La Justicia ordena a Castilla y León pagar dos millones a UGT y CCOO por subvenciones retiradas por Vox

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha vuelto a desbaratar las iniciativas de Vox por retirar financiación pública para los sindicatos. La Justicia ha ordenado este lunes a la Junta de Castilla y León a pagar a la Unión General de Trabajadores (UGT) los 743.000 euros comprometidos. Estos subvenciones fueron canceladas en 2023 cuando la extrema derecha aún compartía el mando autonómico con el PP, antes de que rompiera la coalición el pasado verano.

La resolución judicial se suma a la emitida la semana pasada respecto a Comisiones Obreras (CCOO) en el mismo sentido, en la que se zanjaba que la Junta debía abonar 1,23 millones al colectivo tras serles retirada irregularmente esa partida. En el caso de UGT, la cifra obtenida es algo menor porque sí aceptaron una subvención de 494.000 euros desestimada por CCOO. El secretario general autonómico de UGT, Óscar Lobo, ha celebrado la sentencia como “triunfo de los demócratas”.

El representante sindical ha comparecido este lunes en Valladolid para detallar el dictamen del TSJCyL en la línea de lo sucedido la semana pasada con el otro gran sindicato mayoritario. Lobo ha cargado contra Juan García-Gallardo, ex vicepresidente de la comunidad, y contra Mariano Veganzones, titular de Industria, Empleo y Comercio durante los dos años de la ultraderecha en la Junta. Ambos abanderaron la cruzada contra las asociaciones laborales y se empeñaron en retirar la financiación pública sobre los sindicatos entre frecuentes insultos y descalificativos.

La Justicia ha desmantelado esta estrategia alegando que, pese a eliminarse esa partida de los Presupuestos de Castilla y León, existía un compromiso establecido en las legislaciones generales. “Es un triunfo de los demócratas, la comunidad y el Diálogo Social”, ha insistido Lobo. El total comprometido era de 1,23 millones, pero este sindicato aceptó una línea de financiación directa de 494.000 euros hace unos meses, de modo que el montante se reduce, algo que no sucedió con CCOO, que declinó esa suma y ha recibido ahora compromiso de obtener el total acordado.

Lobo ha incidido, como su homólogo Vicente Andrés con la primera sentencia, que las costas de estos procesos judiciales deberían cubrirlos Gallardo y Veganzones “de sus bolsillos”, como responsables de esas medidas desmontadas por los tribunales.

El TSJCyL ha dado un “varapalo” a las políticas de Vox durante su coalición con el PP en la comunidad, según Lobo. “Cierra el círculo y remata el proceso judicial de los sindicatos de clase contra las tropelías y los abusos de la consejería de Industria, Comercio y Empleo que estuvo pilotada por Veganzones con la complicidad de Gallardo”, ha añadido en su comparecencia. Cuando los extremistas rompieron el pacto, el PP recuperó las habituales buenas relaciones con los sindicatos y con la patronal, que también se opuso a los planteamientos de Vox.

“Hoy se cumplen dos años de un proceso judicial que iniciamos en febrero de 2023 y la sentencia reconoce que los presupuestos tienen que incluir una subvención nominativa”, ha explicado el alto cargo sindical respecto a la “ilegalidad” cometida por Veganzones, ahora fuera de la vida política. Los dos pronunciamientos judiciales, que dan la razón a UGT y a CCOO, ha afirmado Lobo, “cierran una etapa negra en Castilla y León”. El paso de Vox por la consejería de Industria, Empleo y Comercio se caracterizó por sus constantes enfrentamientos con los sindicatos y con el ministerio de Trabajo, que llegó a emitir dos requerimientos formales contra la Junta por sus iniciativas contra el Diálogo Social y los servicios de mediación empresarial.