Curas españoles apoyan las protestas de presos bolivianos

En huelga de hambre y encadenados junto a la catedral de Santa Cruz de la Sierra, dos sacerdotes españoles apoyan activamente desde hace cinco días las protestas registradas en las cárceles de Bolivia en exigencia de una imparcial administración de justicia y del cumplimiento, en condiciones dignas, de las sentencias.Los padres Antonio Barco y Ginés Mateo, capellanes de las prisiones de Palmasola y Chonchocoro, se sumaron a la huelga de más de 3.000 presos por considerar justas reclamaciones, que conocen bien. El caos procesal, la detención durante años sin mediar condena, la corrupción o arbitrariedades en la concesión de libertades o del régimen abierto, o el encarcelamiento de justos por pecadores no son asuntos privativos de Bolivia, sino también han provocado sublevaciones de presos en otros países de la región.

"Los jueces y magistrados son ciegos y sordos ante el drama que vive el ciudadano que resbaló en la casa del jabonero, donde nadie está libre de caer y resbalar", denuncian los sacerdotes españoles, que se acompañan en una huelga de hambre indefinida por el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Sandro Jaramillo, miembros de este organismo, y buena parte de los amotinados. En la cárcel de Palmasola, 27 se crucificaron con cuerdas, otros 17 se enterraron hasta el cuello, y no se aceptan visitas familiares. En la sección de mujeres del penal, también hubo acciones de presión. No es la primera vez: un plante había exigido la liberación de una presa subnormal, utilizada por narcotraficantes para el transporte de cocaína.

Bolivia, con escasos recursos presupuestarios, donde cumplen condena una veintena de españoles por narcotráfico, es más pacífica aunque sufre asimismo un deterioro de su sistema carcelario por males antiguos, y también de la incompetencia política y de las resistencias judiciales en la aplicación de las enmiendas incorporadas en 1994 a la Constitución. En tanto no actúen el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo, de nueva creación, no parece posible el encarrilamiento de una solución duradera.