Juan Bravo: “La bajada de juicios es culpa de la crisis, no de la nueva ley de tasas”

Juan Bravo no pierde la sonrisa. Aunque esta a veces oscile entre la ironía y el cansancio. El subsecretario de Justicia peina nuevas canas desde que ostenta su cargo, pero no duda en defender la ley de tasas de la que él y el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, son máximos artífices. De camisa y corbata, sentado frente a una mesa de juntas desierta, Bravo afirma que jueces, fiscales y abogados se equivocan en cargar sobre el tasazo que los ciudadanos hayan desertado de los tribunales.

Pregunta. Se ha hablado de una caída del 35% en asuntos civiles por el tasazo.

Respuesta. Eso no es verdad. La tendencia es la siguiente. En el orden civil: de 2010 a 2011 caen un 4%; de 2011 a 2012, un 10%; y de 2012 a 2013, un 14%. Pero en el orden penal también han bajado, y no hay tasas. Y donde más han descendido es en el contencioso administrativo, un 21%. Pero es que de 2011 a 2012, aún sin tasas, se habían desplomado un 26,1%. ¿Qué está ocurriendo? Hay un sector que dice que esta caída se debe exclusivamente a las tasas judiciales y estamos conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva. Y lo que me pregunto es por qué en el año 2012, sin tasas, cayó la litigiosidad en el contencioso un 26%? ¿Y de dónde viene este descenso en picado? Pues de la reforma aprobada por el Gobierno de Zapatero, con el apoyo del PP, que obligaba a pagar las costas de todo el proceso caso de que se recurriera y perdiera el juicio. Quien pierde, paga. Además llevamos cinco años de crisis, con una pérdida del 80% de la obra pública. Si cae la actividad administrativa, también caen los juicios asociados a ella.

P. Pero hay colegios de abogados, como el de Barcelona, que afirman haber tenido una bajada del 70%.

R. Que me lo acrediten. Pero que me lo acrediten sin manipular, con datos contrastados. Porque ya en informes como el del anterior CGPJ me encontré con que se eliminaban procedimientos a la hora de hacer el estudio. No quites nada, no me hagas juegos de manos. ¿Cuál es la variación de los litigios? Lo que no se puede hacer es declaraciones como las de Carlos Carnicer, diciendo que la recaudación era de 100 millones. Uno no puede hablar de datos, y menos si es presidente del Consejo General de Abogacía, sin tenerlos controlados. Aunque yo entiendo que los abogados protesten. Lo que me es inconcebible es que lo hagan los jueces.

P. Pero lo hacen.

R. Sí. Pero ni lo entiendo ni lo comparto. Solo lo entiendo como una decisión política, porque subir un impuesto nunca es una medida popular. Es muy fácil ponerse en contra y sacar partido. Y eso creo que es lo que están haciendo algunos jueces.

Solo lo entiendo la protesta de los jueces contra las tasas como una decisión política

P. Defienden que las tasas están impidiendo el acceso a la justicia de la clase media. Y hay casos sangrantes de ciudadanos que se han quedado fuera de la justicia.

R. Yo no niego que haya algún caso sangrante. La prueba es que después de tres meses de aplicar la ley, vemos que puede haber casos sangrantes, y los atajamos con la reforma de febrero. ¿Puede quedarnos aún algún caso sangrante de laboratorio que no hayamos cubierto? Puede. Pero por eso no podemos cuestionar el modelo en su conjunto. Ahora mismo, las tasas no son disuasorias. Si uno tiene un salario muy bajo, entra en justicia gratuita. Y si está en la clase media e ingresa 2.000 o 3.000 euros al mes, pues si el valor del juicio es de 200.000 euros le costaría entre 2.000 y 3.000. ¿Pero cuánto se paga de tasas y cuánto de abogado? Porque ahora se dice que conculcamos la tutela efectiva porque competimos con el precio del abogado. Le sale más caro al ciudadano demandar. Pero antes, cuando se tenía que pagar 2.000 euros al abogado por un divorcio, ¿no se estaba, siguiendo el mismo razonamiento, anulando el derecho de acudir a los tribunales? La justicia no es gratis. Nunca ha sido gratis.

P. Pero los colegios de abogados afirman que las pymes judiciales, los pequeños bufetes, se están viendo obligados ya no a rebajar los precios, sino a asumir ellos las costas y arriesgarse a cobrar si se gana.

R. Que me lo demuestren. Y también se pagan más si se recurre. Pero es que recurrir por si suena la flauta tampoco tiene sentido. Hay que tener en cuenta que solo el 25% de los recursos se estiman. Y el Tribunal Constitucional ha puesto por escrito que la tutela judicial efectiva está garantizada con un primer pronunciamiento. ¿Que los abogados lo están pasando mal conque haya menos juicios? Sí. Pero esa caída se debe fundamentalmente a la crisis económica. Además, para baremar el efecto que puedan tener las tasas y cómo está la justicia gratuita se creará un observatorio [donde estará el Consejo General de la Abogacía]. Se hará anualmente.

La justicia no es gratis. Nunca ha sido gratis. 

P. Las autonomías han reclamado, incluida la de Madrid, que la recaudación íntegra de las tasas sea para la justicia gratuita, afirmando que esto era lo que se había prometido. ¿Por qué no va a ser así?

R. Ha pasado mucho tiempo y se han dado muchos mensajes confusos. La idea del ministerio (y no solo en la idea, está así en la ley) fue siempre que la recaudación se dedicara a la mejora de la justicia gratuita. Pero no el total de la recaudación, sino la parte que fuera necesaria para mantener este servicio. Las autonomías quieren que se haga un reparto del dinero, pero cuando se transfiere una competencia, se fija el presupuesto que va a destinar el Estado para ese servicio. Las comunidades dicen que el gasto de justicia gratuita se ha disparado muy por encima de la renovación anual de esa partida. Y es cierto, no lo niego. Pero son las reglas del juego. Y este incremento no solo viene de la demanda, sino de lo que se les paga al colegio de abogados. Hoy en día, por el mismo servicio, los abogados cobran distinto dependiendo de la región de España. Madrid y Cataluña son las que más pagan. Y están en su derecho, pero eso no se lo voy a financiar yo. A lo que nos comprometemos es a cubrir a partir de ahora los gastos a mayores del servicio usando el dinero de las tasas. Con un límite, que su desviación no supere al triple de la media que detectemos anualmente en las cinco autonomías que gestionamos.