La reforma agraria andaluza, clave en la pelea sobre la ley de la vivienda

Una ley andaluza de la década de 1980, la Reforma Agraria, que prevé la expropiación de tierras agrarias que no se cultivan basándose en su función social, está resultando clave en la discusión entre los partidos del tripartito y la oposición sobre la legalidad del proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda. Ésta prevé la expropiación temporal del uso de pisos vacíos también con el argumento de que en desuso incumplen su función social.

Tal como anunciaron, CiU y PP han solicitado esta semana que el Consejo Consultivo se pronuncie sobre la legalidad de una docena de artículos de la Ley de Vivienda que consideran que vulneran, entre otras cuestiones, el derecho a la propiedad privada. En el otro lado del arco parlamentario, los partidos del tripartito confían en que la ley supere el trámite del Consultivo y apoyan sus argumentos en el precedente andaluz. En 1987, y tras el recurso presentado por 53 senadores de Alianza Popular, el Tribunal Constitucional avaló el texto.

"Esa sentencia es el referente más claro; les decía a los terratenientes que había que cultivar la tierra, como ahora se dice a los propietarios que los pisos hay que usarlos para vivir", afirma la diputada de ICV y ponente relatora de la Ley, Dolors Clavell. En parecidos términos se expresa el diputado del PSC Roberto Labandera, quien recuerda que el redactado final del artículo 42.6, el del alquiler forzoso, "tiene muchos más matices que el inicial, de 2005, y da muchas garantías al propietario". "Creemos que la ley pasará el Consultivo sin retoques", concluye. También valora el precedente de la reforma agraria andaluza el diputado Pere Aragonès (ERC): "Si se reconoció la función social de la tierra cultivable, qué función no se reconocerá a una vivienda".

Desde la oposición discrepan de estas posturas. Carles Sala, diputado de CiU, cuestiona el paralelismo entre los dos textos y afirma: "no es lo mismo entender la función social de la propiedad en elementos no productivos que en los que sí lo son, como los campos de cultivo". CiU ha solicitado al Consultivo dictamen sobre la adecuación de cinco artículos del Proyecto de Ley al Estatuto. Además del artículo que prevé el alquiler forzoso, CiU duda de la legalidad del que prevé destinar el 20% de los pisos nuevos en suelo urbano a vivienda social; del grado de responsabilidad en el mantenimiento de una vivienda por parte del dueño que prevé el texto, o del sistema de adjudicación de las viviendas sociales. El PP ha solicitado al Consultivo que se pronuncie sobre 15 artículos, entre los que también figura el 42.6. Los representantes del PP no respondieron ayer a las llamadas de este diario.

Las solicitudes de dictamen de CiU y PP se han presentado ante la Mesa del Parlament, que se reunirá el próximo martes y las remitirá al Consejo Consultivo, que dispondrá de un mes para pronunciarse. El Consultivo es un organismo integrado por siete juristas: dos los elige el Gobierno catalán y los cinco restantes, el Parlament. El presidente del Consejo es Pere Jover, propuesto por el PSC como Antònia Agulló. Jaume Vernet fue propuesto por ERC y Marc Carrillo por ICV. Los dos juristas propuestos por CiU son Agustí Bassols y Jaume Camps, y Joaquim Borrell lo fue por el PP.