Una de cada cuatro familias perdió al menos un 25% de sus ingresos en 2020 a causa de la pandemia

La pandemia ha asestado un severo golpe a la economía y ha puesto en dificultades a miles de personas: una de cada cuatro familias españolas perdió al menos el 25% de sus ingresos en 2020, según una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El análisis, llevado a cabo para evaluar la solvencia financiera de los hogares, concluye que afrontar determinados gastos se ha convertido en una losa. El 30% de los encuestados asegura que tiene dificultades para pagar los suministros de gas, luz y agua. El 26% reconoce que tiene que hacer un esfuerzo para comprar alimentos básicos como la carne y el pescado, mientras que el 42% y el 29% de las familias, respectivamente, admite tener dificultades para acudir al dentista o a la óptica.

La encuesta se ha llevado a cabo tras entrevistar a 2.073 personas de entre 25 y 79 años para analizar qué dificultad supone afrontar 37 distintos gastos, cada uno ponderado según el peso que supone en la economía familiar, y construir un índice de solvencia.

Los resultados del estudio, publicado este jueves, también reflejan la desigualdad entre hogares que ha provocado esta crisis atípica, cuya origen no es financiero sino sanitario. Por un lado, las familias que han logrado mantener sus ingresos han mejorado su solvencia, sobre todo por la reducción forzosa del consumo debido a las restricciones a la movilidad (un 55% de los encuestados), y a una contención del gasto ante la elevada incertidumbre. Es así que, para el 14% de los hogares, en 2020 fue fácil o muy fácil ahorrar, frente al 8% del año anterior. Por el otro lado, un 45% de los hogares sufrió en 2020 una reducción de ingresos, y en el 24% de los casos la merma ha sido igual o superior al 25% con respecto a 2019. De media, su solvencia ha disminuido casi 10 puntos.

El Banco de España ha puesto recientemente números a esta contención del gasto. Según un informe del supervisor, entre enero y septiembre de 2020 ―los últimos datos disponibles―, el ahorro de los hogares ha sido cerca de 3,5 puntos porcentuales del PIB superior al observado en el mismo periodo de los últimos cinco años. En términos absolutos, se traduce en unos 39.200 millones de euros que han dejado de circular. Y este escenario se ha repetido en los demás países de la zona euro.

Diferencias territoriales

La diferencia entre los hogares que han mejorado o empeorado su solvencia refleja inevitablemente el mapa desigual que la crisis ha dejado por territorio. Las familias de Baleares y Canarias han sido, según la encuesta de la OCU, las que más han sufrido los estragos de la pandemia. Esto es así porque son las dos comunidades que más dependen del turismo y que más han sido castigadas por las limitaciones a la movilidad. Según las estimaciones de la Airef, el PIB de estas dos autonomías ha caído en 2020 un 19,5% y un 13,7%, respectivamente, frente al 11% de la media nacional.

Consecuencia de estas disparidades entre territorios y hogares es que el índice de solvencia medio de los hogares haya mejorado en 2020 en su conjunto con respecto a 2019 ―pasando de 48,7 a 52,5 puntos―, pero que a la vez la situación de algunas comunidades haya dado un giro radical. Según la encuesta, Canarias ha caído al último puesto en el índice de solvencia y se sitúa casi 10 puntos por debajo de la media nacional; Baleares, que en 2019 era una de las autonomías mejor situadas en la clasificación, al ocupar el tercer lugar, en 2020 bajó al cuarto puesto por la cola. Entre las mejores posicionadas destacan La Rioja, que del quinto lugar pasa a ocupar el primero, seguida de Aragón y Castilla y León. Murcia también gana posiciones y se sitúa por encima de la media nacional.

Ante esta situación, la OCU reclama más ayudas por parte del Gobierno para los consumidores más vulnerables y especial atención a los hogares donde viven menores, que según la encuesta han sido de los más afectados. El Ejecutivo ya ha puesto en marcha medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para evitar una destrucción masiva de empleo, o el ingreso mínimo vital para las familias en riesgo de exclusión. Esta última medida, sin embargo, es una ayuda de último recurso que además está teniendo problemas de implementación: según los últimos datos, habría llegado a unos 160.000 hogares, frente al objetivo de 850.000 marcado por el Gobierno.