Cómo podría cambiar la lista de espera con la extinción de Muface: de 121 a 227 días, según Fedeca
A pocas jornadas para el final de 2024, la crisis sigue sin resolverse
La crisis de la no renovación del convenio Muface, el acuerdo que permite a 1,5 millones de funcionarios elegir si optan por la sanidad pública o por la privada costeada por el Estado, todavía no se ha resuelto pese lo poco que queda de año. Tal y como detallaba Miguel Moreno Mendieta, periodista de EL PAÍS y Cinco Días, la inquietud ante el posible final de este convenio se ha extendido entre todo el funcionariado, incluyendo a los trabajadores públicos de mayor categoría del Estado.
Así, aunque todavía el Gobierno trabaja en una segunda licitación que pueda contentar a las empresas prestatarias del servicio —Adeslas, Asisa y DKV— y a pesar de que existe la posibilidad de prorrogar de forma forzosa el pacto hasta octubre de 2025, la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha calculado los efectos que podría tener la no renovación.
En caso de no prolongarse el acuerdo, los funcionarios tendrían que elegir entre quedarse en la sanidad privada pagándoselo de su bolsillo o bien, pasar a la sanidad pública. Más allá del descontento entre los funcionarios que dejarían de disfrutar de Muface, la llegada de más pacientes a la sanidad pública se traduciría en presión añadida sobre el conjunto del sistema sanitario.
De acuerdo con los cálculos realizados por Fedeca, esto provocaría que “las listas de espera para las consultas pasasen de los 121 días actuales a superar los 227 días”, después de tres años en que se habían conseguido estabilizar, según explica Ana de la Herrán, inspectora de Hacienda.
Los funcionarios, cuyo sindicato mayoritario, CSIF, ya ha convocado movilizaciones, piden que el Gobierno supere el 17% de incremento que ofreció previamente a las aseguradoras prestatarias. Todavía no queda claro qué ocurrirá, pero desde Fedeca creen que finalmente se renovará. “Al final prevalecerá la cordura”, opina Mario Garcés, interventor y auditor del Estado.
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