El Gobierno reserva fondos para que el PP suba los sueldos del Supremo en 200.000 pesetas al mes

Una de las últimas decisiones del Gobierno socialista antes de las elecciones del 3-M fue establecer una reserva presupuestaria para que el nuevo Ejecutivo pueda incrementar en 1996 los sueldos de los más de 80 magistrados del Supremo en unas 200.000 pesetas mensuales limpias. Este aumento retributivo se vincula al futuro Estatuto Jurídico de los Magistrados del Tribunal Supremo, que endurecerá la situación profesional de estos juristas. Una comisión de magistrados se ha puesto en contacto con el Parlamento y el Ejecutivo y ha elaborado un borrador de ley orgánica sobre el que espera el consenso.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo y todavía no publicado en el Boletín Oficial del Estado, provee de fondos suficientes al futuro Gobierno para que pueda disponer de ellos, si lo cree oportuno, a fin de aumentar las actuales retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo, que actualmente superan las 500.000 pesetas netas, para situarlas en tomo a las 730.000 pesetas mensuales limpias.El nuevo Ejecutivo, previsiblemente presidido por José María Aznar, fijará en su caso el incremento definitivo y el mes inicial de su percepción, que algunos magistrados esperan que sea con efectos del 1 de enero de este año. Fuentes de Economía y Hacienda niegan ese carácter retroactivo.

La cobertura legal de dicha reserva presupuestaria es el decreto-ley 12 / 1995, de 28 de diciembre, cuya disposición final tercera prevé que "por el Ministerio de Economía y Hacienda se habilitarán los créditos precisos para hacer efectivas las retribuciones que resulten del nuevo Estatuto jurídico de los Magistrados del Tribunal Supremo". Durante el debate parlamentario, -previo a la convalidación de este deceto-ley por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, celebrado el 30 de enero, ningún grupo parlamentario objetó dicha disposición.

Las gestiones posteriores de los magistrados del Supremo con los ministros de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, así como los contactos institucionales del presidente del Supremo, Pascua¡ Sala, han contribuido a la aprobación del acuerdo gubernamental, que establece la reserva presupuestaria para este año.

Sala, en línea con varios de sus discursos ante el Rey en las aperturas de los años judiciales, ha defendido que la nueva situación resultante del futuro estatuto "hay que compensarla económicamente". Los magistrados Ramón Trillo Torres y José Manuel Sierra Míguez, promotores del nuevo estatuto, dicen que el Gobierno, contra lo que suele ocurrir, "no ha sido cicatero".

Ambos magistrados pertenecen a la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Supremo. Uno de ellos, Trillo, de 55 años, pariente "muy lejano", dice, del diputado del PP que hoy será elegido presidente del Congreso, fue ponente de la sentencia que anuló el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado por parte del Gobierno socialista.

El otro, Sieira, de 48 años, procede de la abogacía del Estado y se incorporó al Tribunal Supremo "perdiendo dinero, por afición a la función jurisdiccional". Los dos se esfuerzan en distanciar el necesario nuevo estatuto y los aumentos retributivos de los casos judiciales en los que están implicados miembros del actual Gobierno en funciones.

Los redactores del borrador del futuro estatuto justifican el aumento de las retribuciones de los magistrados del Supremo por el régimen de dedicación e incompatibilidad que propugnan y consideran razonable que "se fijen anualmente por referencia a los del Tribunal Constitucional". Estos últimos perciben casi 800.000 pesetas netas mensuales.

El papel del Supremo

Trillo y Sieira relataron a este periódico las gestiones realizadas para poner en marcha el embrión del futuro Estatuto Jurídico de los Magistrados del Tribunal Supremo. Explicaron que todo empezó con el examen del papel institucional que corresponde a este alto tribunal que, a diferencia del Constitucional, no tiene autonomía presupuestaria, y que carece de "una cierta capacidad de interlocución con los poderes del Estado".Asimismo, consideraron necesario alejar al Tribunal Supremo de las apetencias políticas y económicas, mediante un duro régimen de incompatibilidades y la prohibición de los viajes de ida y vuelta al sector público o al privado.

En marzo de 1995, Trillo, Sieira y otros magistrados del Supremo promovieron una reunión, sobre la que pidieron discreción, que se produjo el 7 de junio. Asistieron más de 60 magistrados y se aprobaron unas conclusiones que sirvieron de base para de un borrador de anteproyecto de ley.

El siguiente paso fue un encuentro con el presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, el socialista Javier Sáenz Cosculluela, a través del cual conocieron el acuerdo de principio de los grupos parlamentarios. Otras gestiones realizadas más adelante con Solbes y Belloch impulsaron el acuerdo del Gobierno que prevé una reserva presupuestaria para el aumento retributivo.