El PSC pide la dimisión de su alcalde en L'Hospitalet por tráfico de influencias

El alcalde de L'Hospitalet (Barcelona), el socialista Juan Ignacio Pujana, está desde ayer al borde de la dimisión, después de que la fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña le acusara de tráfico de influencias y cohecho. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) recordó ayer que Pujana se comprometió a dimitir si el juez le abría juicio oral y le ha dado hasta el lunes para que renuncie. La fiscalía pide tres meses de arresto, tres años de suspensión de cargo y ocho de inhabilitación.

El caso Pujana se inició al descubrirse la concesión irregular de las obras para la construcción de un aparcamiento municipal. Pujana, que desde 1979 ocupa la alcaldía de la segunda ciudad de Cataluña -con 277.000 habitantes-, puede convertirse en el primer cargo público que estrene el banquillo de los acusados por el delito de tráfico de influencias, introducido en el ordenamiento jurídico en 1991.Junto a él estará el teniente de alcalde Roberto Ruiz Fernández, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación por prevaricacion (dictar una resolución injusta a sabiendas). Los otros cuatro inculpados - intermediarios y constructores del proyecto- están acusados de cohecho, estafa, falsedad y delito fiscal.

El Ayuntantamiento constituyó en 1989 la sociedad Aparcamientos y Servicios. Un año después se iniciaron las gestiones del intermediario Víctor Gasulla -inculpado y amigo de Pujana- para adjudicar la construcción del aparcamiento "a cambio del pago de comisiones", precisa el fiscal. Fueron dos amigos de Gasulla y de Pujana -los también acusados Mariano Bausá y Enriqueta Zaplana- quienes, tras constituir poco antes la sociedad Construcciones Blas Zaplana, obtuvieron la adjudicación.

El aparcamiento debía construirse en la plaza de Guernica y el presupuesto ofertado fue de 476 millones. El 4 de abril de 1991, Pujana y Ruiz Fernández -como responsables de la sociedad municipal de aparcamientos- concedieron las obras a Blas Zaplana.

La adjudicación se hizo, según el fiscal, con "notorio desprecio de las exigencias normativas", antes de que el consistorio aprobara definitivamente el proyecto y obviando el periodo de información pública. "El fin era beneficiar a la adjudicataria y conseguir ciertas comisiones, una de ellas de 14 millones cuyo último destino no ha podido ser determinado", afirma la acusación. Pujana, agrega, también intervino para que la constructora obtuviese un aval bancario.

Pero la adjudicación fue un fiasco. Blas Zaplana subcontrató a otras empresas, a las que no pagó, abandonó las obras y llegó a cobrar 170 millones de la empresa municipal. El fiscal acusa también a Pujana de cohecho por haber aceptado y utilizado durante cuatro años un coche de una empresa propiedad de Gasulla.