Defensa impondrá una sanción multimillonaria por el retraso del nuevo blindado del Ejército de Tierra

El Ministerio de Defensa está decidido a imponer una sanción multimillonaria al grupo Tess Defence, la empresa fabricante del Vehículo de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 Dragón, tras haberse incumplido el compromiso de entregar las primeras 92 unidades del nuevo blindado este mes de diciembre. La titular de Defensa, Margarita Robles, ha convocado una reunión con los consejeros delegados de los cuatro socios de Tess (Indra, General Dynamics Santa Bárbara, Escribano y SAPA) para analizar la marcha del principal programa del Ejército de Tierra, con un presupuesto de 2.500 millones.

Ya el año pasado se incumplió el compromiso de entregar los primeros 34 blindados y entonces se acordó realizar su entrega junto a los previstos para este mes de diciembre. Pero Robles no está dispuesta a seguir mirando para otro lado. “Los retrasos no son aceptables. Tolerancia cero. Nosotros apostamos firmemente por la industria de defensa española, [pero] tenemos derecho a exigir que se cumplan los contratos. Como yo soy jurista, cuando el contrato no se cumple, los incumplimientos tendrán las consecuencias necesarias”, advirtió ya en enero pasado en el Congreso.

Aún no se sabe la cuantía de la penalización que impondrá Defensa, pues dependerá de qué parte del retraso se considera imputable a los fabricantes, ni si habrá que desembolsar el importe de la multa o, como en anteriores ocasiones, se compensará con otros trabajos que dichas empresas hacen para el Ejército. Pero será una sanción multimillonaria, según las fuentes consultadas.

Lo que no será, sin embargo, es la primera penalización por el retraso del 8x8 Dragon. Defensa ya sancionó a Santa Bárbara, Indra y SAPA —Escribano no formaba parte entonces de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se constituyó para el programa— por la demora de los cinco prototipos en los que debían probarse las nuevas tecnologías incorporadas al blindado. La multa fue abultada (9,1 millones, el 10% del importe de aquel contrato), pero la demora hizo que en agosto de 2020 se lanzara la producción de los primeros 348 vehículos sin que se hubiera concluido la fase de desarrollo y con algunas tecnologías aún inmaduras, según fuentes conocedoras del proyecto.

En los más de cuatro años transcurridos desde entonces, las empresas fabricantes no han sido capaces de resolver todos los problemas pendientes y la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa se ha negado a recepcionar este mes los primeros vehículos disponibles, muchos menos de los previstos, por considerar que no cumplen los requisitos operativos previstos en el contrato. El jefe del programa, el coronel en la reserva Vicente Infante, ha pedido el cese voluntario en el destino, según adelantó la web Infodefensa.

Los cuatro fabricantes no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad del incumplimiento. Entre otros elementos críticos, SAPA se encarga del grupo motopropulsor (motor y transmisión); Indra aporta el sistema de misión, el cerebro del vehículo; a Escribano le corresponde la torre con un cañón de 30 milímetros; y a Santa Bárbara, la plataforma.

La falta de un contratista principal que sirva de interlocutor único y asuma la responsabilidad de que se cumplan plazos y requisitos ha lastrado el programa, y por eso el Gobierno impulsó un vuelco en el accionariado de Tess Defence, adjudicataria del contrato. Indra, cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se hizo en octubre pasado con el 51% de la sociedad fabricante del Dragón, que hasta entonces se repartían a partes iguales los cuatro socios, aunque la toma del control efectivo de la compañía está pendiente de la autorización de los órganos regulatorios correspondientes, según fuentes conocedoras de la operación. Indra planea instalar un centro de producción e ingeniería en Asturias, pero no se espera que llegue a tiempo para la primera fase del 8x8, aunque sí para las siguientes, pues el programa prevé la fabricación de 998 blindados en tres tandas. Y también se aprovecharía para el futuro Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), del que se adquirirán 394 unidades por casi 2.000 millones.

Defensa ha dado prioridad a la industria nacional, exigiendo la nacionalización de hasta un 70% del nuevo vehículo y exigiendo que quede en manos españolas la denominada “autoridad de diseño”. Esto permitirá exportarlo en el futuro y realizar cuantas modificaciones y modernizaciones sean precisas a lo largo de su vida operativa.

La decisión ha supuesto, sin embargo, un alto coste: el programa no solo se ha incrementado en 420 millones (un 20% más del presupuesto inicial) sino que han pasado ya casi dos décadas desde que en 2007, tras la muerte de siete militares españoles en un atentado con coche bomba en Líbano, se puso como prioridad la sustitución de los viejos y vulnerables BMR (Blindados Medios de Ruedas), sin que nadie sepa todavía cuándo estará operativo su relevo. Habrá que acordar un nuevo calendario de entregas y ese será uno de los ejes de la reunión que mantendrá Robles con los directivos de las empresas afectadas. Cuando en enero pasado se reunió con ellos ya les transmitió su preocupación por la falta de avances del programa y les instó a reforzar la ingeniería y aumentar el ritmo de producción. Hasta ahora sin resultado.