Los rectores se alían para pescar fondos europeos

Las 87 universidades de España abrieron bien los ojos cuando, en julio de 2020, el Consejo de la Unión Europea aprobó una partida para España de 72.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU hasta 2026, convirtiéndolo en el segundo país receptor de subvenciones tras Italia. Por eso, antes de que el Gobierno mandase a Bruselas su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los rectores presentaron al entonces ministro de Universidades, Manuel Castells, unas líneas generales de actuación en las que se necesitaría inversión. Eso sí, según salgan las convocatorias, cada universidad se presentará a ellas con sus peticiones particulares.

Los campus quieren más, porque la partida expresa para digitalización de los campus y capacitación del profesorado ―530 millones― les sabe a poco. Así, en el informe Plan de recuperación y resilencia. Participación de la universidad, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) detalla dónde va a ir el grueso de las inversiones ―rehabilitación de vivienda, modernización de las administraciones y digitalización de las pymes― y señala en qué nichos pueden pescar fondos las universidades: se consideran “directamente relacionadas” con la capacitación digital de la ciudadanía y modernización del sistema educativo (7.300 millones) y con el refuerzo del Sistema Nacional de Salud impulsando actividades de I+D (4.936 millones). Un escalón más bajo, como acciones “parcialmente relacionadas”, sitúan la modernización de la Administración, la lucha contra la despoblación e iniciativas digitales relacionadas con la cultura; y como “indirectamente relacionadas” posicionan la recuperación ecológica, el cuidado de los dependientes y la modernización del tejido empresarial. “Es una guía para recorrer la selva metodológica”, ironiza Salustiano Mato, vicepresidente adjunto de la CRUE y coordinador del trabajo.

Las universidades defienden ―y así lo razona Bruselas― que deben ser un actor fundamental de la transformación económica y social, porque aúnan el conocimiento ―la respuesta de la ciencia a la pandemia se ha convertido en su incontestable aval―, tienen la capacidad de formar a las nuevas generaciones, emprenden a través de las spin-off (empresas derivadas) y las start-up (empresas emergentes). Y son un puente de transferencia de la innovación a las empresas; aunque este es su gran talón de Aquiles, pues muchas de las publicaciones científicas no tienen impacto en la sociedad.

La Agenda 2030

Existen dos tipos de convocatorias con fondos Next Generation de la UE: las habituales de investigación con mayor cuantía y otras de los distintos ministerios y comunidades autónomas en torno a los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030. Ana Caro, coordinadora de los programas en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que han presentado tres proyectos: quieren hacer más ecológico su campus fundado hace 52 años; establecer relación con ganaderos y comerciantes de la zona para fomentar los productos de proximidad, y un tercero para trenzar lo que han denominado “nodos violetas”, una mentoría para aprender a diferenciar la violencia sexista.

El informe de 2020 de la Fundación de Conocimiento y Desarrollo (CYD) reivindica el papel de las universidades y aconseja impulsar las OTRI (oficinas de transferencia de los resultados de la investigación) y los consorcios entre universidades, centros de investigación y administraciones con personalidad jurídica propia.

Aunque en los últimos años se ha invertido mucho en parques tecnológicos ―si bien menos de lo previsto en los campus de excelencia―, los rectores apuestan por que estos fondos se canalicen en muchos casos a través de pequeñas pero imaginativas emergentes o derivadas de las universidades. Creen que serían más rentables “por su mayor dinamismo y sus capacidades para singularizar los productos y servicios que ofertan en los mercados emergentes”.

