Controvertido despliegue en Río

El despliegue del Ejército en Río de Janeiro —con el nombramiento de un general al mando de la seguridad del Estado brasioleño— es una muestra inequívoca de cómo el crimen organizado, unido a la corrupción e incompetencia de los cuerpos de seguridad, puede socavar el orden institucional hasta hacer necesaria una controvertida intervención.

No obstante, la medida decretada por el Gobierno federal, inédita en la democracia brasileña, presenta algunas facetas que no se pueden pasar por alto. En primer lugar, el mismo jefe del Ejército brasileño, Eduardo Villas Bôas, ya había expresado en el pasado su reticencia a que se empleara el Ejército para mantener el orden en una ciudad. Puede estar más o menos justificado en un caso de extrema emergencia, pero desde luego ese no es el cometido de los militares en ninguna democracia. Además, los uniformados desplegados en Río pretenden forzar a la justicia a autorizar automáticamente realizar registros masivos —por ejemplo de barrios enteros—, algo que ha levantado alarmas entre juristas y asociaciones defensoras de los derechos humanos.

Pero es que además la sombra de la política planea sobre un despliegue que ya se había realizado de forma más suave en el pasado —por ejemplo, para la celebración de los Juegos Olímpicos— y que en sus primeros días no ha conseguido logros reseñables. Brasil celebra este año elecciones presidenciales y el actual mandatario, Michel Temer, se veía abocado a una severa derrota en el Parlamento al carecer de la mayoría necesaria para reformar la Constitución y así aprobar su ambicioso plan de reforma de pensiones. La alternativa era retirarlo, pero eso también suponía una humillación política. Como la Ley Fundamental prohíbe su propia reforma con el Ejército desplegado en la calle, Temer salva la cara y además le roba el discurso al populista Jair Bolsonaro, quien exige mano dura contra la delincuencia.