Rambla no suelta los papeles

Vicente Rambla, vicepresidente primero del Consell y responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, la empresa pública que contrató a Orange Market para el evento de la Volvo Ocean Race, no suelta los papeles. Rambla insistió ayer en "el recto actuar de la Generalitat" y aseguró que la Generalitat está estudiando presentarse como acusación particular en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra una trama empresarial próxima a dirigentes del PP que organizaba eventos en Madrid y la Comunidad Valenciana para captar fondos. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, solicitó ayer personarse en la causa. Tanto el Ejecutivo de Francisco Camps, que se lo está pensando, como el de Aguirre esgrimen el mismo argumento: se sienten perjudicados al entender que se pone en duda la honorabilidad de estas Administraciones y de sus altos cargos y funcionarios. El Ejecutivo de Aguirre también pide a Garzón que se abstenga de seguir con la instrucción de la causa si el sumario afecta a personas aforadas.

El PAI de Rocafort lo aprobó la Generalitat en marzo de 2006

Rambla insistió en la "total colaboración" del Consell con la justicia y la "absoluta tranquilidad" de los miembros del Ejecutivo valenciano. El también presidente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica, que hasta la fecha se ha negado a facilitar documentación de la empresa pública a la oposición socialista se mostró dispuesto a hacer una excepción: "Dadas las circunstancias la documentación estará a disposición de los diputados que lo deseen, pero las mismas garantías que tiene ellos tiene la Generalitat". O dicho de otro modo, por ahora no se soltarán los papeles.

Rambla argumentó que la presunción de inocencia es un derecho que debe hacerse valer y advirtió que "para desgracia de algunos" la relación del Consell y la Generalitat con la trama que investiga Garzón no pasará de simples sospechas y acusaciones infundadas. "Comprendo que el PSPV quiera montar un show estéril de diputados ociosos alejados de la preocupación de los ciudadanos", dijo Rambla en referencia al anuncio del portavoz socialista, Ángel Luna, y el diputado José Camarasa de acudir el próximo lunes a la empresa que dirige el vicepresidente. La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica contrató con Orange Market, una de las empresas relacionadas en la trama que investiga Garzón y cuyo responsable, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, organizó la mayoría de actos de la dirección regional del PP.

"No admitiremos atropellos, ni escándalos gratuitos para que obtengan rédito electoral", sentenció Rambla, que añadió: "Cuando los socialistas vean los papeles se acabará la fiesta, pero hay unas garantías que cumplir y pido que se haga escrupulosamente".

"Dejamos entrar y entrarán y tendrán los documentos con las garantías que fijen las Cortes, remachó el vicepresidente. Fuentes de su entorno señalaron que Rambla estaría dispuesto a facilitar ya el acceso a la documentación, pero ello quebraría la política del Consell de no facilitar información pública que afecte a empresas sujetas al derecho privado, como por ejemplo las sociedades anónimas.

Los intereses del empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri en territorio valenciano están relacionados con la comunicación y el urbanismo. Bajo este último epígrafe, además de su participación en el PAI Xilxes Golf Resort, la sociedad Begar -del grupo de Ulibarri- construye el plan residencial El Bovalar en Rocafort. El proyecto afecta a cerca de 150.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable y prevé 550 viviendas en un municipio de 6.000 habitantes.

La empresa Urbanite SL -en cuyo accionariado están los Serratosa Caturla- presentó el proyecto al consistorio presidido por el popular Sebastián Bosch en mayo de 2003, poco antes de las elecciones.

El coste se estimó en un principio en 7,7 millones de euros, que tras las modificaciones se elevó a en 9,1 millones.

La nueva corporación, con Bosch de nuevo al frente, lo aprobó provisionalmente dos meses más tarde y lo adjudicó a Urbanite, y el 6 de marzo de 2006 pasó el filtro de la Comisión Territorial de Urbanismo, con Rafael Blasco todavía de consejero. Su tramitación fue controvertida hasta el punto de que el grupo municipal socialista recurrió en dos ocasiones (junio y julio de 2006) el PAI ante la alcaldía y ante la consejería que dirigía entonces Esteban González Pons. No prosperaron. Sí consiguió pararlo parcialmente el Ayuntamiento de Godella por la canalización de un barranco. Un portavoz de Urbanite dijo ayer a este diario que no tiene nada en Rocafort, pese a que un gigantesco cartel a la entrada de la localidad informa de que esta sociedad es el urbanizador.