Defensa consulta si es legal la cesión de las direcciones de dos millones de jóvenes

El Ministerio de Defensa pidió ayer a la Agencia de Protección de Datos (APD), el organismo encargado de proteger la intimidad de los ciudadanos frente a los abusos de la informática, un informe urgente sobre la legalidad del mailing (envío postal) previsto en la campaña de promoción de la tropa profesional. El ministro Eduardo Serra defendió la iniciativa, que supone la entrega a una empresa publicitaria de los nombres y direcciones de dos millones de españoles de entre 18 y 24 años, pero se mostró dispuesto a retirarla si se advierte "cualquier indicio de ilegalidad".

Según reveló ayer EL PAÍS, el Ministerio de Defensa publicó el pasado 20 de febrero en el BOE la convocatoria del concurso para adjudicar la campaña publicitaria de la tropa profesional, que se desarrollará desde mayo de este año hasta abril de 1999, con un presupuesto de 1.650 millones de pesetas.Entre las acciones -previstas figura el envío de dos millones de cartas a potenciales aspirantes a soldado profesional. El pliego de prescripciones técnicas anuncia que "el Ministerio' de Defensa facilitará al adjudicatario [los nombres y] las direcciones en soporte informático".

El documento administrativo se limita a señalar que estos datos tendrán "carácter confidencial", pero no prohibe copiarlos ni obliga a destruirlos, como dispone la Ley de Protección del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD), en vigor desde enero de 1993.

El ministro Eduardo Serra aseguró ayer por la mañana en el Senado que la campaña se ha convocado "con todas las garantías de transparencia y publicidad" y agregó que los informes jurídicos de que dispone avalan su legalidad.

Aunque insistió en que sólo se facilitaría a la empresa publicitaria "unos pocos datos" de los destinatarios, su nombre y dirección, se mostró dispuesto a suspender el envío postal si se comprueba que no es legal.

El Grupo Socialista del Congreso presentó ayer una pregunta urgente al Gobierno, con el propósito de que se incluya en el pleno de mañana por la tarde, para que explique cómo piensa garantizar el correcto uso de los datos de dos millones de jóvenes españoles.

Pregunta del PSOE

El secretario general del grupo, Jesús Caldera, expresó su "alarma" ante la noticia y dudó de que esté garantizada la intimidad de los ciudadanos, mientras que el secretario general de las Juventudes Socialistas, José Manuel Caballero, advirtió que el fichero de Defensa "es muy goloso para cualquier empresa de mercadotecnia".Por su parte, los diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, Mercé Rivadulla y Manuel Alcaraz, pidieron la comparecencia del, nuevo director de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan' Manuel Fernández, ante la Comisión Constitucional del Congreso, y también la de Eduardo Serra ante la Comisión de Defensa, para aclarar la cesión de unos datos "que son propiedad de los ayuntamientos y tienen un uso restringido".

El Instituto Andaluz de la Juventud envió ayer a los servicios jurídicos de la Junta la convocatoria del concurso, para comprobar "si se han producido irregularidades" que afecten al derecho a la intimidad de los jóvenes, según dijo su director, Federico Pérez Peralta.

Por la tarde, el Ministerio de Defensa difundió una nota en la que anunciaba que había realizado "una consulta con carácter urgente" a la APD.

"Si la entrega del soporte informático con las direcciones de los mozos a una empresa publicitaria, aunque sea con carácter confidencial y con la prohibición expresa de utilizar los datos, guardarlos o cederlos, suscitara la menor duda jurídica, el Ministerio de Defensa no entregaría dicho soporte informático a la empresa publicitaria y llevaría a cabo esta parte del programa por su propia cuenta o, en último extremo, la suspendería", agregaba la nota.

En todo caso, Defensa seguirá adelante con el resto de la campaña, que parece más necesaria tras el escaso éxito de la primera convocatoria de tropa profesional de este año. Ayer, último día de plazo para presentar instancias, y a falta de las remitidas por correo, se habían recibido alrededor de 14.000 solicitudes, lo que supone algo más de dos candidatos por cada una de las 6.701 plazas convocadas (a las que hay que añadir otras 502 de los institutos politécnicos del Ejército).

Esta cifra de aspirantes está por debajo de la obtenida en años anteriores -cuatro en 1997, seis en 1996 y 11 en 1995- y puede impedir que se cubran las más de 20.000 plazas que- está previsto convocar a lo largo de este año.