de enero es inhábil a efectos parlamentarios. El Gobierno pretende acelerar este proceso y conseguir un acuerdo con el PP antes de las Navidades.

Sin embargo, los populares pretenden ampliar el marco de acuerdo a otros temas puestos sobre la mesa de negociación sobre impulso democrático, como el control de RTVE, los contratos del Estado, la ley electoral y el funcionamiento del CGPJ. "No estamos dispuestos a jugar el papel de meros comparsas para resolver los problemas que se le plantean a este Gobierno", manifestó hace unos días el vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, que insiste en la necesidad de que los acuerdos entre socialistas y populares sean de mayor alcance.

Además de la urgencia para cubrir las vacantes del CGPJ y del Defensor del Pueblo, los temas que están más avanzados en las conversaciones entre el PSOE y PP son las reformas de los reglamentos del Congreso y Senado. Los puntos más conflictivos de la reforma del reglamento del Congreso son la regulación de las comisiones de investigación, así como de las comparecencias del Presidente del Gobierno y del vicepresidente.

La regulación de las comparecencias del presidente y vicepresidente está casi consensuada. "No hay problemas de fondo en esta materia con el PP, y ya hay acuerdo sobre el número de comparecencias", señalan fuentes gubernamentales. Las comisiones de investigación plantean mayores problemas a los negociadores. El PP pretende seguir el modelo de Castilla y León sobre el procedimiento de veto, mientras el PSOE plantea el modelo clásico.