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El Gobierno pacta con la izquierda soberanista prorrogar el gravamen a las energéticas

El Ejecutivo deberá convencer para sacar adelante la medida a Junts y PNV, que mantienen su rechazo

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante la última sesión de control del año este miércoles en el Congreso.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante la última sesión de control del año este miércoles en el Congreso.Mariscal (EFE)

El Gobierno aprobará antes de final de año un decreto para prorrogar el gravamen especial a las grandes energéticas, según han anunciado ERC, EH Bildu y BNG tras reunirse con representantes del Ejecutivo. Ese tributo quedó fuera del paquete fiscal aprobado hace un mes —y que mañana afronta su votación definitiva en el Congreso tras pasar por el Senado— por el rechazo de Junts y PNV. La negativa de estos dos partidos también ha llevado a Podemos a subir el tono: los morados suspendieron la reunión prevista para este miércoles en la Comisión de Hacienda del Congreso después de que la formación catalana y la vasca anunciaran que no acudirían —ya la semana pasada habían dado plantón—.

El decreto entrará en vigor el 1 de enero y deberá ser convalidado en el plazo máximo de un mes, por lo que la postura del partido de Carles Puigdemont y de los peneuvistas volverá a ser decisiva, pues sin sus votos la iniciativa no tiene los números para salir adelante. De ella dependerá también la decisión de los morados, que quieren mantener un diálogo bilateral con el PSOE mientras que estos dos partidos no levanten su veto al impuesto, cuya prórroga y modificación ya abrió una brecha entre las formaciones que integran el bloque de investidura.

El impuesto extraordinario a las energéticas se aprobó a finales de 2022 para gravar los denominados beneficios caídos del cielo, es decir las ganancias extras que registró el sector por la espectacular subida de los precios de la energía a raíz del conflicto en Ucrania. El gravamen entró en vigor con una duración limitada de dos años, hasta 2024. Pero el Gobierno apostó por mantenerlo y modificarlo, entre otras cosas con un cambio en su naturaleza —no entró en vigor como un tributo, sino como una prestación patrimonial de carácter no tributario, que es una especie de compensación— y la introducción de deducciones por inversiones en renovables. El objetivo: convencer a sus socios más escépticos, en particular el PNV —grandes compañías como Iberdrola o Repsol tienen vinculación con el País Vasco—, y después Junts.

Ahí empezó un nuevo capítulo del culebrón para conseguir los votos necesarios en el Congreso. El gravamen iba a negociarse en el bloque de medidas tributarias aprobadas en noviembre, pero el PSOE pactó con Junts sacrificarlo a cambio de mantener el impuesto a la banca, aprobado en el paquete fiscal que se votará en el pleno de mañana, y subir la fiscalidad del diésel, a la que el Gobierno pretende dar luz verde vía decreto. Podemos amenazó entonces con tumbar todo el paquete fiscal y consiguió arrancar al PSOE el compromiso de prorrogar el tributo vigente a las energéticas antes de que terminara el año, un movimiento al que la izquierda soberanista da su apoyo, pero que se antoja cada vez más complicado ante los difíciles equilibrios parlamentarios.

Fuentes de las formaciones de izquierda que han negociado con el Gobierno se mostraron, sin embargo, optimistas sobre la posibilidad de que esta vez la medida salga adelante. Con ese fin han pactado incluir un sistema de bonificaciones fiscales para las inversiones en energías renovables. “De esta manera, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre entre ERC, EH Bildu y BNG con el Gobierno para garantizar que las energéticas sigan pagando lo que les corresponde. La fórmula pactada —decreto y posterior tramitación— es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas forales vasca y navarra”, anuncian en una nota publicada este miércoles.

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