La Fundación CYD recuerda en su informe que para hacer frente a los retos de las universidades necesitan “una mayor financiación y mayor autonomía, y también un sistema de incentivos que oriente la actividad universitaria”. Entre 2008 y 2020, la partida destinada a ellas cayó un 20,1%, según los datos del EUA Public Funding Observatory, el observatorio de financiación de las universidades europeas. Por ese motivo, los rectores reclamaron el año pasado 150 millones de los Presupuestos Generales del Estado para “reforzar el sistema universitario” a través de su ministerio para hacer frente a los nuevos retos. No lo lograron y este año piensan insistir, pero negociarán con la ministra de Ciencia, Diana Morant, que sí dispone de fondos a repartir. Esta vuelta a la casilla de partida pone de manifiesto los enormes problemas de gestión que supone que las competencias de los campus estén repartidas en dos ministerios, aunque sus responsables dicen reunirse al menos una vez a la semana (comparten espacio en el mismo edificio).

Solo el 10% del profesorado universitario permanente es IP (Investigador Principal) de proyectos financiados en concurso público y los rectores creen que los retos del plan de recuperación pueden ser un gran acicate. En el estudio entregado al ministerio, reconocen que “los ecosistemas más innovadores y dinámicos a nivel mundial poseen fuertes lazos con las universidades más prestigiosas” y que en España “este potencial no se aprovecha al máximo y hace necesario establecer una agenda de transformación”.

Sin ventanilla única

Pero establecer la agenda es complicado. Las cuatro politécnicas ―Barcelona, Madrid, Valencia y Cartagena (Murcia)― propusieron sin éxito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo canalizar parte de los fondos que reparte. En un artículo común en EL PAÍS, sus rectores relataron el pasado marzo sus fallidos planes: querían “crear una red de laboratorios, equipos, profesionales, estudiantes y departamentos de I+D+i que conecten la universidad con las pymes”. Para Mato, quien fuera rector de la Universidad de Vigo, es un problema de “cultura, no se visibiliza lo que se hace en otras esferas”. En España no hay una ventanilla única, como en la centralista Francia ―gestionan los fondos el Estado, las comunidades autónomas y entidades locales― y en cada una están acostumbrados a hablar con los interlocutores de siempre. Mato cree que juega a favor de las universidades su presencia en todas las provincias, “porque cualquier iniciativa tiene que empapar en todo el territorio, ser transversal”. E insiste: “Los proyectos tienen que tener solución de continuidad después, cuando lleguen los préstamos reembolsables”. España podrá pedir hasta 80.000 millones en créditos.

A 10 años vista va a trabajar Pedro Merino, director del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software (ITIS) de la Universidad de Málaga. Normalmente, una quinta parte de los 100 investigadores y técnicos (50 doctores) del centro suele trabajar en temas de 5G, pero ahora todos van a sumar fuerzas para sacar adelante proyectos de internet táctil ―para agilizar actividades como mover un robot en un quirófano o un coche sin conductor― o en buenas interacciones remotas para el internet de las emociones (metaverso) en 6G. El ITIS recibirá cuatro millones a gastar en tres años, pero sabe que luego optará a fondos del programa marco de investigación Horizonte Europa que culmina en 2027 junto a otros socios de la UE. “Esta forma de encadenar actividad nos permite mantener plantilla, los contactos internacionales y los equipamientos”, subraya Merino. Ahora se hallan inmersos en la selección de 10 empresas españolas que se sumen al proyecto.

Aunque las transformaciones digital y verde son los grandes pilares de los fondos, la lengua española se ha convertido también en uno de los grandes ejes. Por eso la vicepresidenta económica Nadia Calviño acaba de visitar la Universidad de Salamanca, que tratará de atraer partidas para aplicar la inteligencia artificial en la enseñanza del castellano, para crear el Campus Panhispánico Virtual del Español o certificar el aprendizaje del idioma como lengua extranjera para los adolescentes de Estados Unidos. Y Salamanca quiere implicar en el proyecto, con nuevos enfoques educativos, a la red de academias de español de la ciudad. En paralelo, el Gobierno de La Rioja pretende promover el Valle de la Lengua en el valle del monasterio de San Millán de la Cogolla, con un campus de aprendizaje del español y un museo digital sobre este idioma. Nadie quiere quedarse atrás.

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