La memoria gana el pulso

"Desconocido: ejecutado. Desconocido: ejecutado. Desconocido: ejecutado". Así, sin nombres, arranca la lista de personas que fueron enterradas en uno de los agujeros del olvido que sembraron en el territorio español el odio y el terror durante la Guerra Civil y la posguerra. La palabra "ejecutado", sin embargo, desaparece pronto, antes de que acabe el año 1939, para dejar paso a fórmulas más oscuras pero también identificables como "asfixia por colgamiento" o eufemismos del tipo "colapso cardiaco" o "hemorragia cerebral". En este caso, las víctimas de la represión franquista, junto con otros que padecieron las miserables condiciones de aquellos tiempos, fueron sepultadas en una fosa común en la sección séptima derecha del cementerio general de Valencia, entre 1939 y 1940. Aunque todavía no se sabe si sus restos permanecen en el mismo lugar, el registro del recinto fúnebre atestigua la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. La asociación Fòrum per a la Memòria del País Valencià se encargó de recuperar la historia de la represión e inició a principios de 2006 una investigación para conocer el número y la identidad de las víctimas del bando republicano enterradas en el cementerio entre 1939 y 1945. Su lista, de 7.168 personas, sólo se refería a una de las seis fosas que la agrupación localizó en el camposanto y que han sido motivo de un duro pulso político y judicial, tras la presentación de una querella.

Hay seis fosas, y sólo de una de ellas existe una lista con 7.168 nombres de sepultados

A finales de abril, poco después de empezar el estudio, los miembros de la entidad presenciaron con asombro cómo las máquinas de una contrata municipal removían la tierra de la sección séptima derecha. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, del PP, pretendía construir encima de esta parcela 1.030 nuevos nichos. De poco sirvió que la asociación le enviará una carta o que los partidos de la oposición, socialistas y Esquerra Unida, exigieran la paralización de las obras. Al final, sólo los tribunales han sido capaces de parar los pies a un equipo de gobierno que negó la existencia de restos humanos en la fosa hasta que unos huesos -no se sabe si posteriores a la época- fueron hallados cuando se removió la tierra para las obras. La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia falló ayer a favor del Fòrum, que el pasado 9 de mayo presentó un recurso contra el plan municipal y consiguió la paralización cautelar de las obras. Ahora, ha conseguido, no sólo que se confirme la imposibilidad de reanudar la construcción de nichos, sino que el juzgado les permita continuar con el estudio, iniciar posteriores actuaciones arqueológicas y forenses y colocar después "un elemento conmemorativo que se estime adecuado" como homenaje a las víctimas. "Los que entonces perdieron hoy han ganado", aseguró Amparo Salvador, la presidenta del Fòrum tras conocer la sentencia de la juez Estrella Blanes, que establece que el Ayuntamiento de Valencia adoptó un acuerdo contrario a derecho y vulneró el derecho al honor de los ajusticiados hace casi setenta años. Salvador dijo que el fallo sienta un precedente y calificó de "prepotente" la actitud de Barberá y su administración. El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, del PP, aseguró que acatará la sentencia pero que el consistorio recurrirá.

Tanto el concejal de Esquerra Unida Antonio Montalbán como el socialista Matías Alonso se felicitaron de que la justicia haya paralizado lo que el primero calificó como un intento frustrado de "memoricidio".