El déficit público se reduce en unos 8.000 millones en 2024, hasta el 2,8% del PIB con una recaudación récord

El déficit público encadena cuatro años a la baja desde los máximos marcados en pandemia. En 2024 se situó en el 2,8% del PIB, equivalente a 44.597 millones de euros, según los datos presentados este jueves por el Ministerio de Hacienda, un descenso comparado con el 3,5% del ejercicio previo. El porcentaje es inferior al tope fijado por las reglas europeas, lo que no ocurría desde 2018, y está aupado por el sólido crecimiento económico —del 3,2% el año pasado— y una recaudación de impuestos récord, que creció un 8% hasta los 294.734 millones de euros. “Las cifras que presentamos hoy reflejan el saneamiento de las cuentas públicas”, ha dicho la titular del departamento y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, durante la presentación de los datos de cierre presupuestario. Si se incluye el impacto de la dana, que Bruselas no tendrá en cuenta a la hora de revisar si España ha cumplido con los objetivos de estabilidad, el desfase aumenta hasta el 3,15% del PIB, unos 5.600 millones más que suponen el 0,35% del PIB, asumidos en su casi totalidad por el Estado.

El Gobierno había proyectado unos números rojos del 3% del PIB para el ejercicio pasado, en línea con el umbral máximo fijado por las reglas europeas. El plan de ajuste enviado a Bruselas en octubre, una especie de hoja de ruta económica y fiscal para los años venideros, plantea que el déficit de las Administraciones públicas baje al 2,5% este año, al 2,1% en 2026 y para 2031, el último año incluido en las estimaciones, se recorte hasta el 0,8% del PIB.

El Ejecutivo no contaba, sin embargo, con el impacto causado por la tragedia de la dana, que ha exigido una respuesta contundente en términos de ayuda humana y económica. La Autoridad Fiscal, el organismo independiente encargado de velar por las cuentas públicas, estimaba en su último informe que el Gobierno ha desplegado cerca de 16.650 millones de euros en apoyo a las zonas afectadas a través de tres decretos, una cifra que se suma a los cerca de 1.300 millones movilizados por la Comunidad Valenciana. El impacto conjunto de estas medidas sobre el déficit público, según la entidad, sería de unos 9.500 millones, equivalentes a seis décimas de PIB en 2024 y 2025. Es decir, unas tres décimas por año.

Bruselas ha asegurado que el gasto público para apoyar a los ciudadanos y las áreas devastadas por las inundaciones no se tendrá en cuenta a la hora de definir si España ha cumplido con el marco de estabilidad comunitario, que ha vuelto a estar activo tras cuatro años de suspensión —que permitió a las capitales nacionales desplegar un cañón de gasto durante la pandemia y la crisis inflacionaria— y una reforma de las mismas que pone el foco sobre la reducción de deuda.

Otra espada de Damocles que pende sobre la estabilidad presupuestaria son las sentencias judiciales que el Estado ha perdido, que acumulan miles de millones de euros a devolver. Montero ha aclarado que el resultado de cierre presupuestario de 2024 incluye 11.000 millones de euros, un 0,7% del PIB, vinculados a estos reveses judiciarios, que ha achacado a la “mala praxis” de los anteriores Gobiernos del PP. De esta cifra, unos 8.000 millones son one-off, el anglicismo que se usa en jerga fiscal para decir que son un gasto puntual que no se repetirá en el futuro.

Montero ha enumerado algunas de las sentencias más relevantes: el fallo que tumba la reforma del impuesto de sociedades de 2016 supone devoluciones por unos 3.000 millones de euros; otros 1.100 van a compensar a los afectados por el complemento de maternidad de las pensiones. La decisión judicial que obliga a devolver a los jubilados de las antiguas mutualidades lo que tributaron en exceso en el IRPF arroja una factura de 5.936 millones.

