Consumo abre expediente sancionador a Alquiler Seguro por supuestas prácticas abusivas en la gestión de alquileres

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas en la gestión del arrendamiento de viviendas. Entre las irregularidades investigadas figura la imposición a los inquilinos de contratar seguros y otros servicios adicionales no solicitados, lo que contravendría la Ley por el Derecho a la Vivienda. La actuación ministerial se enmarca en una investigación más amplia iniciada el pasado mes de octubre y que sigue en curso, con la posibilidad de que otras agencias se enfrenten a procedimientos similares, según ha informado en un comunicado de prensa el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Desde Alquiler Seguro, su consejero delegado, David Caraballo, ha defendido la legalidad de sus prácticas y ha asegurado que la compañía “cumple la norma a rajatabla y lo lleva haciendo durante 17 años”. No obstante, se ha mostrado abierto a revisar cualquier aspecto de sus procedimientos si así lo requiere la interpretación del Ministerio. “Nos encontramos en un proceso muy inicial y aún no conocemos el alcance del expediente ni los puntos específicos a los que hace referencia”, ha explicado Caraballo. La inmobiliaria sostiene que los cobros que realiza, como la exigencia de dos mensualidades por garantía, están dentro del marco legal y no constituyen comisiones encubiertas. Asimismo, ha subrayado que la inmobiliaria es una empresa transparente, con todos sus servicios y contratos públicos en su web, y que están dispuestos a demostrar su “buen hacer” tanto a la Administración como a cualquier persona que lo solicite. Ante las preguntas sobre si modificarán sus procedimientos, ha insistido en que cumplen la normativa vigente y que, en caso de ser necesario algún ajuste por la interpretación de la ley, estarían dispuestos a analizarlo. Pero primero deben “analizar” el caso para ver “qué interpretación” se da al expediente y a los puntos señalados por Consumo.

El expediente contra Alquiler Seguro ha sido impulsado a raíz de quejas presentadas por el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU, que han señalado a diversas agencias inmobiliarias por aplicar tarifas que, según la normativa vigente, deben asumir los propietarios. Las asociaciones han celebrado la decisión de Consumo, considerando que sus denuncias han permitido poner de manifiesto las prácticas abusivas generalizadas en el sector. Las denuncias se refieren a infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino, todas ellas incluidas en la actual ley por el derecho a la vivienda, que prohíbe que los inquilinos se hagan cargo de los gastos de gestión inmobiliaria, de formalización del contrato o imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.

En un comunicado, el Sindicato de Inquilinas ha detallado que la documentación aportada para la investigación, “proveniente de varias afiliadas al sindicato, deja claro que la inmobiliaria exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino que se quedaba la propia empresa. Del mismo modo, Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico ‘seguro de impago’ que [la compañía] reconoce incapaz de hacer frente a una huelga de alquileres”.

La investigación contra Alquiler Seguro y otras inmobiliarias se produce en un contexto de creciente tensión en el mercado del alquiler, marcado por el encarecimiento de los precios y la escasez de vivienda asequible. La crisis habitacional ha generado una oleada de críticas hacia las prácticas del sector, con acusaciones de que muchas agencias imponen condiciones abusivas a los inquilinos para maximizar sus beneficios. Ante estos reclamos, el ministerio decidió en octubre del año pasado poner en marcha una investigación para detectar y sancionar dichas actividades.

La ofensiva contra Alquiler Seguro se suma a otros expedientes sancionadores en el ámbito de la vivienda. En diciembre, el Ministerio abrió un procedimiento contra la plataforma de alquiler vacacional Airbnb por mantener anuncios fraudulentos. La compañía mantenía miles de anuncios de alojamientos de este tipo que no tenían licencia o no la mostraban. La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente. Posteriormente, en febrero, se iniciaron acciones contra otras gestoras de pisos turísticos por publicidad engañosa en distintas comunidades autónomas. Según el ministerio, se detectó que dichas sociedades estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación”, lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trataría de una empresa.

Las sanciones por incumplimiento de la normativa pueden oscilar entre los 100.000 euros y un millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y de los beneficios ilícitos obtenidos. En el caso de Alquiler Seguro, el desenlace del expediente aún está por determinar, pero la investigación marca un nuevo episodio en el creciente escrutinio sobre el sector inmobiliario y su papel en la crisis de vivienda.