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El regreso de La Caixa: una operación urdida en silencio para generar mucho ruido

Gobierno y Generalitat evitan revelar el papel que han tenido en la decisión, motivada por el cambio político en Cataluña

CriteriaCaixa
El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.FUNDACIÓN LA CAIXA/Europa Press

La dimensión del poder que ostenta Isidro Fainé (Manresa, Barcelona, 82 años) es comparable a la discreción con la que lo ejerce. “Procuro no hacer discursos salvo cuando es necesario”, reconoció hace años en una de sus escasas intervenciones públicas en Barcelona. Las bambalinas son su elemento, y hay que saber mirar para darse cuenta de hacia dónde dirigirá sus pasos. A finales del pasado mes de octubre Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, firmó la renovación de un convenio con la Generalitat para invertir en proyectos sociales: una firma anodina, que se repite anualmente, pero que desde hacía varios años no se rubricaba con una fotografía. Esta vez sí que se envió una imagen a los medios de comunicación: el banquero estrechaba la mano de Salvador Illa, presidente de la Generalitat desde hacía solo dos meses. El gesto era sutil pero sugería que Fainé se sentía más cómodo con el político socialista que con sus predecesores, que no terminaban de enterrar el proceso independentista. El procés que hizo que, el 7 de octubre de 2017, el grupo La Caixa trasladase sus sedes sociales fuera de Cataluña a causa de la inestabilidad política. El pasado miércoles, a Fainé no le tembló la voz cuando tuvo que comunicarle al patronato de la fundación La Caixa y al consejo de Criteria, su brazo inversor, que había llegado la hora de regresar a casa. La situación política por fin había cambiado, y había que dar el paso.

El argumento esgrimido es muy simple: cuando se fue, La Caixa dijo que se mantendría fuera de Cataluña “en tanto se mantenga la actual situación en Cataluña”. Y a la vuelta, en una breve nota el grupo argumentó que “el acuerdo alcanzado hoy por el patronato se toma atendiendo a que ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal de dichas sedes a la ciudad de Palma en el año 2017″. Aunque la decisión parezca muy mecánica, se había cocinado con sigilo y reserva. Era un paso esperado, especialmente después de que el Banco Sabadell ya decidiese devolver su sede a Cataluña en enero —un movimiento que también tuvo una gran trascendencia política, pero que también se enmarcaba en la particular situación que atraviesa el banco vallesano, en plena resistencia ante la opa del BBVA—. Pero no por esperado era evidente.

Fainé convocó las sesiones extraordinarias en el patronato de la Fundación y en en el consejo de administración de Criteria el mismo miércoles por la mañana, para tomar la decisión por la tarde y comunicarla acto seguido. El motivo: evitar que la decisión se alargase en el tiempo y que el ruido externo pudiese afectar de algún modo. Una vez se hizo pública, no faltó quién atendía al teléfono, siempre desde el compromiso del anonimato, afirmando que la resolución “se veía venir”, pero solo el círculo más próximo a Fainé estaba al corriente de como evolucionaba un asunto que quemaba en las manos de los ejecutivos de La Caixa desde hacía siete años y medio. La resolución final se maduró sin focos y se oficializó con celeridad.

“Se ha tomado ahora porque se ha considerado que era el momento para hacerlo”, se limitan a exponer desde la entidad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha limitado a celebrar la decisión y a definirla como un movimiento “empresarial”. Tanto el Gobierno como la Generalitat evitan explicar qué implicación han tenido en ello, aunque admiten que fueron informados sobre el regreso antes de que se hiciese el anuncio.

Desde el otoño de 2017, la pregunta sobre cuándo volverían las sedes estaba en muchas conversaciones en los ámbitos de la política y la economía, especialmente la de la fundación: por su arraigo en los programas sociales de Cataluña y por su simbolismo como cúspide del imperio La Caixa. Es la única accionista de Criteria, y a través de este brazo inversor, que está valorado en unos 30.000 millones de euros, está presente en varias empresas estratégicas en España. La más destacada, Caixabank, de la que Criteria tiene el 31,9%.

Así como la salida del grupo de la estrella fue lo que propició la fuga de miles de empresas durante los días del procés, se hablaba del retorno de las sedes de La Caixa como la condición para que muchas otras valorasen volver también. Un efecto arrastre que está por ver si ahora se materializa. En varias empresas que se fueron —y en el Ibex hubo algunas de mucho peso, como Naturgy, Cellnex o Colonial— el sentir era que hasta que la Fundación no diese el paso no había nada que hablar, aunque hoy oficialmente siguen eludiendo el tema.

El arraigo de Fainé, que ya supera los 80 años, en Cataluña, es otro de los motivos por los que resultaba incómodo el traslado. Fainé es hijo de agricultores de la Cataluña central. “Por eso me llamo Isidro”, indica él, en alusión al patrón de los labradores, y su dominio del santoral tiene que ver con la fe católica que profesa. Unas creencias que no le impidieron comunicar una noticia de alto voltaje en miércoles de ceniza, día supuestamente reservado para la abstinencia.

El viaje de vuelta a Barcelona llega justo en un momento en el que tanto la Fundación como Criteria han experimentado un rediseño. En Criteria, desde hace algo más de un año el consejero delegado es Ángel Simón —que como presidente de Agbar propició que esta compañía fuese la primera en devolver su sede tras el procés, en 2018—, quien ha llevado a cabo un giro en la orientación del brazo inversor de La Caixa, asumiendo más peso, en muchos casos de la mano del Gobierno, en empresas estratégicas como Telefónica, ACS, Naturgy o Puig. En la Fundación, la primera entidad de este tipo en España y una de las mayores del mundo, y cuyo presupuesto alcanzó el año pasado los 600 millones de euros, Fainé ha rediseñado la cúpula, con Josep Maria Coronas como director general desde enero. Su designación se hizo junto con el nombramiento de Esther Planas y Sergi Loughney para el cargo de directores generales adjuntos de la fundación. Loughney, como Coronas, habían trabajado hace años bajo las órdenes del president Jordi Pujol, otro político con el que, como ahora Illa, La Caixa siempre supo entenderse para hacer negocios.

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