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Reportaje:

Causa de la muerte, homicidio

9.402 personas fallecieron de forma violenta en Venezuela el año pasado, tres veces más que hace una década

La rutina de un reportero de sucesos un fin de semana en Caracas se parece mucho a la de un vendedor de servicios funerarios: debe levantarse temprano y subir la empinada loma que conduce a la División de Medicina Legal, nombre oficial de la morgue central de la ciudad, donde entre la noche del sábado y la mañana del domingo, literalmente, se apilan los cadáveres.

Allí, en Bello Monte -que así de irónico es el nombre del barrio donde se encuentra el depósito- periodistas y vendedores de ataúdes sobrevuelan como buitres a los familiares de los difuntos. Los reporteros buscan una historia conmovedora para que su información del lunes -invariablemente, el resumen de una nueva orgía de sangre- tenga alguna pegada, algún detalle que la distinga de la escrita la semana anterior y la anterior y la anterior...

En siete años de gobierno de Chávez se acumulan 67.000 homicidios
3.300 de los asesinatos del año pasado, más de un tercio del total, los cometieron policías

"Es difícil, los casos se repiten: enfrentamiento entre bandas rivales, ajustes de cuentas, balas perdidas que matan a gente inocente", comenta un joven reportero de sucesos, a quien ya nada le impresiona, pese al poco tiempo que lleva en esas lides. "Entre 20 o 30 asesinatos, uno tiene que escoger aquel que genere algún interés para el lector. La mayoría de esos muertos no son noticia", añade.

El año pasado, de los 9.402 homicidios registrados en todo el país, 1.621 ocurrieron en Caracas y, desde luego, sólo un pequeño grupo mereció algunos párrafos en los diarios.

Los promotores de las funerarias parecen más solidarios, pero es sólo una pose comercial. No es fácil su labor: tratar de vender sus servicios a unas familias tan pobres que, muchas veces, se ven obligadas a realizar colectas entre sus vecinos para llevar a cabo el sepelio. Las estadísticas indican que las víctimas de homicidio son, en su mayoría, de los sectores más necesitados, igual que los acusados y condenados por ese delito. Una clase social se cuece en su propio jugo.

Las escenas en el depósito de Bello Monte se parecen a las que se observan en los noticieros de otros países o en las películas, cuando llega un barco con los restos de los soldados caídos en una guerra: hay madres, esposas y novias llorando por doquier y padres y abuelos hechos pedazos, unas veces clamando por justicia y otras jurando venganza. Es lógico que sea así, pues en los últimos años, alrededor del 40% de las víctimas en la guerra del hampa en las grandes ciudades venezolanas han sido varones de entre 15 y 24 años. Si Caracas y sus barrios dormitorio, donde habitan cuatro millones de personas, ocupan el primer puesto de esta guerra del hampa, otras ciudades venezolanas no le van a la zaga. Y porcentajes de violencia similares se registran en Maracaibo, Valencia o Barcelona-Puerto La Cruz.

Según las cifras oficiales, el número de homicidios comenzó una escalada hace aproximadamente 15 años, pasando de unos 3.000 a principios de los años noventa a 9.402 en 2005 en todo el país. El punto más alto fue en 2003, con más de 15.700, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Ese año llegó a ser la tercera causa de muerte en Venezuela, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entre los hombres, fue la primera. En siete años de Gobierno de Hugo Chávez se acumulan 67.000 muertos por esta causa, según las cifras consolidadas que martillea a cada momento la oposición.

En este punto, el debate afluye hacia la acre y perpetua confrontación entre chavistas y antichavistas. Los primeros aseguran que los programas sociales puestos en marcha por el Gobierno tardarán algún tiempo más en surtir efectos mensurables sobre el índice delictivo. Los opositores alegan que Chávez no sólo ha descuidado el asunto de la seguridad ciudadana, sino que su discurso de enfrentamiento y aversión a los ricos ha enervado a la sociedad, favoreciendo la violencia.

Algunos expertos, como el magistrado jubilado del Tribunal Supremo de Justicia Alejandro Ángulo Fontiveros, estiman que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que comenzó a aplicarse justo en 1999, el primer año del Gobierno de Chávez, también ha influido en el desmadre delictivo porque ha favorecido la impunidad. "El COPP, chille quien chille, fracasó por su lenidad y se convirtió en gran factor criminógeno", opina el ex juez.

Más de 3.300 de los asesinatos de 2005, según los registros de la Fiscalía General de la República, fueron cometidos, presuntamente, por policías que actúan como escuadrones de la muerte o con complicidad de los cuerpos de seguridad pública.

El Gobierno ha anunciado un plan para reestructurar profundamente las policías y otro para recoger las enormes cantidades de armas de fuego que se encuentran en poder de toda clase de personas, niños inclusive. Una simple muestra: el miércoles 26 de abril en la barriada pobre de El Guarataro, un muchacho de apenas 15 años mató de un balazo a una niña de 14. Ella había sido su novia, pero le había dejado por otro.

Ese día, la prensa de sucesos subió a toda prisa la cuesta de la morgue, a pesar de no ser fin de semana. "No era para menos, una muerte como ésa sí que es noticia", comentó sonriente el novel reportero, ya vacunado contra las lágrimas de las madres.

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