El Consejo se inclina por imponer una multa leve al juez del 'caso Mari Luz'

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se inclinará previsiblemente por imponer una pequeña multa (entre 1.000 y 6.000 euros) a Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ejecutó una sentencia de ingreso en prisión de Santiago Del Valle, detenido posteriormente como presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. El crimen de esta niña onubense a manos de un pederasta sobre el que pesaba una condena firme sin ejecutar de dos años y seis meses de cárcel por abusar de su hija desató una gran alarma social. Y proyectó la imagen de una justicia envuelta en desorden, atascos y descoordinación.

El Poder Judicial ha abierto un expediente a Tirado por desatención

La inspección ya detectó desorden en la ejecución de sentencias

Tras el escándalo, los inspectores del Consejo detectaron al menos cinco irregularidades en la actuación del juez. Fue cuando el Consejo le abrió un expediente por falta muy grave de desatención y nombró a un instructor. Éste no ha concluido aún el expediente. Posiblemente lo hará a lo largo del mes de julio. Pero la mayoría de los vocales ya tienen una idea aproximada y se decantarán por una sanción económica. Si no surgen imprevistos, la comisión se pronunciará a finales de julio, coincidiendo con el éxodo vacacional, según fuentes del Consejo. Y, previsiblemente, en el sentido de sancionarle con una multa, pero sin apartarle de su juzgado, el Penal número 1 de Sevilla.

La decisión inicial de imponerle una multa partirá de los vocales conservadores que hay en la comisión, a los que posiblemente se unirá el vocal independiente Agustín Azparren. Los tres suman mayoría en esta comisión, integrada por cinco vocales, dos de ellos del sector progresista. El expediente disciplinario a Tirado se está investigando como falta muy grave porque así lo acordó, por unanimidad, la citada comisión tras analizar el informe de los inspectores.

El Consejo quiere despachar este asunto en la comisión disciplinaria, sin que llegue al pleno. Sólo llegaría al pleno si la comisión dictaminase que se trata de una falta muy grave. Pero si, como es previsible, considera que Tirado -con independencia de lo que proponga el instructor- sólo cometió una falta grave, se zanjaría en esta instancia con una multa. Si aún así -por vía de recurso o porque se considerase muy grave la actuación del juez-, el asunto llegase al pleno del Consejo, los conservadores tienen mayoría en su seno.

Un vocal conservador del Poder Judicial aclara: "También cabe la posibilidad de que el caso se considere falta muy grave y que la sanción sea pequeña y no conlleve ni traslado ni expulsión". Este vocal explica que a Tirado se le ha abierto expediente por "desatención", y que este hecho "tiene un difícil encaje dentro de lo que se consideran faltas graves".

La comisión disciplinaria la forman cinco vocales, dos del sector conservador -Carlos Ríos y Juan Pablo González-, dos progresistas -Monserrat Comas y Ángeles García- y el independiente Azparren. Una vez más, dada la correlación de fuerzas que existe en el Consejo, Azparren tendrá la llave. En principio, los conservadores son partidarios de dejar el asunto en una multa, mientras que el sentir mayoritario de los progresistas es que la actuación de Tirado es merecedora de una sanción severa. En el sector progresista también hay vocales contrarios a que se haga del juez Tirado un cabeza de turco. "La conducta sería muy grave si al juez le hubieran avisado de que el asunto lo tenía encima de la mesa y, pese a ello, no hubiera hecho nada, pero parece que no es el caso", señalan.

Monserrat Comas, presidenta de esta comisión, afirma que aún no tiene formada una idea al respecto "y que no quiere prejuzgarlo hasta leer el informe del instructor". Fuentes del Consejo dan casi por hecho que Azparren es favorable a imponer una multa económica. "Todo el mundo echa la culpa al juez, ¿y qué pasa con la secretaria, que es quien debe informar al juez del estado de los casos?", afirman dichas fuentes. Y añaden: "También se abrió un expediente a la secretaria por parte del Ministerio de Justicia, y parece que se ha archivado; no es justo que toda la responsabilidad tenga que recaer sobre los jueces".

La mayoría de los vocales conservadores son afines a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Tras brotar el escándalo del caso Mari Luz, la APM exigió al Consejo el archivo del expediente abierto a Tirado, adscrito a esta asociación. Fuentes del Consejo señalan que respetan la decisión de la APM pero que se actuará con "criterios objetivos ajenos a fines corporativos".

Los partidarios de imponer sólo una sanción económica al juez entienden que una medida más severa "sería desproporcionada e injusta". "Lo que le ha pasado a este juez le podía haber ocurrido a cualquier otro", señalan.

Tras el asesinato de Mari Luz, el Consejo envió una inspección al juzgado de Tirado. "Lo que más pesa sobre él es que, meses antes del caso Mari Luz, la inspección del Consejo avisó de que había descontrol en la ejecución de las sentencias. Pero, por lo demás, el juzgado funcionaba bien, y Tirado tiene un rendimiento y una dedicación por encima del módulo de trabajo. A la hora de tomar una decisión se valorará, no sólo este error, sino su actuación en conjunto al frente del juzgado", explican fuentes del Consejo del Poder Judicial.

Los vocales del Consejo llevan en funciones casi un año y medio, desde noviembre de 2006, a la espera de que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo para su renovación. Los conservadores mantienen la mayoría merced al voto de calidad del presidente, Francisco José Hernando. Eso sí, necesitan el concurso de los progresistas, dado que el actual Gobierno impuso por ley la llamada minoría de bloqueo, para nombrar a los jueces del Supremo y del Constitucional.