Inmigración: el motor invisible detrás de la recuperación laboral española

Un fenómeno silencioso pero transformador está ocurriendo en nuestro mercado laboral: tres de cada cuatro nuevos empleos creados entre 2019 y 2024 han sido ocupados por personas no nacidas en España. Este dato revela una cuestión muy a tener en cuenta por crucial para nuestra economía: la inmigración se ha convertido en el pilar fundamental sobre el que se sostiene buena parte del crecimiento laboral, y económico, español.

Según el reciente informe de FEDEA realizado por Miguel Ángel García y Fernando Pinto basado en los datos de la EPA, de los casi 1,9 millones de empleos generados en este periodo, 1,35 millones (un 71,4%) corresponden a trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad. La presencia de inmigrantes en el mercado laboral español ha aumentado, así, del 15,9% de los ocupados en 2019 al 20,7% en 2024.

Normalmente, las tesis de suma cero nos indicarían que esta “avalancha” es a costa del trabajador nacido o nacionalizado español. Sin embargo, lo que observamos es, en realidad, un fenómeno de complementariedad, no de sustitución. Mientras los trabajadores nacidos en España han incrementado su presencia principalmente en ocupaciones cualificadas —técnicos y profesionales científicos e intelectuales y técnicos profesionales de apoyo— y en sectores como administración pública, educación y sanidad (80,6% del incremento) e información y comunicaciones, los trabajadores extranjeros se han concentrado en servicios de restauración y comercio, ocupaciones elementales, construcción y transporte y almacenamiento, evidenciando una distribución ocupacional guiada, posiblemente, por las necesidades diferenciales de la economía.

Esta complementariedad muestra, además, cómo se está distribuyendo el empleo dentro de esta transformación estructural. Así, los nacionales están ascendiendo en la escala ocupacional, acaparando cada vez más ocupaciones donde la cualificación y las tareas son más elevadas y complejas. Mientras, los inmigrantes cubren vacíos esenciales en sectores con dificultades para encontrar mano de obra, permitiendo el funcionamiento del conjunto de la economía. Podemos decir, de este modo, que uno de los papeles que juega la inmigración es su contribución para contrarrestar el acelerado envejecimiento de la población activa española.

Un dato revelador: entre los nacidos en España, el incremento de la ocupación se ha conseguido íntegramente por personas mayores de 45 años, mientras ha disminuido notablemente en el tramo de 30 a 45 años (-693.896 personas). Esta tendencia se agrava al considerar que la población activa española ha disminuido en casi 99.000 personas, siendo todo el incremento de 1,3 millones de activos proveniente de personas no nacidas en nuestro país. Sin la aportación de estos trabajadores extranjeros, mayoritariamente en edades activas intermedias, no solo el sistema productivo enfrentaría un desafío demográfico mucho más severo, sino que la sostenibilidad del sistema de pensiones y la capacidad productiva del país estarían aún más comprometidas de lo que ya lo están.

Esta dualidad nos sitúa ante un dilema: ¿tiene sentido aspirar a un modelo económico (y social) que prescinda de esos empleos de baja cualificación, automatizándolos o deslocalizándolos? ¿O debemos asumir que el crecimiento de nuestra economía necesita esa mano de obra y, por tanto, integrar adecuadamente a quienes la proporcionan? La respuesta probablemente contenga elementos de ambas aproximaciones, pero exige honestidad. Si nuestra economía necesita inmigrantes —y los datos demuestran que los necesita desesperadamente—, el discurso político debería alinearse con esta realidad en lugar de alimentar tensiones sociales contra quienes sostienen sectores vitales, sin ignorar los desafíos que conlleva, como la concentración territorial en comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares que está tensionando mercados como el de la vivienda, o la polarización educativa que plantea interrogantes sobre la calidad del crecimiento económico. Necesitamos políticas de inmigración inteligente y de integración, no de exclusión.

El principal riesgo es consolidar un mercado laboral donde el origen determine oportunidades profesionales. Para evitarlo, necesitamos políticas de reconocimiento de cualificaciones extranjeras, programas formativos adaptados, incentivos a la movilidad territorial y un marco que facilite la inmigración legal en lugar de fomentar la irregularidad.

España enfrenta un invierno demográfico que amenaza pensiones y zonas rurales. La inmigración representa una vía para compensar parte del desequilibrio de nuestra pirámide poblacional, al menos a corto plazo, pues a largo el problema no se resuelve tan fácilmente. El verdadero desafío no es frenar la inmigración, sino gestionarla inteligentemente para maximizar beneficios y minimizar tensiones. El futuro de nuestra economía y estado de bienestar depende de transformar esta necesidad en una política de Estado que facilite la integración del capital humano que traen consigo.