Mas congela el pacto fiscal para facilitar el entendimiento con el PP

Convergència i Unió (CiU) ha decidido que no quiere llegar a las elecciones del próximo 20 de noviembre con la propuesta del pacto fiscal como único reclamo. Los nacionalistas entienden que las perspectivas de una mayoría absoluta del Partido Popular restan posibilidades de éxito a su demanda y, además, son conscientes de que el partido de Mariano Rajoy condiciona y condicionará casi todas las iniciativas del Gobierno catalán en el Parlament. Finalmente, ante las insistentes demandas del PSC, pero sobre todo del PP, el Gobierno de Mas ha decidido guardar en un cajón "durante unas semanas o unos meses" la concreción del modelo de pacto fiscal. Eso se traduce en que el Parlament no celebrará el pleno en el que se tenían que votar las propuestas que salgan de la comisión de estudio del nuevo pacto fiscal.

ERC advierte de la "rebaja" de planteamientos de Convergència i Unió

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, justificó ayer este cambio de planes con el argumento de que el Ejecutivo autónomo "busca sumar" cuantas más formaciones políticas mejor a su demanda del concierto económico y que es mejor esperar a después de las elecciones generales para intentar forjar acuerdos en aguas más tranquilas.

Contrasta esta actitud con el no rotundo que se le dio al PSC cuando este partido propuso retrasar el debate de la comisión parlamentaria hasta después de las generales. Ahora el que lo está pidiendo con más insistencia es el Partido Popular, que está ávido de llegar a acuerdos con CiU en cuestiones económicas y presupuestarias, pero no quiere depender de las negociaciones sobre el concierto fiscal. El Gobierno de Convergència i Unió estudiará precisamente estos días con el Partido Popular las grandes líneas de los presupuestos para intentar un acuerdo después de las elecciones generales.

La decisión del Gobierno, tomada ayer, satisface a todos los grandes partidos. A CiU le viene bien porque no tendrá que ir a las elecciones con una idea cerrada de pacto fiscal y podrá seguir jugando así a la ambigüedad calculada. A los socialistas también les favorece porque les evita tener que retratarse a favor o en contra de una cuestión que genera discrepancias en el seno de la propia formación. Algo parecido le permite al PP, que podrá seguir publicitando que Mariano Rajoy se ha comprometido a "hablar" sobre el pacto fiscal después de las elecciones. La que no comparte la tesis de CiU es Esquerra Republicana, que aspira a acercarse al Gobierno catalán mediante el pacto fiscal. Ayer Joan Puigcercós, exlíder de ERC, alertó de la "rebaja" de planteamientos que está haciendo CiU.

Los nacionalistas, sin embargo, insistirán en el concierto económico como reclamo electoral y se valen de cuanto está a su alcance para publicitarlo. Ayer mismo el Gobierno catalán exhibió un informe del Instituto de Estudios Autonómicos, dirigido por Carles Viver Pi-Sunyer, que avala las grandes líneas de la propuesta del presidente Artur Mas, aunque con matices importantes.

Los expertos entienden que el concierto no contradice ni el Estatuto catalán ni la Constitución, y que podría lograrse con una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Se trataría de que esta ley proclamara que Cataluña es una "excepción" dentro del sistema de fiscalidad común. En cambio, el informe sí alerta de que, en caso de conseguir el concierto, ninguna fórmula podría blindarlo de forma permanente, ya que sus características no están previstas "ni en el Estatuto ni en la Constitución".