Los fabricantes de coches presionan para que el Gobierno no ceda el impuesto de matriculación a las autonomías

La recaudación del impuesto de matriculación será cedida a las comunidades autónomas. Esta decisión, que el Gobierno central quiere incorporar a la Ley de Presupuestos del Estado de 2002 para que entre en vigor en enero de 2003, tira por tierra los planes de los fabricantes, que han hecho de la eliminación de esta tasa la bandera central de sus reivindicaciones de los últimos años.

'Vamos a dar la batalla para que esta decisión no se tome y sobre todo para que no se consolide el disparate de trasladar a las autonomías la capacidad legislativa en esta tasa porque rompería la unidad de mercado', dijo ayer Jaime Carvajal, presidente de la patronal Anfac.

Recordó Carvajal que el PP, antes en la oposición y ahora en el Gobierno, prometió eliminar este impuesto, que discrimina al sector frente a otros países. Este impuesto, que supone el 12% del precio de venta del vehículo, registró el pasado año unos ingresos de 169.580 millones de pesetas en el conjunto del territorio nacional.

El sector de automoción aportó en 2000 un total de 2,8 billones de pesetas erario público, el 15% del total de los impuestos. El nivel medio impositivo en el sector en España es del 24%, mientras que esa cifra en la UE se halla en el 18,5%, objetivo al quiere llegar Anfac.

Jaime Carvajal pronosticó que en el presente año se pueden repetir las cifras de matriculación en el mercado interior del pasado año (se matricularon 1.381.369 vehículos de turismo) y consideró que las cifras de producción, 3,03 millones de unidades, serán alcanzables si no varían las variables macroeconómicas. La exportación (2,5 millones de unidades) está pendiente de la reacción del mercado alemán, que el pasado año retrocedió el 11%.

Europa no presenta ningún síntoma de que se vayan a recortar empleos, como está ocurriendo en las plantas estadounidenses, a juicio de Anfac. Los fabricantes dan empleo a 80.000 personas, cifra que tampoco tiene tendencia al alza. Este año se negocirán convenios para unos 45.000 trabajadores del sector y en principio no hay síntomas de conflictividad laboral.