Lo que se les niega solo por ser mujer

La Constitución india promulga la no discriminación de género, garantiza los mismos derechos a hombres y a mujeres, incluyendo un salario igualitario, e incluso protege a la mujer contra la violencia machista, con una ley aprobada en 2005. Pero ninguna de estas medidas ha conseguido que el papel femenino en la sociedad deje de estar devaluado.

Alrededor de 12 millones de mujeres están matriculadas en cursos universitarios en India. Sin embargo, a pesar de que los datos demuestran una tendencia a la reducción de la desigualdad, el analfabetismo sigue golpeando más en el caso de la población femenina, ya que tan solo el 60% de las mujeres saben leer y escribir, frente al 81% de los hombres.

El déficit de atención sanitaria también afecta más directamente a las mujeres, cuyos índices de desnutrición y mortalidad son más elevados. Un tercio de las mujeres en edad reproductiva en la India están desnutridas, lo que conlleva la perpetuación de un ciclo intergeneracional de desnutrición, que se manifiesta especialmente en las zonas rurales. Además, las enfermedades o infecciones relacionadas con el consumo de agua o de alimentos en mal estado son, junto con las patologías trasmitidas por los mosquitos, las más frecuentes entre la población.

A pesar de que el gobierno reconoció en 1986 la explotación sexual como una ofensa y estableció una ley de tráfico inmoral, alrededor de 200 niñas y mujeres son cada día introducidas en el negocio del tráfico ilegal de personas en India. Según diversas ONG, la extrema pobreza, la tradición cultural y religiosa, la falta de educación o una prematura viudedad son las causas principales de este problema que termina, en la mayoría de los casos, en la prostitución. Para combatirlo, la organización It will be creó el 2016 un programa de microcréditos, a través del que 103 mujeres han logrado ser autosuficientes e independientes y capaces de subsistir por sí mismas de forma digna.

El matrimonio infantil y el feticidio femenino son otros de los problemas a los que se enfrenta la sociedad hindú. Desde 2001, se prohibió en el país el matrimonio infantil con una ley que fija en 18 años para las mujeres y 21 para el hombre la edad mínima para contraer matrimonio. Pero Unicef advierte de que esta práctica sigue existiendo, sobre todo en el entorno rural, donde se producen un 56% de los casos. En relación al feticidio femenino, la ley también regula desde 1994 las técnicas de diagnóstico de preconcepción para revelar el sexo del bebé antes de su nacimiento. Los abortos selectivos en función del sexo, sin embargo, todavía se producen.

El peso de las tradiciones es aún patente en el subcontinente indio, donde alrededor del 80% de los matrimonios son acordados o concertados por las familias de la pareja. En la práctica, la esposa pasa a ser considerada como una propiedad dependiente de la familia de su marido. Sin embargo, desde las instituciones se intenta erradicar esta tendencia con medidas como la Ley de Prohibición de la dote, donde se reconoce esta práctica como una ofensa y una muestra de sometimiento de la mujer.

La mayoría de las mujeres en India contribuye a la economía familiar con un trabajo fuera de casa, a parte de la manutención y los cuidados de los que es la principal encargada. Sin embargo, gran parte de este trabajo, que a menudo se da en el área de la agricultura, no se contabiliza en las estadísticas oficiales, por lo que queda invisibilizado ante la sociedad y no les aporta independencia económica. Según la Fundación Vicente Ferrer, el 95% de las mujeres indias trabaja en el sector informal de la economía y su trabajo es inseguro, irregular y normalmente no está reconocido.

Diversas ONG locales e internacionales trabajan para paliar las desigualdades de género hindús, promoviendo el desarrollo, la igualdad de oportunidades y la independencia de la mujer a través de proyectos que giran en torno a la educación, el empleo y la participación social. En concreto, It will be trabaja con mujeres oprimidas de los barrios pobres de los extra radios de las ciudades y en las áreas rurales empobrecidas, donde contribuyen a la formación de grupos de ahorro e inversión en pequeños negocios, que aporten estabilidad e independencia económica y que, además, las libere de la opresión social a la que están sometidas.

En relación a la representatividad e importancia en la vida pública, la Constitución intenta garantizar el derecho político de las mujeres, a través de medidas legislativas como la reserva de ciertos cargos institucionales para ellas.

India es el uno de los países con mayor incidencia de empleo infantil, ya que más de cinco millones y medio de niños trabajadores se encuentran en sus calles. Aunque la ley que protegía a los menores de 14 años frente a la actividad laboral consiguió reducir los datos, la enmienda que el Gobierno puso en marcha el verano de 2017 volvió a disparar las alarmas de la explotación infantil, ya que se permite el trabajo de los niños de cualquier edad mientras lo hagan en negocios familiares. De nuevo, este problema es mayor en el caso de las niñas cuya educación está socialmente menos valorada.

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