Mena arrincona a Cleries e impone la línea más dura en la gestión de la renta mínima

El caos de la Renta Mínima de Inserción (RMI) ha hecho aflorar una lucha soterrada en el seno del Gobierno catalán, que quedó en evidencia el pasado jueves cuando, tras 18 días de silencio, los dos consejeros implicados mostraron una actitud diametralmente opuesta. Mientras Josep Lluís Cleries, de Bienestar Social, se disculpó por las molestias ocasionadas a los afectados, Francesc Xavier Mena, de Empresa y Ocupación, se mostró desafiante e inclusó acusó a miles de marroquíes de estar defraudando con el cobro de la renta mínima.

La visión economicista que defiende Mena se ha impuesto a la perspectiva social en la gestión de las prestaciones a los más desfavorecidos. Con el argumento de luchar contra el fraude, Mena ha impuesto revisar todos los expedientes con un breve cuestionario de 11 preguntas -que inquieren sobre cambios en la vida personal, viajes, deudas, movimientos bancarios...- a los 34.000 beneficiarios. Toda esta información ya la recaban los trabajadores sociales que trabajan en la renta mínima desde los Ayuntamientos, supervisados por Bienestar Social. Son ellos los que siguen caso a caso y deben detectar la posibilidad de fraude. Pero Mena parece no fiarse de ellos y ha ordenado esta revisión sin precedentes hecha por otros profesionales.

"El trabajo social no es algo que se resuelva con una entrevista de cinco minutos", se quejó ayer Núria Carrera, presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes. "El colectivo con el que se trabaja requiere un trabajo a medio y largo plazo, desde el que es posible hacer el mismo control sin estigmatizar a los más desfavorecidos", añadió. Los trabajadores sociales lamentan haber quedado excluidos del este proceso. Su derrota es también la de Cleries, arrinconado en la gestión de las ayudas sociales. El 25% de los 34.000 beneficiarios de la ayuda, de la que dependen 110.000 personas, sigue sin cobrar los 420 euros.

"De los 9.000 marroquíes que cobran la RMI, muchos han vuelto a sus países y siguen cobrando la ayuda", dijo Mena, sin aportar pruebas, el pasado jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio. Estas acusaciones levantaron ayer la ira de la oposición y entidades sociales."Es lo que le faltaba al caos de la renta mínima: un consejero de la Generalitat criminalizando a todo un colectivo. Lo que ha hecho Mena se llama racismo institucional", opinó la diputada y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Laia Ortiz. La formación ecosocialista anunció que pedirá la reprobación del responsable de Empresa y Ocupación en el Parlament por sus declaraciones racistas. "El Gobierno ha superado todos los límites y ha mostrado desprecio hacia los beneficiarios de la ayuda, tratándolos casi como si fueran delincuentes", añadió Ortiz.

En la misma línea se expresó el diputado de Esquerra Republicana y exsecretario de Inmigración, Oriol Amorós, que calificó de "incendiarias" las declaraciones de Mena, a quien replicó que "defraudan las personas, no los colectivos".

La diputada del Partit dels Socialistes (PSC), Eva Granados, se expresó en la misma línea: "Estamos ante una campaña de persecución de los receptores extranjeros del PIRMI" [antiguo nombr de la ayuda de subsistencia]. "Han vinculado fraude e inmigración. Eso es generar xenofobia. Los afectados no están en Tánger, sino haciendo cola frente a Palau de Mar", lamentó en alusión a la sede del Departamento de Bienestar Social.

Granados subrayó la división interna del Gobierno catalán y denunció que la gestión de la renta mínima se aleja del enfoque social para centrarse en el económico. Y citó un ejemplo gráfico. "Han actuado con prepotencia, despreciando la labor de los trabajadores sociales, que son la autoridad en la materia. Es como si el consejero de Sanidad prescribiera los medicamentos, en lugar de hacerlo el médico", ilustró la diputada.

ICV y ERC coincidieron al advertir la peligrosidad de las declaraciones de Mena en un momento de crisis y de creciente xenofobia en Cataluña. El PP, muy crítico con la gestión de la revisión de la ayuda, no quiso valorar las declaraciones de Mena hasta su comparecencia, junto a Cleries, en el Parlament el próximo viernes.

Los trabajadores del Servicio Catalán de Ocupación, que depende del consejero Mena, efectuarán, entre agosto y septiembre, las primeras 20.000 revisiones de expedientes. Las entrevistas han comenzado ya. La mayoría se realizan por las tardes en las oficinas de empleo de la Generalitat.

El alud de críticas a Mena también llegó desde las entidades sociales, en especial las que trabajan contra la xenofobia y a favor de los derechos de los extranjeros. "Son declaraciones muy discriminatorias. Acusar y poner en el foco al colectivo marroquí abunda en la islamofobia que existe en Cataluña. Y eso es muy peligroso, porque ya hay partidos que han hecho de esa intolerancia su eje de actuación", denunció el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.

Lo mismo opina la portavoz de SOS Racismo en Cataluña, Jose Peñín, que acusa a Mena de cometer "una gran irresponsabilidad" por "acusar a un colectivo" y "atizar el odio hacia los inmigrantes". Según Peñín, esas afirmaciones "legitiman los tópicos falsos".

La Federación de Entidades Culturales Catalanas de Origen Marroquí afirmó que Mena ha exhibido "un enorme desconocimiento" sobre la situación de los marroquíes que viven en Cataluña. "No negamos que pueda haber gente que haya marchado y no haya vuelto", pero hay mucha más, según la federación, "que aún no han cobrado el mes de agosto pese a llevar 20 años en Cataluña".

No fue la única salida de tono de Mena en sus declaraciones públicas. El consejero reveló que al imán de Lleida se le había retirado la ayuda porque no cumplía los requisitos. El comentario vulnera la propia ley de la renta mínima, que incorpora un artículo sobre la protección de datos. La norma indica que "las personas y organismos" vinculados a la gestión de la ayuda "están obligados a velar porque se mantenga la reserva sobre los datos confidenciales y la identidad de los destinatarios, con el fin de salvaguardar su derecho a la intimidad".