No tropezar dos veces con la misma piedra

Hace diez años se convocó un Eurogrupo extraordinario con un único punto del día; España solicitaba un rescate de 100.000 millones de euros, el 10% del PIB. Las causas del problema empezaron mucho antes. España con la peseta era un país con alta inflación e inestable y sin acceso a los mercados de capitales internacionales. La entrada en el euro en 1999 nos permitió acceder a los mercados financieros a plazos y a tipos de interés similares a los de los alemanes.

Nuestro país se sumó a Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Australia montando una burbuja inmobiliaria, asociada a un boom de crédito, financiado con ahorro exterior. Nuestra deuda externa se triplicó en una década, pasando del 30% al 90% del PIB. El endeudamiento fue privado, ya que el Estado aprovechó el fuerte crecimiento de los ingresos públicos para tener superávits fiscales y bajar la deuda pública neta al 25% del PIB. Pero el Gobierno alentó las expectativas de burbuja inmobiliaria asociándolo al España va bien de José María Aznar. Y colaboró en la dinámica de desequilibrios con un crecimiento nominal del gasto público entre 1999 y 2007 del 8% de promedio anual, muy por encima del crecimiento potencial nominal de la economía española.

En el verano de 2007 los mercados de capitales internacionales colapsaron y el flujo de financiación se cortó de golpe. Aquello provocó un aterrizaje brusco de la economía española que se vio agravado en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers y la Gran Recesión. En 2009, Grecia comenzó a tener problemas para financiar su deuda pública. Una pésima gestión de la Unión Europea y del BCE puso en cuestión la sostenibilidad de la moneda única europea.

Los inversores empezaron a temer que varios países salieran del euro y redenominarán sus deudas en una nueva moneda, provocando pérdidas equivalentes a la depreciación que se produjera. Tras Grecia el contagio llegó a Irlanda y después a Portugal. En el verano de 2011 estuvo a punto de llegar a Italia, pero la dimisión de Berlusconi y la llegada de Draghi al BCE lo evitó.

El 30 de diciembre de 2011, el Tesoro Público español tenía 30.000 millones de liquidez disponible en el Banco de España. Como reconoció Luis de Guindos, el ministro de Economía, que solicitó y firmó el memorándum del rescate, en su último libro; en julio de 2012 no había dinero para pagar las pensiones y el sueldo de los funcionarios del siguiente mes. ¿Qué sucedió en esos seis meses?

El Gobierno del PP aprobó un decreto que obligaba a los bancos a reconocer pérdidas en sus créditos dudosos a promotores inmobiliarios que llevaban a Bankia, presidida por el ministro de Finanzas durante el inicio de la burbuja, a la quiebra. El Gobierno se negó a intervenir la entidad y provocó una fuga masiva de depósitos y de capitales que desangró a la economía española y forzó el rescate financiero. Tras el rescate llegaron las subidas de impuestos, los recortes y la crisis social e institucional que aún no hemos superado.

En 2012 la deuda pública era del 75%, ahora estamos próximos al 120% del PIB. La diferencia es que ahora el BCE ha comprado 600.000 millones, el 40% de nuestra deuda pública. Pero ya han anunciado que en septiembre dejará de comprar. La deuda privada se ha reducido significativamente y los bancos están capitalizados. El problema ahora es la deuda pública y el déficit público estructural. Nuestra prima de riesgo está lejos aún de zona de peligro. Pero es necesario recordar 2012 para no tropezar de nuevo con la misma piedra.