Baleares blinda 90.000 plazas de alquiler turístico y desata la furia del sector hotelero

El gobierno de Baleares ha aprobado este viernes un decreto ley que rescata y afianza 90.000 plazas de alquiler turístico que la ley balear de Turismo condenaba a desaparecer de forma paulatina. El esperado decreto para la contención, contra la oferta ilegal y para la calidad turística del ejecutivo de la popular Marga Prohens, que ha cambiado su nombre original tras las exigencias de Vox para eliminar las referencias a la sostenibilidad y la contención, legalizará a todos los efectos estas plazas dando respuesta a una reivindicación histórica de la patronal del alquiler vacacional y renuncia a incrementar el importe de la ecotasa este año. Esta concesión a no incluir una subida de impuestos, por imposición de los ultras, no ha sido suficiente para calmar los ánimos del sector hotelero que, a través de la Federación Hotelera de Mallorca, ha cargado duramente contra el decreto, calificándolo de “aberrante” y acusando al gobierno del PP de empeorar aún más la situación del mercado de la vivienda en las islas.

A principios de legislatura el gobierno de Prohens puso en marcha la llamada Mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de las islas. Un grupo de trabajo del que salieron hace unas semanas una serie de propuestas para frenar la saturación y garantizar la viabilidad del sector a futuro. Sin embargo, la imposibilidad de sacar adelante las propuestas por la falta de apoyos parlamentarios ha llevado al gobierno del PP a realizar concesiones y dar respuesta viejas promesas políticas como el blindaje del alquiler vacacional, la comercialización de sus plazas o la congelación de la ecotasa para este año, a pesar de que inicialmente la presidenta anunció una subida en los meses de invierno, algo que no renuncia a hacer si logra los apoyos necesarios.

La medida más polémica ha sido la estabilización de alrededor de 90.000 plazas de alquiler turístico que estaban condenadas a desaparecer con el paso del tiempo. A partir de la ordenación practicada en la reforma de la ley balear de Turismo de 2017, afloraron mediante declaraciones responsables de actividad alrededor de 90.000 plazas que estaban vinculadas a las viviendas en las que se practicaba el negocio y que no se podían transferir o vender. Un modelo que pretendía mantener lo que existía con una tendencia al decrecimiento y que, según denunció la patronal del alquiler turístico HABTUR, estaba condenada a la extinción a medida que las plazas se fueran dando de baja.

Ahora, el gobierno de Prohens ha dado luz verde a la comercialización de estas plazas, por las que sus propietarios no pagaron nada en su día y que se incluirán en una bolsa en la que se podrán comprar e intercambiar. El sector turístico de Baleares ha funcionado siempre mediante estas bolsas que permiten controlar el crecimiento de las ocupaciones en los establecimientos turísticos. Estas bolsas, que se distribuían y diferenciaban por islas, se nutrían de las plazas que se daban de baja y, por ejemplo, para impulsar un nuevo hotel el empresario tenía que recurrir a ellas comprando las plazas de alojamiento que precisaba.

Ahora también lo podrán hacer los empresarios dedicados al alquiler vacacional, que no necesitarán comprar dos plazas para crear una como ocurría hasta ahora, sino que se computarán una por una. Según los últimos datos de la Agencia de Estrategia Turística referidos al año 2023, en Baleares había registradas 160.133 plazas de alquiler turístico, con un crecimiento del 17% desde 2018.

“El gobierno del pacto de progreso autorizó 90.000 plazas de alquiler vacacional y al final de la legislatura dijeron que había que decrecer porque se habían pasado de la raya. Lo que nosotros hacemos es estabilizarlas para que no desaparezcan, pero ya están” ha defendido el vicepresidente del gobierno regional, Antoni Costa, quien ha insistido en que el PP no apuesta por el “decrecimiento” de las plazas turísticas sino por el mantenimiento de las ya existentes. El decreto también contempla como novedad la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en pisos, algo que ya está prohibido en Palma y en la isla de Ibiza y de facto en el resto de Baleares porque hay una moratoria de plazas aprobada por el gobierno de la socialista Francina Armengol en 2022.

Críticas del sector hotelero

Los grupos de la izquierda han criticado un decreto que, para la líder de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, es un “engaño masivo” que provocará que Baleares alcance los 20 millones de turistas anuales “que es un gran error. La patronal hotelera de las islas ha cargado duramente contra el decreto de Prohens y ha hecho patentes las fricciones que parte del sector mantenía con el gobierno del PP, que recientemente se habían agravado tras el anuncio del gobierno regional de incrementar el importe de la ecotasa. La Federación Hotelera de Mallorca ha calificado de “aberrante, escandaloso e incomprensible” el nuevo decreto y ha rechazado el modelo del alquiler turístico que promueve el ejecutivo balear al considerar que perpetuará las viviendas plurifamiliares en el mercado turístico “en lugar de contribuir a mejorar el acceso a la vivienda eliminándolas”.

“Aberrante es permitir que se comercialicen plazas vacacionales que no se pagaron y que otras que han sido virtuales se activen agravando todavía más la situación crítica de la vivienda” han señalado en un comunicado, en el que también cuestionan que se trate “con equidistancia” a ambos sectores “como si ambas aportaran el mismo rédito a la sociedad”.

Especialmente duro ha sido el director ejecutivo de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, que dirige la mayor cadena hotelera de España por número de camas. En una tribuna publicada en Diario de Mallorca, Escarrer acusa al gobierno regional de haberse decantado “claramente” por el modelo del alquiler turístico y de no atacar el problema ni aportar las soluciones que, a su juicio, espera la ciudadanía y que pasan por devolver al mercado residencial miles de viviendas plurifamiliares. Habla Escarrer de unas islas desbordadas, llenas de turistas low-cost, con maletas rodando por el centro, cajetines con llaveros en los portales y yendo en dirección contraria al de otros destinos saturados que están trabajando para poner coto y eliminar el alquiler turístico.

“Unas islas insostenibles a las que los turistas rentables, respetuosos, de alto valor añadido, irán dejando, progresivamente, de venir, porque Baleares no será un destino de calidad, rentable, ni sostenible, y en las que nuestros hijos y nietos no podrán acceder a una vivienda. La pregunta a nuestros legisladores es: ¿Habrá valido la pena el puñado de votos que hayan conseguido a cambio?”, se cuestiona.