Los niños de la calle sufren 'maltrato institucional', según diversas organizaciones

Varias organizaciones denunciaron ayer la descoordinación de las administraciones encargadas de la protección de los llamados niños de la calle, lo cual lleva a su 'maltrato institucionalizado'. Save the Children, Human Rights Watch y la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Menores Inmigrados Desamparados (PCDMID) , entre otros, participaron ayer en un encuentro para velar por la aplicación de la Ley del Protección del Menor. 'En muchos casos, estos niños acaban siendo repatriados en condiciones inhumanas', señaló un portavoz de la plataforma.

Las organizaciones realizaron esta denuncia ayer, en la jornada de apertura del Encuentro Ciudadano Estatal en defensa de los Derechos de los Niños y Jóvenes no Acompañados. 'Hay dejadez en la aplicación de la ley, por lo que muchos jóvenes, que como menores tienen el derecho a ser acogidos y educados, se pasan hasta 25 meses esperando la tramitación de su caso, y transcurre tanto tiempo que llegan a la edad adulta, en la que pasan a ser considerados inmigrantes ilegales', afirmó ayer David de Miguel, de la organización Save the Children. A juicio de De Miguel, que recordó que 'los derechos de los niños deben aplicarse en cualquier parte del mundo', es imprescindible una mayor colaboración entre las instituciones para mejorar la situación de los niños. La tutela de menores la ejercen las comunidades autónomas, y la Ley de Extranjería la aplica el Ministerio del Interior, 'por lo que el problema empieza cuando cada uno va por su lado', aseguró De Miguel, quien aseguró que 'la descoordinación perjudica a los menores y, a larga, a toda la sociedad'.

El objetivo del encuentro estatal, que finaliza hoy, es analizar las experiencias de las organizaciones participantes y garantizar la aplicación de la Ley de Protección del Menor en las comunidades autónomas, además de establecer puntos de acuerdo sobre las reivindicaciones futuras. En el coloquio también participó Roser Veciana, la concejal para los Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, quien explicó que en ocasiones a los niños inmigrantes 'no se les da el trato adecuado porque no hay medios'. Veciana, que hizo un llamamiento a la coordinación de las instituciones que velan por los derechos de los más pequeños, reconoció que éstos son 'muchas veces usados como arma arrojadiza' entre las administraciones. La concejal opinó que gran parte del problema radica en que las instituciones locales, las autonómicas y la central 'no se quieren poner de acuerdo porque no son del mismo color político'.

Golpeados y pateados

Por su parte, Joan Tugores, rector de la Universidad de Barcelona (UB), donde ayer se celebró el encuentro, señaló que 'la condición moral de una sociedad se puede medir por cómo trata al sector más débil de la población', en este caso los menores inmigrantes, a los que 'somos incapaces de ofrecer una vida decente y una educación, a pesar de decir que pertenecemos al primer mundo', añadió.

En la jornada se hizo público un informe de Human Rights Watch en el que se denuncian 'los abusos cometidos por las autoridades españolas y marroquíes contra niños inmigrantes'. El estudio, realizado por la ONG en octubre y noviembre de 2001 en distintos lugares de España y Marruecos, analiza el trato policial hacia los menores y denuncia ciertas prácticas disciplinarias abusivas utilizadas en Ceuta y Melilla, donde hay menores que 'son golpeados, aporreados y pateados durante las expulsiones forzadas'. También denuncia 'el hacinamiento grave de los centros de acogida para menores no acompañados'.

En España hay alrededor de 2.000 menores no acompañados -que emigran sin tutor legal ni familiares que se hagan cargo de ellos- que residen principalmente en Madrid, Valencia, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla y en Cataluña, donde se estima que hay 250 niños de la calle. La mayoría de menores proviene del Magreb.