El poder clerical de Irán veta la reforma de la ley electoral impulsada por el presidente Jatamí y su partido

La situación política iraní se hace por momentos irrespirable. En una sesión de urgencia que finalizó de madrugada, el Consejo de Guardianes, una institución no electa cuya misión es velar por el cumplimiento de los preceptos que deben guiar a la República Islámica, vetó anoche las reformas a la ley electoral que horas antes había aprobado el Parlamento, en otra sesión de urgencia. La Cámara, de mayoría reformista, pretendía con las enmiendas aprobadas, burlar las descalificaciones hechas por el Consejo de Guardianes de 3.605 candidatos, en gran parte reformistas, de los 8.157 que pretendían presentarse a las elecciones legislativas del 20 de febrero.

El enfrentamiento entre los reformistas y el ala dura del régimen de los ayatolás se ha agravado considerablemente de cara a los próximos comicios, por las burdas barreras con que el Consejo de Guardianes pretende impedir que los 290 escaños del Parlamento vuelvan a estar dominados por la Asociación de Clérigos Combatientes, el partido que lidera el presidente Mohamed Jatamí, y otros liberales afines a éste.

Una de la dos enmiendas aprobadas y vetadas proponía que todos los candidatos que fueron miembros del Parlamento en algún momento de sus vidas podrían optar a un escaño, salvo si cometieron un crimen o delito -82 del actual Parlamento están descalificados-. La otra decía que en la validación de las candidaturas no deben tenerse en cuenta criterios que no atañan a "usos en la práctica del derecho".

Como viene siendo habitual aunque nunca lo cumplen, los reformistas, desde el presidente Jatamí, a sus ministros, gobernadores y diputados, amenazaron con dimitir si el Consejo de Guardianes no anulaba las descalificaciones. Ayer también anunciaron que si vetaban las enmiendas, ellos, los reformistas, boicotearían las elecciones.

El Líder Supremo, Alí Jamenei, sin cuyo consentimiento el Consejo de Guardianes no habría tomado tales decisiones, pidió días atrás a esta institución más flexibilidad a la hora de revisar las candidaturas, pero, de momento, el bloqueo político es absoluto.

Una de las enmiendas propone que todos los candidatos que ya fueron miembros del Parlamento en algún momento de sus vidas puedan optar a un escaño, salvo si cometieron un crimen o delito. La otra dice que los criterios que no atañan a "usos en la práctica del derecho" no deben ser tomados en cuenta para la validación de las candidaturas.

El pasado 11 de enero, la Comisión Electoral, bajo órdenes del Consejo de Guardianes, provocó una grave crisis al invalidar 3.605 de las 8.157 candidaturas a los comicios. El derecho a presentarse a las legislativas quedó denegado sobre todo a los reformistas, entre ellos 80 diputados salientes y varias personalidades de primer orden. Los reformistas amenazaron con una dimisión en masa: desde ministros hasta diputados, gobernadores o el mismo presidente Jatamí. Ante la magnitud de la crisis, el Líder Supremo, ayatolá Alí Jamenei, dio orden al Consejo de Guardianes de reconsiderar con menos severidad las candidaturas.