La ética es la clave

"No has escrito sobre el informe de Aldama", me dice el lector. Es verdad, y es un asunto de relevancia y de actualidad. De modo que... ahí va un comentario rápido sobre el informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y la Seguridad en los Mercados Financieros y en las Sociedades Cotizadas, que ese es su nombre oficial.

Me parece que el informe en cuestión señala un punto muy importante, al que no se hacía mención en el informe del comité de Olivencia: más allá de lo que puedan decir la ley o los reglamentos de las empresas, la clave de los comportamientos en el gobierno de las organizaciones radica en las conductas de los consejeros y directivos. Si esas conductas son éticamente correctas, las leyes y normas son menos necesarias; si no son moralmente aceptables, por mucho que se legisle sobre el asunto, el gobierno de las organizaciones dejará mucho que desear. Los consejeros y directivos de las empresas salpicadas por los escándalos de los años recientes no se puede decir que no sabían qué debían hacer: más bien no quisieron hacerlo por razones que tienen mucho que ver con la ética.

En efecto, como dice el informe de Aldama, "la experiencia demuestra que ni las leyes más exigentes ni los códigos mejor elaborados resultan suficientes para garantizar el buen gobierno de las empresas. Éste exige, además, competencia profesional y un buen comportamiento ético por parte de los administradores y gestores, que impulse siempre a buscar el bien de la empresa a largo plazo, por encima de sus propios intereses a corto plazo".

El informe confía mucho en la autorregulación de las empresas, como corresponde al grado de libertad que exige una economía de mercado. Pero -entiendo yo- eso es válido sólo bajo el supuesto de que consejeros y directivos están dispuestos a comportarse de manera éticamente correcta. En tal caso, la propuesta del comité consiste en dejar que cada empresa elija qué quiere decir para ella el buen gobierno, dentro de ese marco ético de actuación; que lo ponga por escrito, en forma de códigos o reglamentos; que lo anuncie, y que se esfuerce por cumplirlo. Y luego, de acuerdo con el principio de transparencia, que vaya comunicando regularmente a sus accionistas, a los mercados financieros y a la sociedad en general, si lo cumple o no, y cómo lo hace.

Me parece una buena estrategia. En materia de gobierno, hay unas pocas verdades incontrovertidas, y muchas opiniones más o menos bien fundadas. Se pueden decir muchas cosas interesantes, a la hora de aconsejar a las empresas, pero hay que dejarles un amplio margen para que ellas elijan sus propias reglas. Por ejemplo, hay motivos para que el presidente del consejo de administración sea una figura distinta de la del primer ejecutivo de la empresa, pero hay también motivos para que ambos cargos coincidan en la misma persona, y habrá que tener en cuenta la historia, la composición del consejo, las personalidades implicadas y la experiencia de la empresa antes de pronunciarse por una solución u otra. De modo que parece oportuno dejar que sea ella la que decida. Pero, en todo caso, deberá dar cuenta de esa decisión, y de las razones que le impulsan a tomarla.

Lo que el informe de Aldama no dice es cómo conseguir que administradores y directivos se comporten éticamente. No es eso lo que se les pedía. En todo caso, el informe apunta por dónde deben buscarse las soluciones cuando dice que "las relaciones profesionales en toda empresa deben basarse en el respeto a las leyes, la dignidad de cada persona y los valores éticos tradicionales indispensables para la convivencia humana, muy particularmente, el valor de la justicia".

Entiendo que las relaciones entre la ética y el buen gobierno van en ambas direcciones. Por una parte, la ética es el fundamento del buen gobierno. Por otra, el cumplimiento de las normas puede ser una ayuda para la creación del talante ético que toda empresa necesita.

En efecto, los consejeros y directivos que se esfuercen por cumplir las indicaciones del informe de Aldama no podrán dejar de preguntarse acerca del porqué de lo que hacen. Por ejemplo, la comisión de auditoría que se esfuerce por explicar las observaciones de los auditores externos con palabras claras, no en confusas notas al pie de página, de modo que los accionistas puedan conocer con precisión la verdadera situación de la empresa, ¿por qué lo hace? ¿Por cumplir una norma? ¿Por evitar una sanción? ¿Para recibir la felicitación de los accionistas en la junta general?

¿O quizá porque piensan que, si ellos fuesen pequeños accionistas, les gustaría que se les diese esa información de manera clara y abierta? Pues ya están actuando de acuerdo con un principio ético: trata a los demás como quisieras que te tratasen a ti. No es el colmo de la moralidad, pero el que empezó actuando para evitar un castigo puede acabar haciéndolo porque eso es bueno. Y habremos conseguido que los directivos y administradores se comporten con aquel fondo moral que hemos señalado como condición necesaria para que el buen gobierno sea una realidad.

Antonio Argandoña es profesor de economía en el IESE.