El Ayuntamiento de Jaén anula una reserva de suelo para 2.000 VPO
PP y PSOE pactan buscar una nueva zona en el futuro PGOU
La Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén anuló ayer la delimitación de una zona de reserva de suelo donde debían construirse unas 4.000 viviendas públicas, de las cuales la mitad iban a ser VPO. El Ayuntamiento cede así a las presiones de los casi 200 propietarios de suelo rústico de la zona, conocida como Cerro Almagro, que se sentían agraviados con respecto al trato dado a otros promotores inmobiliarios y rechazaban la concentración de guetos en ese paraje de unas 35 hectáreas al este de Jaén.
La anulación de la reserva de suelo (que permitía al Ayuntamiento expropiar a precio de suelo rústico para construir viviendas protegidas) salió adelante con los votos a favor del PP y del PSOE y la abstención de Izquierda Unida. El acuerdo establece que la zona en cuestión pase a ser ahora un sector urbano más, dando libertad a sus propietarios para vender el suelo con la sola obligación de reserva el 30% para VPO.
El equipo de gobierno encontró la alianza de los socialistas tras aceptar el edil de Urbanismo, Manuel Peragón, su propuesta para crear en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en proceso de redacción, una nueva zona de reserva de suelo para el desarrollo de vivienda protegida, aunque sin concretar aún ni el lugar ni la superficie. Además, el acuerdo entre los dos grupos mayoritarios de la Corporación jiennense tuvo en cuenta el compromiso de añadir a la futura zona de reserva de suelo para vivienda protegida el 10% de las cesiones obligatorias que reciba el Ayuntamiento por los distintos aprovechamientos urbanísticos, exigencias, en todo caso, que ya vienen recogidas por la ley actual.
"Creemos que con esta medida no se perjudica a los propietarios de suelo, que tenían razón al exigir un trato igualitario", apuntó, tras la reunión, el concejal socialista Manuel Martínez Plaza. Los propietarios de estas 135 hectáreas de suelo rústico se concentraron el pasado mes de mayo para boicotear la presentación del avance del nuevo PGOU de Jaén y exigir al Ayuntamiento el mismo trato que recibieron varios promotores inmobiliarios con los que el equipo de gobierno suscribió convenios urbanísticos para convertir el suelo rústico en urbanizable. "Nos oponemos a cualquier intento de ser objeto de ninguna cacicada por parte del Ayuntamiento, aunque la misma tenga apariencia de legalidad", decían entonces los dueños de las parcelas, que amenazaron incluso con llevar a los tribunales al Consistorio jiennense por desviación de poder. Reivindicaban, en definitiva, su derecho a intervenir en el desarrollo urbanístico de sus terrenos y rechazaban que esa zona, ubicada en un punto estratégico y junto a las principales vías de comunicación de la capital, se convirtiera en un gueto. Del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE se descolgó Izquierda Unida.
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