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Bruselas refuerza la vigilancia sobre la evolución de los precios de los carburantes

Fernando Gualdoni

La Comisión Europea ha decidido observar más de cerca la evolución de los costes de abastecimiento de petróleo y los precios al consumo de los productos petrolíferos. Para ello, Bruselas crea un boletín petrolífero que proporcione una imagen representativa del mercado de los Quince. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión del precio de los productos derivados del crudo cada lunes, así como de los precios al consumo de esos productos y del coste del crudo cada mes. La nueva directiva de la UE, en vigor desde el 14 de agosto pasado, deroga una normativa similar de hace 22 años.

En medio de una fuerte polémica sobre el aumento constante de los precios de los carburantes en España, la Comisión Europea decide reforzar el procedimiento comunitario de información y consulta sobre los costes de abastecimiento de petróleo bruto y los precios al consumo de los productos petrolíferos.La decisión de Bruselas, tomada el pasado 26 de julio y en vigor desde el 14 de agosto, obliga a los Estados miembros de la UE a informar a la Comisión del coste mensual del suministro de crudo, de los precios al consumo de los productos derivados del petróleo (incluidos impuestos y tasas, y libres de impuestos y tasas) en vigor el día 15 de cada mes, y de los precios de los derivados del petróleo (libres de impuestos y tasas) en vigor cada lunes. Todos estos datos serán publicados por la Comisión en un boletín petrolífero.

Además, los Quince y la Comisión se consultarán a través de un grupo que "intercambiará puntos de vista con respecto a las informaciones recogidas". Lo que Bruselas pretende con estos datos es obtener una imagen representativa del mercado petrolífero de cada Estado miembro. Esta información es clave para que el Gobierno, las petroleras y los consumidores de cada país puedan seguir de cerca la evolución de los precios de los carburantes.

La Unión Europea ya contaba con un procedimiento para seguir la evolución de los precios del petróleo y sus derivados, pero éste era obsoleto, puesto que se había creado en 1977, bajo la Comisión Económica Europea. Más de 20 años ha esperado Bruselas para actualizar el procedimiento y lo hace ahora, coincidiendo con una etapa de fuertes alzas del precio del barril de crudo y de los carburantes, que podrían socavar los esfuerzos comunitarios para mantener controlada la inflación.

La preocupación por la subida de los precios de los combustibles llevó a la Federación de transportistas de España a convocar, el pasado viernes, una cumbre de consumidores de derivados del petróleo, que se celebrará en Madrid el 15 de septiembre próximo. Ayer, las organizaciones de consumidores declararon que acudirán a esa reunión puesto que consideran muy positiva la iniciativa de los transportistas para constituir una alianza contra lo que consideran "prácticas oligopolísticas de las petroleras" con los precios.

Las organizaciones de consumidores declararon que apoyarán cualquier medida que favorezca la libre competencia, ya que consideran que los 15 expedientes abiertos por el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, para comprobar los presuntos pactos de precios entre las petroleras, muy probablemente acabarán en letra muerta.

Los representantes de los consumidores saben que en España resulta difícil demostrar las diferencias entre una práctica colusoria de los precios y el mimetismo inmediato de la competencia con los precios que marca el líder del mercado, Repsol. Esta petrolera, junto a Cepsa y BP, controlan el 78% del mercado, aunque el porcentaje es superior ya que tienen el mayor volumen de venta, insisten en que hay competencia en el sector, pero las organizaciones de consumidores replican que si un consumidor debe recorrer kilómetros para pagar las gasolinas dos pesetas más baratas, eso no es competencia.

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Sobre la firma

Fernando Gualdoni
Redactor jefe de Suplementos Especiales, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS como redactor de Economía, jefe de sección de Internacional y redactor jefe de Negocios. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, analista de Inteligencia por la UC3M/URJ y cursó el Máster de EL PAÍS y el programa de desarrollo directivo de IESE.

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