Fondos de bolsillo

LA DISPOSICIÓN por parte del aparato estatal de fondos reservados -no sometidos a control institucional- es una práctica que no por estar generalizada en todo el mundo deja de resultar inquietante. El caso Amedo convirtió casi en certidumbre la sospecha de que tales fondos pudieron ser destinados a financiar actividades no ya irregulares, sino delictivas. Su supuesta utilización para pagar sobresueldos a los encargados de administrarlos convertiría a los fondos reservados, además, en tapadera de la corrupción. La desconfianza no sólo estaría justificada, sino que obligaría a reconsiderar su existencia o, como mínimo, a reforzar drásticamente las garantías necesarias para considerarlos compatibles con el Estado de derecho.Cualquier utilización de dineros públicos para fines privados repugna la conciencia cívica, pero hacerlo al amparo de la confianza especial que supone la existencia de fondos reservados supone una vileza añadida. Por el ventajismo que implica aprovechar en beneficio propio esa especial confianza concedida a los encargados de administrarlos, y por lo que tiene de burla directa al Parlamento: si éste renuncia al control estricto de esos fondos es precisamente bajo la presunción de que serán destinados a los fines para los que son librados. No hacerlo así supone romper el pacto de confianza que justifica su existencia.

El que fue ministro del Interior entre 1988 y 1993, José Luis Corcuera, ha negado que esa práctica se realizara "periódicamente", si bien ha admitido que ocasionalmente dichos fondos han podido servir para gratificar a algún mando policial por su esfuerzo y dedicación a la lucha contra el terrorismo. De entrada, hay que rechazar que tales fondos puedan servir para compensar esfuerzos y riesgos personales en la lucha antiterrorista, para lo que ya existen las correspondientes partidas presupuestarias. ¿Cómo se va a justificar que el Gobierno pague a funcionarios públicos con fondos fiscalmente opacos?

Precisamente porque los fondos reservados lo son por decisión parlamentaria, las Cortes están legitimadas para investigar su posible mal uso, e incluso para modificar su excepcional régimen presupuestarlo. No existe, pues, obstáculo para que la Comision Roldán investigue los fondos reservados destinados a la Guardia Civil, e incluso podría ser habilitada para investigar los de Interior en su conjunto. El Partido Popular e Izquierda Unida cumplieron con su deber al sollcitar ayer una investigación parlamentaria, bien a través de la propia Comisión Roldán, como parece razonable, bien de otra constituida al efecto.

En contra de lo que a veces parece darse a entender, la normativa aplicable a los fondos reservados (entre otras, la resolución de la Dirección General de Presupuestos de 15 de marzo de 1985) no deja fuera de cualquier control el uso de tales fondos. Lo que establece, dado el carácter y naturaleza de las actividades a que son destinados, es que su régimen de justificación sea distinto del que rige para los gastos ordinarios del Estado, y atribuye al titular del departamento que dispone de estas cantidades (Interior, Defensa, Justicia y Exteriores) la responsabilidad de acreditar que se dedican a los fines para los que son libradas por el poder legistativo.

Corresponde a los ministros de Interior y al anterior secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, a cuyo departamento se destinó la mayoría de los casi mil millones de fondos reservados asignados a Interior, acreditar que no han sido utilizados en beneficio personal de nadie, aunque sea en nombre de la lucha antiterrorista. En el juicio sobre el caso Amedo, Vera manifestó que existía una contabilidad de los fondos reservados, que llevaba personalmente, y aseguró que "con los controles que existen sobre el funcionamiento de tales fondos, que son muy estrictos, es muy dificil desviarlos para cosas ajenas a la seguridad del Estado". Si es así, el Parlamento debe poder clarificar que tales fondos no son una especie de cheque en blanco en manos de aprovechados y desaprensivos.

Si ni siquiera hay garantías de que los encargados de gestionarlos no van a metérselos al bolsillo al amparo del secreto que los cubre, los ciudadanos, y en su nombre los diputados, tendrán que negar al Gobierno autorización para disponer de esos fondos.