Sobre este último punto, Montero ha asegurado este jueves que se producirá un cambio en el calendario de devoluciones y que se podrán volver a pedir de golpe, como han solicitado los afectados y los sindicatos. Tras el fallo del Supremo, los antiguos mutualistas podían pedir que se les reintegraran los últimos cuatro años no prescritos, una posibilidad a la que la Agencia Tributaria cerró la puerta el pasado diciembre, estableciendo que solo se pudiese reclamar el último ejercicio no prescrito de año en año. “Hemos decidido que ese criterio se cambie por el del pago único de la cantidad que se tiene que recibir. Esto lo va a hacer la Agencia Tributaria y hará falta revalidar que la persona quiere hacer uso del derecho”, ha explicado la ministra. “Lo pagaremos en el año 2025 en su práctica totalidad”.

La Administración central, como es normal, acumula el mayor desvío, del 2,6% del PIB. Las comunidades han rebajado sus números rojos con fuerza, pasando de un déficit del 0,9% al 0,1%. Solo seis autonomías registraron un desfase, con la Comunidad Valenciana a la cabeza (1,7%); las demás tuvieron más ingresos que gastos. Los municipios, el subsector más virtuoso por tener unas reglas presupuestarias más estrictas, ha registrado un superávit del 0,4%; la Seguridad Social ha mantenido su desajuste en medio punto del PIB, un resultado al que contribuye de forma incisiva el apoyo de la Administración central.

El déficit público indica el saldo negativo entre los ingresos y los gastos del conjunto de Administraciones públicas. Que un país tenga un cierto desajuste en sus cuentas es habitual y no supone un riesgo para la sostenibilidad, siempre y cuando no sobrepase ciertos límites, pues cuanto más crezca —y se cronifique— el desfase, más complicado es lidiar con la deuda, sobre todo si está en niveles elevados. Es el caso de España. Aunque ha bajado su ratio de pasivo sobre el PIB desde los récord alcanzados entre 2020 y 2021 y ha cerrado 2024 en un nivel mejor a lo pronosticado, la tasa de deuda sigue siendo un lastre pesado: el año pasado superó el 101% del PIB, de acuerdo con el Banco de España. El Gobierno prevé que la ratio baje del 100% el próximo año y para 2031 ronde el 90% del PIB.

Recaudación

Los ingresos tributarios han seguido viento en popa y han alcanzado un nuevo máximo histórico. El impuesto de sociedades es la figura que más ha aumentado la recaudación, un 11,5% hasta los 39.096 millones, gracias al incremento de los beneficios empresariales. Es la cifra más elevada desde 2007, justo antes de que pinchara la burbuja inmobiliaria. Los ingresos por IVA alcanzaron un récord de 90.541 millones (7,9% más) al calor del mayor consumo y la subida de precios. Pero es el IRPF el impuesto que más tira de la recaudación: brindó 129.408 millones en 2024 (un 7,6% más), el importe más elevado de la serie que refleja tanto la fortaleza del mercado laboral, con una afiliación en niveles récord, como el impacto de las subidas salariales acometidas para mitigar el golpe de la inflación y la negativa del Gobierno a deflactar el tramo estatal del impuesto —a diferencia de la mayoría de las comunidades—, optando por una rebaja fiscal solo para las rentas más bajas.

Un estudio del centro de análisis Funcas publicado el miércoles calcula que el efecto recaudatorio acumulado de la subida de precios fue de 9.747 millones entre 2021 y 2024. “No hay una fórmula única para calcular cuánto se debe a la inflación”, ha matizado Montero. “El último consenso lo estimaba en 20%. En cualquier caso, el Gobierno de España ha hecho una selección de los grupos que más se tenían que proteger”, ha dicho en rueda de prensa. “Hay otros elementos importantes que han impulsado la recaudación”, señalando la mejora del empleo y de los beneficios corporativos. Y, en general, una economía que va bien, pese a la creciente incertidumbre internacional y una zona euro que no logra levantar cabeza.