Más de cien magistrados concurren a los nombramientos en el Supremo

La mayor renovación de los últimos años en el Tribunal Supremo, que incluye las presidencias de las salas Civil, Penal y Militar y una decena de vacantes de magistrados, está originando una avalancha de peticiones al Consejo General del Poder Judicial, en la que algún magistrado opta a cuatro plazas y alguna plaza cuenta con alrededor de 40 solicitantes. Tan inusitada concurrencia, que por ahora rebasa los 110 magistrados y juristas de reconocido prestigio, se resolverá según el nuevo sistema de nombramientos aprobado por las Cortes: por mayoría cualificada de tres quintos (13 votos por cada nombramiento).

Las presidencias a renovar en el Tribunal Supremo son las de las salas Civil, Penal y Militar y los candidatos deben tener una antigüedad de al menos tres años como magistrado del Tribunal Supremo. Con el nuevo sistema se renovará también una decena de vacantes por jubilación y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La Sala Segunda, de lo Penal, es la que origina mayor controversia, dado que tiene a su cargo la investigación y enjuiciamiento de los aforados, entre los que se cuentan el presidente y miembros del Gobierno, los diputados y los senadores. Para cubrir la vacante por jubilación del presidente, Luis Román Puerta, se presentan tres magistrados de la propia Sala Penal, de tres asociaciones judiciales distintas.

Joaquín Delgado, conservador de la línea dura, es el candidato de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En 1995 votó a favor de imputar al entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, en el caso Filesa, y en 1996 fue uno los cuatro magistrados que intentaron, sin éxito, sentar al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en el banquillo de los acusados por el caso GAL. Como ponente de la sentencia del caso Marey condenó al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera a 10 años de prisión. Vera se volvió a topar con Delgado este mismo año, como presidente del tribunal que debía conocer su recurso de casación por el caso de los fondos reservados. Vera le recusó para intentar apartarlo del tribunal, pero no lo consiguió y su recurso se saldó con una sentencia confirmatoria de siete años de prisión. Fuera del sector conservador suscita una buena dosis de rechazo y sería un presidente de transición, puesto que se jubila en 2007, y no cubriría entero su mandato de cinco años.

Esas circunstancias pueden redundar en beneficio del candidato de la asociación centrista Francisco de Vitoria (FV), Juan Saavedra, quien además ha derivado hacia posiciones conservadoras, hasta el punto de que en las últimas elecciones a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo concurrió en las listas de la APM. Su nombramiento tendería a contrarrestar la imagen de continuismo al frente de la Sala Penal de un veterano de la derecha judicial.

Saavedra es casi un recién llegado a la Sala Penal al lado de Delgado y del tercer candidato, José Antonio Martín Pallín, miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) y ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos. Veterano luchador por las libertades como fundador de Justicia Democrática, Martín Pallín estuvo a punto de ser designado Defensor del Pueblo a propuesta del Partido Popular, pero entonces contó con la oposición socialista. De los tres candidatos es el más conocido a nivel popular, pero a pesar de su probada independencia respecto al Ejecutivo, es dudoso que los conservadores del Consejo consientan en que un magistrado progresista presida la Sala de lo Penal.

Los conservadores tienen ahora en la Sala Penal una mayoría de 9 magistrados a 7, que quedaría en empate a 8 si el presidente fuera un progresista. La proporción volvería a restablecerse si a cambio se nombra un magistrado conservador para cubrir la vacante dejada por el presidente electo. Pero además, se da la circunstancia de que entre las competencias del presidente está la de presidir siempre la Sala de Admisión de Causas Especiales -las que se instruyen contra parlamentarios y miembros del Gobierno-, por lo que el sector que se haga con la presidencia cuenta virtualmente con un voto fijo en la admisión o el rechazo de querellas contra políticos.

Candidatos a la Sala Civil

Para la Sala Primera, de lo Civil, cuya presidencia deja por jubilación el magistrado Ignacio Sierra, se presentan Jesús Corbal, respaldado por la conservadora APM; Xavier O'Callagham, catedrático y ex portavoz de la asociación centrista Francisco de Vitoria, y el progresista Román García Varela, respaldado por Jueces para la Democracia. Según fuentes del Supremo, el sector conservador del Poder Judicial ofreció negociar para la presidencia la candidatura del ex ministro de Justicia socialista y actual magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Fernando Ledesma Bartret, pero el propio Ledesma rechazó la posibilidad aduciendo que su especialidad es la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para la Sala Quinta, de lo Militar, se presentarán el magistrado conservador y antiguo portavoz de la APM, Ángel Calderón Cerezo, y el progresista José Luis Calvo Cabello, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial.