Jueces y fiscales anuncian el fracaso de la Ley del Menor por falta de medios

Representantes de las asociaciones de jueces y fiscales advirtieron ayer de que si el Gobierno no entrega los recursos necesarios, la aplicación de las nuevas leyes de Responsabilidad Penal del Menor y de Enjuiciamiento Civil estará condenada al fracaso. A su vez, calificaron el reciente plan de choque del Ministerio de Justicia para la reforma de la judicatura como "un parche" que no resolverá la lentitud en la tramitación de los procesos

"Antes del 13 de enero de 2001, el Gobierno deberá cubrir las vacantes de fiscales que instruirán las causas de los menores y tener prevista la construcción de los nuevos centros terapeúticos para los jóvenes con problemas de drogodependencia y mentales", dijo ayer José Miguel de la Rosa Cortina, representante de la Asociación de Fiscales, en una mesa redonda del curso de Periodismo Jurídico organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, EL PAÍS y los Colegios Notariales.De la Rosa lamentó que el Gobierno haya decidido cubrir sólo 80 de las 148 plazas que se necesitan para la aplicación de la nueva Ley del Menor. Antonio Camacho Vizcaíno, de la Unión Progresista de Fiscales, remachó, por su parte, que el Gobierno "ni siquiera ha previsto en qué edificios se instalarán los nuevos fiscales, psicólogos y demás funcionarios".

Un problema similar enfrenta la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que fortalece el principio de inmediatez y las vistas orales. Según el magistrado Francisco González Armengol, su puesta en práctica "estrechará aun más el cuello de botella" de los juzgados de primera instancia, que deberán tramitar un mayor número de casos.

Los ponentes insistieron en que el gran problema del sistema judicial es la lentitud los procedimientos debido a la ausencia de recursos y a la falta de una decisión política para aumentarlos. Presentaron cifras: España destina a la justicia menos del 1% de los Presupuestos Generales, cuando la media europea es del 4%.

Las asociaciones de magistrados y de fiscales criticaron el plan de choque diseñado por el Ministerio de Justicia, e insistieron en que aún está pendiente un Pacto para la Justicia. Santiago Martínez Vares, magistrado de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, señaló que el plan previsto por el Gobierno es sólo un conjunto de reformas que no resuelve los problemas de fondo.

El portavoz saliente de la Asociación de Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas, fue más allá y calificó el plan del ministro, Ángel Acebes, como "una broma". Recalcó que mientras el Poder Judicial ha pedido al Gobierno que cree 1000 nuevas plazas de jueces, el Ejecutivo sólo planea aumentarlas en 500. El Gobierno ha intentado resolver el problema de las vacantes judiciales prolongando la edad de jubilación de los magistrados de los 72 a los 75 años. "Esto no es una solución", dijo Bodas: "Anquilosará aun más la justicia".

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José Martí Mingarro, rechazó la propuesta socialista de que el Gobierno modifique la Ley para juzgar en España a mafiosos condenados en ausencia en Italia y que residen en nuestro país, a los que el Tribunal Constitucional se niega a extraditar a no ser que se permita impugnar el proceso en Italia. "Sería comparable a que Dinamarca juzgara a etarras perseguidos en España", dijo Mingarro: "Italia debe reformar la Ley para facilitar la extradición".