Mucho plan para tan pocos medios

El miedo es libre y no sabe de estadísticas. Aunque los últimos datos indican que los delitos dejaron de crecer en 2003, los andaluces siguen preocupados por su seguridad. En una encuesta de la Junta, los malos tratos, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada aparecen como los crímenes que producen más inquietud. El director del Instituto Andaluz de Criminología, Jesús Barquín; el secretario de organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía, Gonzalo Peláez; y el delegado en Granada de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Antonio Valderas, discuten sobre la delincuencia y el plan del Gobierno para barrerla de las calles.

Pregunta. Un 72% de los andaluces cree que la seguridad es mala o regular. ¿Tan mal estamos?

A. VALDERAS "Nos dan 'sprays' para reducir detenidos, pero no nos explican que eso puede matar"

JESÚS BARQUÍN "Es sospechoso que la seguridad privada crezca cuando bajan las plantillas policiales"

GONZALO PELÁEZ "Están acelerando la entrada de policías pero a costa de su formación"

JESÚS BARQUÍN "En política criminal se opera a impulsos y sin un estudio riguroso del problema"

Antonio Valderas (A.V.). Es cierto que la inseguridad es palpable. Se ha incrementado en todos los sitios, pero más en el campo que en las ciudades. Los agentes tenemos escasos medios para luchar contra el principal reto, que es la delincuencia organizada.

Gonzalo Peláez (G.P.). Parece que en 2003 se han estancado, pero en los dos años anteriores crecieron mucho los delitos contra el patrimonio y la libertad sexual así como el crimen organizado. El problema es que no somos suficientes.

Jesús Barquín (J.B.). Hay una mayor percepción de inseguridad por el crecimiento económico de los últimos años, pero no creo que el riesgo de sufrir delitos haya aumentado. El incremento de la delincuencia es objetivo aunque es escandalosa la falta de datos oficiales. En 2001 y 2002 hubo un incremento significativo. Otro dato real es la población penitenciaria. En 1999 había 45.000 reclusos en las cárceles que ahora son 57.000. Pero la situación no es crítica.

A.V. Es cierto que la percepción de inseguridad y la criminalidad son cosas distintas, pero el aumento de los delitos hace que la gente los perciba más.

J.B. El aumento de los delitos se debe a la mejora de la economía y al incremento de la población. Los hijos del baby boom de los 70 ya están produciendo y la inmigración ha crecido. Si aumenta la población y los intercambios económicos lo normal es que la delincuencia también lo haga.

G.P. Sí, pero el Gobierno lo ha negado durante mucho tiempo hasta que ha tenido que reconocer que la inseguridad es un problema.

J.B. Hay que tener en cuenta que el Código Penal de 1995 y sus reformas han creado nuevos delitos que antes no existían. El año pasado hubo un incremento del 33% de casos relacionados con la violencia doméstica. ¿Es que ahora se maltrata más que antes? Seguro que no, pero esos delitos se persiguen mucho más.

G.P. También se ha culpabilizado a los extranjeros. Yo trabajo en extranjería y os puedo asegurar que aquí en Granada sólo un 10% de los presos son inmigrantes. Lo que hace falta es más voluntad política para hacer bajar los delitos.

A.V. Sí, pero en vez de voluntad lo que hay es dejadez.

J.B. Se comenten chapuzas continuamente. Se opera a impulsos que son poco serios. Ahora va a desaparecer el arresto de fin de semana que fue un desastre. Si uno crea nuevos castigos, tiene que poner los medios para que se cumplan. En octubre entrará en funcionamiento la pena de localización permanente. Pero ¿quién va a controlar eso? Supongo que será la Policía y la Guardia Civil, que, para hacer eso, tendrá que quitarse de otras ocupaciones. Hace falta estudiar la situación. Debería existir personal que analizara las estadísticas e hiciera seguimiento de las medidas que se adopten.

G.P. Pero ese organismo tendría que ser independiente, porque el Gobierno no va a tirar piedras contra su propio tejado.

J.B. Las estadísticas de todos los países muestran un bajón de los delitos en periodo electoral. Pero hay que tener en cuenta que según qué gobierno, le conviene o no que suba la criminalidad. No es lo mismo ver el tema desde el compromiso social que desde el punto de vista de más policía, más tiempo en la cárcel, etcétera.

