El Colegio de Arquitectos rechaza el plan urbanístico de Oriol para la plaza de Oriente

La Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid no ve con buenos ojos el derribo del edificio situado entre las plazas de Ramales y de Oriente, en cuyo solar, de propiedad municipal, será edificada la Escuela de Música de la Fundación Albéniz. El proyecto de la futura escuela, encomendado a Miguel Oriol, fue criticado de forma elíptica por la directiva colegial que, en nota sin firma enviada ayer a los medios informativos, valoraba el viejo edificio por "su solidez, ausencia de patologías notorias, neutralidad, discreción y corrección respecto al entorno".

La Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid emitió a última hora de la mañana de ayer una nota crítica al respecto, cuyo contenido se desplegaba en siete puntos. La directiva del organismo colegial madrileño formula un dictamen relativo al edificio del antiguo Grupo Escolar República Argentina, situado en la calle de Requena número 1, con vuelta a la de Noblejas y a la plaza de Ramales que presenta, además, fachada a la Plaza de Oriente. El edificio, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, será derribado si prospera el acuerdo plenario que prevé su descatalogación para quitarle la protección arquitectónica de la que goza hasta ahora. El Ayuntamiento de Madrid, mediante convenio, cedió el inmueble a la Fundación Isaac Albéniz para construir sobre su solar -una vez derribado el anterior edificio-, una Escuela de Música. Ambas entidades han encomendado al arquitecto Miguel Oriol (ver EL PAÍS, miércoles 9 de febrero) el nuevo proyecto arquitectónico.

La nota de la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos madrileño explica en su primer apartado que el edificio del Grupo Escolar República Argentina, se encuentra "en fase de descatalogación, merced a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid". Detalla luego el texto que esa construcción data de los primeros años de la década de 1930, "para dotar a la ciudad de grupos escolares, englobándose en la corriente racionalista" y puntualiza: "Se inserta en la política que el (entonces) Ministerio de Instrucción Pública llevó a cabo bajo los arquitectos Antonio Flórez Urdampilleta y Bernardo Giner de los Ríos".

En su segundo punto, la nota de la directiva subraya que "el proceso de descatalogación no ha finalizado"-referencia que permite interpretar futuras acciones colegiales al respecto- y subraya que es preceptiva "la necesaria fase de información pública durante un mes para abrir cauce a las oportunas alegaciones, así como las inserciones en la Prensa para conocimiento general y la aprobación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid". Más adelante, la nota colegial informa de que el edificio "fue cedido a la Fundación Isaac Albéniz mediante Convenio de fecha 29 de julio de 1999, por un período de 50 años, para que sea sede de una futura Escuela de Música". Agrega que el grupo escolar "gozaba de protección, en su categoría inferior, en el Catálogo municipal de edificios protegidos" del cual dice: "Si bien puede ser objeto de modificaciones, no es deseable su permanente y diaria revisión, por cuanto supone inseguridad y desconcierto en el panorama urbanístico ciudadano".

Y pasa a calificar la antigua construcción en los siguientes términos: "Se inserta en el tejido consolidado del casco histórico, en una zona muy sensible, y con una silueta y paisaje urbano muy integrados en la imagen y la memoria de la ciudad, que no puede ser objeto de permanente y gratuita mutación".

El penúltimo punto resalta además que "si el programa de necesidades no encuentra fácil acomodo en el actual edificio, la normativa al respecto contempla un amplio abanico de posibilidades, sin acarrear el derribo del mismo".

Por último, la nota de la directiva colegial madrileña, dice. "Si fuera precisa su sustitución, nunca el edificio que reemplaza ha de poseer inferiores condiciones de idoneidad y de adaptación dentro de la trama urbanística que el primitivo, como parece deducirse de la información que hasta el momento se tiene del mismo".

Una dirigente del Colegio de Arquitectos, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo a este diario que no descartaba que el propio Colegio adoptara una posición activa para impedir el derribo del edificio: "El Colegio hará todo lo que tenga que hacer al respecto", dijo. La misma fuente advirtió: "El Ayuntamiento debe ser cuidadoso con los bienes públicos, como es el caso" y remarcó luego que "una cosa es ceder algo durante 50 años, y otra bien distinta ceder algo para que sea derribado". Y concluyó: "El proceso de descatalogación no ha terminado".