Vox mete la polarización en las escuelas: lanza una ofensiva a favor del veto parental en las aulas

Vox ha lanzado una campaña para intentar implantar el veto parental en las escuelas de toda España. El partido de ultraderecha anunció el lunes la presentación de propuestas en los parlamentos autonómicos para instar a sus ejecutivos regionales a “garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”. EL PAÍS ha comprobado que la formación ya ha registrado tales mociones en al menos cuatro cámaras regionales. Los acuerdos suscritos en verano entre el PP y Vox contenían referencias muy genéricas a la capacidad que se pretendía dar a los progenitores para intervenir en lo que se enseña en la escuela. Lo que plantea ahora la ultraderecha, en cambio, es sin duda un veto parental, que situaría a las familias por encima de lo que establece la ley orgánica de educación y sus normas de desarrollo, y les permitirían censurar los contenidos que reciben sus hijos.

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, asegura que dicho tipo de veto sobre contenidos curriculares no tiene encaje jurídico, y que en caso de que una comunidad lo introduzca, el ministerio reaccionará llegando si es necesario a los tribunales. Al mismo tiempo, añade Bar, “los padres tienen toda la libertad de decidir las actividades extraescolares a las que acuden sus hijos”. En Murcia, el único territorio donde el PP ha llegado hasta ahora a plantear la implantación del veto parental ―en 2019, empujado también por Vox―, el gobierno regional acabó dando marcha atrás después de ser advertido por el ministerio.

A la espera de que las propuestas de Vox se debatan en los parlamentos regionales, en la comunidad educativa ya han saltado algunas señales de alarma. Como la suspensión por parte del Gobierno de Aragón de un programa sobre prevención de violencia de género y sexual que venía realizándose desde hace varios cursos en la comunidad autónoma con financiación del Ministerio de Igualdad. O la petición, por carta, de la Consejería de Educación valenciana a todas las direcciones de escuelas e institutos de que informen a las familias “de todo lo que se hace” en los centros, actividades curriculares incluidas, después de recordarles “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, afirmó el lunes que su plan consistía en llevar a cabo “una acción coordinada en todas las instituciones donde la formación tiene representación” —después de las elecciones de mayo, la ultraderecha tiene representación en todos los parlamentos autonómicos, salvo en Galicia—, según el comunicado difundido por el partido. Este periódico ha comprobado que al menos en cuatro cámaras, las de Extremadura, Aragón, País Vasco y Cantabria, ya se han presentado. Una parte del texto es idéntico, pero cada una contiene además menciones vinculadas a la realidad de cada territorio, vista desde la óptica de Vox.

Las exigencias de Vox no tienen posibilidades de prosperar en muchas de las comunidades autónomas, dada la relación de fuerzas existente en ellas. Pero en seis de los 11 territorios que gobierna el PP, la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Baleares, Aragón y Extremadura, Vox forma parte del ejecutivo o, sin hacerlo, sus votos fueron necesarios para que el PP consiguiera la presidencia y continuarán siéndolo toda la legislatura para aprobar leyes, de forma que su capacidad de presión es mucho mayor. Y ya empiezan a acumularse indicios de ello.

En Extremadura, la reacción inicial de Ara Sánchez, secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, adscrita a la Consejería de Presidencia, a la iniciativa legislativa planteada por Vox fue tibia: Sánchez afirmó que los planteamientos de Vox estaban “en consonancia con lo que dispone el artículo 27 de la Constitución Española” (que recoge el derecho a la educación y la libertad de enseñanza) y que deberían debatirse. Su posición fue corregida después por el PP de Extremadura, que destacó que el veto parental (que la ultraderecha llama pin parental) no figura en el acuerdo de gobierno suscrito por ambas fuerzas, y que no van a admitirlo. “La propuesta de Vox se debatirá, si tiene que hacerse, pero nos atenemos al acuerdo de gobernabilidad”, añade una portavoz de la Consejería de Educación. Ignacio Urquizu, diputado autonómico del PSOE, tiene previsto preguntar este viernes en las Cortes de Aragón al Gobierno regional por la suspensión de un programa sobre prevención de violencia género y sexual, que se realizaba desde hace varios años en la comunidad autónoma y que en 2022 llegó a más de 3.000 adolescentes.

Y en la Comunidad Valenciana, el número dos de la Consejería de Educación, Daniel Mc Evoy, instó por carta el viernes pasado a todos los directores de colegios e institutos a que informen a las familias “de todo lo que se hace” en sus centros, incluidas las “actividades complementarias” que forman “parte del currículo y del proyecto educativo de cada centro”. Así como que trasladen aquellos escritos en los que alguna familia manifieste su “disconformidad” con “cualquier actividad complementaria programada o realizada” a la respectiva dirección territorial de la consejería a través de los inspectores de educación. Una portavoz del departamento rechaza que la carta pueda interpretarse como un aviso para navegantes, y afirma que se trata de un texto en el que se expresa “apoyo al trabajo que realizan los centros” al tiempo que se facilitan los cauces para aquellas familias que quieran presentar quejas.

En un momento en que, ante los crímenes machistas, las violaciones grupales en las que hay implicados menores, o la difusión de falsas fotografías de carácter sexual manipuladas con inteligencia artificial, los expertos subrayan la importancia de la prevención y la formación en la escuela, la secretaria de Educación del PSOE, Mari Luz Martínez Seijo, lamenta que Vox arrastre al PP a un debate completamente distinto. Como ejemplo de ello, uno de los elementos que la ultraderecha rechaza en las propuestas no de ley que ha empezado a registrar en los parlamentos autonómicos figura la siguiente afirmación (que pertenece al currículo de Primaria): “Desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual”.

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