El derecho a la ciudad

Venimos asistiendo en los últimos tiempos a una disputa frontal entre el alcalde y el presidente de la Comunidad de Madrid por el control omnímodo del urbanismo de nuestra ciudad. De hecho, esta cuestión es la piedra angular de la que depende que la esperada Ley de Capitalidad alcance el consenso necesario para su aprobación.Un enfrentamiento tan fuerte sólo puede entenderse si hay planteamientos ideológicos distintos, algo que en el caso de Manzano y Ruiz-Gallardón no parece factible, puesto que ambos son personajes destacados de un mismo partido, o bien debemos interpretarlo como una simple lucha por el poder. Esta explicación, que no es demasiado arriesgada, lleva implícita la siguiente pregunta: ¿tánta importancia tiene ese oscuro objeto de deseo, que es el urbanismo?

Para responderla es conveniente recordar las razones que en la transición del siglo XIX al XX llevaron a la sociedad al convencimiento de la necesidad de planificar las ciudades y transformar el "urbanismo de trazado" en algo más complejo, que convencionalmente llamamos planeamiento. Los manuales señalan la precariedad de las condiciones de alojamiento en las ciudades, la insalubridad de las viviendas y los efectos derivados de la mezcla de usos generada por la revolución industrial como motivos principales de este cambio. Se trata, en definitiva, de recuperar el derecho a la ciudad para todos sus habitantes.

Estas razones desempeñaron sin duda un papel crucial, pero la causa fundamental del recurso al planeamiento no fue ni social ni moral, como pretendían los regeneracionistas, sino económica. Había que establecer unas normas que coordinaran intereses económicos enfrentados y que competían entre sí. La mezcla de todos estos argumentos concluyó en esa combinación explosiva que es el planeamiento, un proceso con muchas caras, escindido entre las necesidades sociales y las económicas, y en el que se dan cita intereses contradictorios de capital. En un lenguaje que hoy suena arcaico, los planes reflejan y acotan la lucha por el dominio social del espacio,y esto es lo que

confiere al urbanismo connotaciones políticas y hace que no sea en rigor una técnica. Esa génesis "interesada" del planeamiento hace que se oculten habitualmente los conflictos y motivaciones subyacentes en las decisiones urbanísticas y que se recurra a un discurso abstracto y a una jerga confusa, buscando oscurecer y dar un matiz seudocientífico al tema. El urbanismo es así una poderosa arma de reequilibrio social, pero también una poderosa máquina de hacer dinero para aquellos que encuentran en el mercado del suelo el territorio donde satisfacer su apetito económico de naturaleza acumulativa. Los ciudadanos deben saber que resolver el ámbito de Arroyo del Fresno con 3.400 viviendas (plan de 1997) en vez de plantear una banda de protección del monte de El Pardo (plan de 1985) significa para alguien aumentar su capital en 20.000 millones de pesetas. Cambiar el uso de Papelera Peninsular de industrial (plan de 1985) a residencial (plan de 1997) genera para Unipapel una plusvalía de 16.000 millones de pesetas. Como saben, para terminar con los ejemplos, los pingües beneficios que supuso la recalificación de los terrenos deportivos de Banesto en Hortaleza.

Rebajar o eliminar el grado de protección a cientos de edificios dignos de ser conservados por su calidad histórico-artística y ambiental es posibilitar su sustitución y genera una selectiva lluvia millonaria para sus propietarios. Incrementar brutalmente la densidad y recalificar suelos vacantes en Aravaca ha significado muchos millones de pesetas para determinados operadores "avisados". En cada pleno del Ayuntamiento se producen algunas de estas operaciones.

El nuevo Plan General contiene centenares de casos análogos a los mencionados. Sin contrapartidas para la ciudad. No es creíble que se hayan hecho "por el bien de Madrid". Se han hecho enmascarados en los grandes discursos abstractos con que se vende un plan.

En 1985, en la dialéctica establecida entre las reivindicaciones sociales del movimiento ciudadano y las aspiraciones del sector inmobiliario-financiero, el gobierno municipal de izquierdas optó inequívocamente por lo social. Desde esa total independencia respecto a los intereses económicos, pudo plantear un proyecto autónomo, cuyo primer objetivo era garantizar el derecho a la ciudad de todos los madrileños, haciéndola habitable y creando las condiciones para que el espacio urbano pudiera ser marco de una vida comunicativa en libertad. El plan tendría sus aciertos y sus errores. Pero era un proyecto sin servidumbres respecto a los intereses inmobiliarios y financieros, a los que subordinaba el bien común.

Era nuestro entendimiento del papel que debía desempeñar el urbanismo. Así se hicieron casas donde había chabolas, calles donde había barro, equipamientos y parques donde no los había y operaciones del calibre del Campo de las Naciones, parque Juan Carlos I, Estación Sur de Autobuses, el Planetario, la remodelación de Atocha, etcétera, para recuperar la ciudad.

El nuevo Plan General del PP, del que más arriba he comentado algunos pequeños ejemplos, es la demostración de con cuál de las dos raíces del urbanismo se queda el PP. Este plan no es más que un bandazo pendular al otro extremo de lo que significaba el de 1985: el urbanismo como máquina de hacer dinero para destinatarios concretos y para satisfacer los intereses de un sector que es uno de sus principales valedores.

Eso es el urbanismo para el Partido Popular, y ése, el urbanismo por cuyo control se pelean los señores Álvarez del Manzano y Ruiz-Gallardón. No disputan por hacer una cosa frente a otra diferente. Su proyecto no es autónomo y siempre harán lo que les dicten los intereses que les apoyan y a los que sirven. No se trata, ni siquiera, de la lucha por el poder, puesto que el poder lo tienen otros. Simplemente, se trata de ser el que "venda el favor".

Yo apuesto que, más temprano o más tarde, predominará de nuevo la otra visión del papel del urbanismo. La que opta por el derecho de todos a la ciudad y el predominio del bien común sobre los otros intereses. Ésa que pretende desarrollar un marco de desarrollo sostenible en las urbes, que establezca condiciones de habitabilidad dignas que puedan mantenerse a largo plazo de modo que conformen un buen legado para las generaciones venideras.

Se trata de alcanzar la generalización del derecho a la ciudad, lo que supone garantizar mejoras sucesivas de la calidad de vida, incluyendo facilitar el acceso a la vivienda, el empleo, los servicios y el uso de los espacios públicos. Todo esto supone hacer ciudad, más allá de la mera urbanización.

Estoy convencido de que estos retos sólo pueden cumplirse si se concede más capacidad de liderazgo y decisión a los poderes locales en la definición y desarrollo de la ciudad, así como una mayor participación del conjunto de la sociedad civil en este proceso. Porque los pueblos construyen sus ciudades según su capacidad para desearlas.