A.V. El problema es que las reformas se han hecho sin tener en cuenta al personal. Los técnicos proponen medidas desde sus despachos sin conocer de primera mano la situación. Otro problema que afecta sobre todo a los guardias civiles es la falta de formación. Por ejemplo, ahora nos han dado los sprays para reducir detenidos, pero sin ninguna formación. Y con un spray tú puedes matar a personas con problemas respiratorios o cardiovasculares.

P. Hace casi dos años del Plan contra la delincuencia, ¿ funciona?

A.V. Dijeron que iban a barrer las calles de delincuentes. Se han hecho cosas, pero no nos han dotado de los medios necesarios y los de los delincuentes son más sofisticados que los nuestros. Pedir una orden de registro o una escucha es inimaginable. Falta preparación, faltan medios y luego está nuestra propia estructura: hay un montón de gente que no se dedica a la seguridad. Guardias civiles que trabajan en los despachos, fontaneros, carpinteros... Los juicios rápidos son una chapuza que nos ha dado muchísimo trabajo. Ahora somos nosotros los que citamos, cuando podría hacerlo un administrativo. Además, mientras preparas el juicio no hay nadie en la calle.

G.P. El plan no ha contado con los trabajadores. Desde que se puso en marcha entran más policías pero con menos formación. Tenemos agentes en prácticas y alumnos que a los seis meses de academia ya están en las comisarías (antes era un año). La academia de Ávila no es suficiente. Para los juicios rápidos tampoco se ha hablado con nosotros. Si detienes a alguien a las 4.00 te encuentras con el juicio al día siguiente. Y sin cobrar ni un duro por ello.

J.B. En realidad el plan del Gobierno es puro marketing. Un conjunto de medidas heterogéneas. El endurecimiento de penas no es nada nuevo. El nuevo Código Penal ya lo hizo en 1995. La prueba es que los que cometieron delitos antes de su aparición se acogieron al viejo porque les era más favorable. Las reformas penales del año pasado van en la misma dirección. Y han funcionado; si no, que se lo digan a los 57.000 presos que hay en las cárceles. Lo del aumento de plantillas es sólo un proyecto porque, por el momento, no hay más agentes. Y los juicios rápidos no tienen repercusión directa en la delincuencia sino en la administración de justicia.

P. ¿Sería bueno unir Policía y Guardia Civil?

A.V. España es el país con más policías por habitante de Europa, pero hay que coordinarlos. Por ejemplo, no tenemos una base de datos única ni hay voluntad de crearla, lo que fomenta la competencia entre los cuerpos. Se han dado casos como el de Tony Alexander King que son flagrantes. La Policía tenía unos datos, la Guardia Civil otros, y mientras el tío mata a dos niñas. La unificación es la solución a esta descoordinación. Tampoco hay razones para que sigamos siendo militares, algo que sólo sirve para tener un 15% de parásitos que no hacen nada. Un comisario de Policía no está en la calle, pero hace al día cuatro atestados y es útil a la sociedad. En la Guardia Civil, de oficial para arriba, nadie hace unas diligencias.

G.P. Es cierto que hay competencia. Cada cuerpo defiende su parcela y eso es de juzgado de guardia. Si los cuerpos estuvieran unificados, no ocurriría. En el día a día entre agentes sí nos pasamos información. Pero estamos hablando de compañeros, no de cuerpos.

P. ¿Los ciudadanos recurren más a la seguridad privada?

G.P. En toda España y concretamente aquí en Granada han crecido muchísimo este tipo de empresas. No sabemos si hay intereses partidistas. Ese aumento no contribuye a combatir la delincuencia. Son personas sin preparación y las empresas actúan sólo en su beneficio. Hay más vigilantes de seguridad porque no podemos llegar a todos los sitios, pero también ha habido mucha permisividad desde el Gobierno.

J.B. La lucha contra la delincuencia debe atenderse con medios públicos, pero hay ámbitos que la seguridad pública no debería cubrir. Por ejemplo los dispositivos para partidos de fútbol, que benefician a una empresa privada pero se pagan con fondos públicos. Seguridad privada tiene que haber, pero con más control. Es cuanto menos sospechoso que su boom haya coincidido con el descenso en las plantillas policiales.