El ex interventor de Orihuela declara que "vio facturas falsas"

José Manuel Espinosa, ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, declaró ayer al juez que la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras del municipio) presentó a cobro facturas falsas por importe de 240.000 euros. El funcionario también se ratificó en su denuncia al alcalde, José Manuel Medina, del PP, por el pago de un extra de 180.000 euros a los operarios de esa empresa para evitar una huelga en la Navidad de 2004.

José Manuel Espinosa compareció, en calidad de testigo, ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela. Esta oficina instruye tres de las 15 causas en las que el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha desglosado su denuncia general por supuestos hechos delictivos en la gestión urbanística y contable del Consistorio oriolano. El ex interventor es el testigo de cargo en la denuncia de la Fiscalía.

El titular del juzgado número 3 investiga las supuestas facturas falsas de Necso, el pago de un extra a la plantilla de la empresa por parte del primer edil, y adjudicaciones, también mediante decreto de la alcaldía y sin contrato de trabajo, por un millón de euros.

José Manuel Espinosa ratificó ante el magistrado sus denuncias anteriores, así como la declaración que realizó ante el fiscal anticorrupción durante las diligencias previas practicadas por la acusación pública. Espinosa aseguró al juez que la firma Necso presentó a cobro, basándose en un supuesto lucro cesante, tres facturas por un importe de unos 240.000. "Yo vi las facturas", aseveró al magistrado. Según el funcionario, la sociedad presentó las facturas en mayo de 2002, cuando el Ayuntamiento se planteó la retirada de la adjudicación de la contrata para unificar el servicio de recogida de basuras del casco urbano y la playa.

José Manuel Espinosa también declaró ante el juez que el alcalde pagó, mediante decreto, en diciembre de 2004, un extra de 180.000 a la plantilla de Necso para evitar una huelga. El ex interventor sostiene que Medina ejecutó el abonó de las cantidades, pese a que los beneficiarios no guardaban ninguna relación laboral con el Consistorio, en contra del criterio de los técnicos del área de económica del Ayuntamiento.

El funcionario, por último, mantuvo la denuncia sobre las adjudicaciones de obras y servicios relacionados con el alumbrado público por parte del alcalde mediante el sistema de contratación verbal por un volumen de un millón de euros durante los ejercicios de 2002 y 2003.

El juez interrogó, igualmente como testigos, al portavoz del grupo de Los Verdes y del Centro Liberal, Monserrate Guillén y Jesús Ferrández, respectivamente. El primero dijo que "nunca" vio las facturas pero que, a su juicio, son irregulares, y el segundo, que no sabe si "existen o no facturas falsas".