El Gobierno busca apoyos para aprobar los planes de pensiones en empresas

El Gobierno se enfrenta a una labor muy complicada en el Parlamento hasta finales de 2023. Tiene que aprobar al menos unas 40 normas con rango de ley para cumplir con las reformas comprometidas con Bruselas a cambio de los fondos europeos. La cuenta sale prácticamente a una cada 15 días. Están ahora pendientes de aprobación la ley audiovisual, la de telecomunicaciones, la concursal, la de Crea y Crece, la de start ups… Todas estas tienen que estar listas antes de que acabe el año. Y el Ejecutivo está escalando una empinada cuesta arriba con la parte más fácil que tiene que aprobar de la segunda fase de la reforma de las pensiones: los planes de pensiones de empresa fomentados por el sector público.

La patronal CEOE se ha opuesto sobre todo por el rechazo que inspiraba en la banca y las aseguradoras. Estas se han quejado de que se hayan reducido los incentivos fiscales a los planes individuales privados mientras que se han aumentado a los planes de empleo o empresa. A los sindicatos tampoco les ha agradado del todo. Así que esta legislación ha llegado al Congreso sin el apoyo de los agentes sociales.

Y enseguida ha naufragado. La izquierda no lo apoya. Los socios de Podemos han criticado el proyecto porque dicen que puede suponer una vía para privatizar las pensiones. En la primera votación que hubo en marzo sobre este texto votaron en contra. Y han introducido docenas de enmiendas que van en contra del proyecto o lo desnaturalizan. Por ejemplo, buscan reducir las cantidades que se pueden desgravar para igualarlos a los planes individuales: que sean 1.500 euros en vez del tope de 10.000 que ha planteado el Gobierno para estos planes de empleo.

La idea del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es que todos los trabajadores puedan lograr un complemento a su pensión, no solo aquellos que tienen rentas altas. Así que el Gobierno ha tanteado a Ciudadanos y PP. También podrían entrar PDeCAT, Junts per Catalunya, el PNV o, incluso, Vox. La posición de ERC es ambigua y podría buscar una negociación de la que sacar tajada.

Tanto PP como Ciudadanos pedían una deducción fiscal en el impuesto de Sociedades para que la medida fuese atractiva para las empresas. Varios sectores como la construcción habían solicitado esta ayuda para que los planes pudieran despegar. Y el Ejecutivo ha aceptado que las empresas se puedan deducir el 10% de su aportación al plan de empleo para trabajadores con un salario inferior a los 27.000 euros. A partir de esa cifra, el porcentaje va bajando según suba el sueldo. Estos salarios, los que están por debajo de 27.000 euros, son los que tendrán menos pensión y menos posibilidades de acceder a un plan de pensiones individual, defiende Ciudadanos. Aunque el Gobierno alegaba que suponía un coste fiscal, se ha aceptado para poder aprobar la ley. Y también se ha admitido otra línea roja de Ciudadanos: modificar la gobernanza para que el Gobierno no tuviera la capacidad para elegir el destino de las inversiones de los fondos.

PP, apoyo por cerrar

Faltaría por cerrar el apoyo del PP, que pide, además de la deducción, que se acepte una enmienda para que los autónomos y mutualistas puedan hacer la transición al plan de empleo simplificado, que es la vía para que estos colectivos puedan participar de los beneficios de estos planes y que el Gobierno también alegaba que era un coste. No obstante, José Antonio Herce, socio fundador de Loris, explica que la conversión a estos planes puede salir muy cara y que es mejor simplemente darles el mismo tratamiento que los planes simplificados de empleo, como defiende una enmienda del PDeCAT.

La ironía es que Escrivá podría sacar la normativa con los partidos de derechas. Aunque fuentes gubernamentales todavía dan todo por abierto. De momento, la falta de acuerdo ha hecho que no se ponga fecha a la comisión para votar las enmiendas. Se han dejado todas vivas para que todavía pueda haber una negociación. La comisión tiene que celebrarse esta semana o la siguiente para que la reforma esté lista el 30 de junio, la fecha comprometida con Bruselas. De no aprobarse, podría retrasar y complicar el pago de 6.000 millones correspondiente al segundo semestre de este año.

Este año queda por aprobar el destope de las cotizaciones, hacer pagar a los autónomos por sus ingresos reales y la ampliación del periodo de cálculo. Respecto a esta última medida, el Ministerio de Seguridad Social siempre insiste en que esta se va a compensar, dejando a los trabajadores que elijan los mejores años y pudiendo cerrar lagunas de cotización. Tales reformas también entrañarán una negociación complicada para que sean aprobadas antes del 31 de diciembre, fecha para la que están comprometidas con Bruselas a cambio de fondos.