Nasrin Sotudeh, la mujer a la que teme la República Islámica

La última vez que entrevisté a Nasrin Sotudeh, en mayo del año pasado, las autoridades iraníes me hicieron saber que no les había gustado que hablara con ella. Pero ¿no estaba libre tras haber cumplido su sentencia? “Está marcada por su activismo”, argumentó el intermediario. Un mes después, la prestigiosa abogada volvía a ser detenida, formalmente para cumplir una pena de cinco años que tenía pendiente. En realidad, su defensa de los derechos civiles y su denuncia del sistema judicial irritaban al régimen, tal como se ha revelado ahora al conocerse su nueva condena a otros 33 años de cárcel y 148 latigazos. ¿Por qué la República Islámica tiene tanto miedo de esta mujer?

Respuesta breve: porque es íntegra y valiente. La larga exige conocer su trayectoria como abogada comprometida. Sotudeh, de 55 años, ha dedicado su vida profesional a defender los derechos de la mujer y a luchar contra la pena de muerte. “Las ejecuciones dañan nuestra conciencia nacional”, declaró a EL PAÍS a finales de 2013. Acababa de quedar en libertad por sorpresa después de cumplir tres años de una condena de 11 más 20 de inhabilitación. A ello contribuyeron la presión internacional y el hecho de que el entonces recién elegido presidente, Hasan Rohaní, quisiera llegar con buen pie a su primera cita ante la Asamblea General de la ONU.

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La acusación de “actuar contra la seguridad nacional” apenas ocultó el malestar del régimen porque su inicial dedicación a las mujeres y niños víctimas de la violencia machista se había ampliado a periodistas críticos como Isa Saharkhiz y opositores políticos como Heshmat Tabarzadi, en especial a partir de 2009, cuando pocos abogados se atrevían a defender a los represaliados por las protestas. Su coraje le valió numerosos premios, entre ellos el del Consejo General de la Abogacía de España (2010) o el Sájarov de la UE (en 2012, ya tras las rejas).

Sus carceleros le ofrecieron la libertad a cambio de informar sobre sus compañeros abogados o de que renunciara al activismo y mantuviera la boca cerrada. Se negó.

Los llamamientos a su liberación llegaron de organizaciones de derechos humanos y figuras públicas como el expresidente checo Václav Havel o la Nobel Shirin Ebadi, con quien había colaborado en el Centro de Defensores de los Derechos Humanos. Sotudeh tampoco se quedó quieta. Durante su encarcelamiento realizó cinco huelgas de hambre para protestar por el castigo añadido de que no le dejaran ver a sus dos hijos. Fueron 105 días que le hicieron perder 18 kilos, una barbaridad para su cuerpo menudo.

Y así siguió una vez liberada. Por un lado, utilizó su voz para pedir la libertad de todos los presos políticos (unos mil, según sus estimaciones en 2013). Por otro, siguió peleando contra la inhabilitación para ejercer que arrastraba de su condena. Después de tres meses de sentadas diarias frente a la sede del Colegio de Abogados, consiguió una importante reducción en 2015. De nuevo los intereses políticos del sistema se cruzaron en el camino. Irán estaba a punto de firmar el acuerdo nuclear, que tanto ella como la mayoría de los activistas apoyaron. “Estamos hablando con Occidente y [las autoridades] quieren dar buena impresión”, interpretó Sotudeh.

El régimen la acaba de volver a condenar, esta vez a 33 años de cárcel y 148 latigazos

Incansable, la abogada retomó su defensa de las causas que otros rechazaban por su carácter político o delicado; a menudo, pro bono. Justo en vísperas de su última detención, había logrado la puesta en libertad de Shaparak Shajarizadeh, una de las mujeres detenidas por quitarse el velo en protesta por su obligatoriedad. La dureza con que las autoridades persiguieron a varias de las activistas antivelo indica hasta qué punto les preocupa ese gesto. Sin embargo, había algo más grave que Sotudeh estaba denunciando: los acusados de delitos políticos sólo pueden tener abogados designados por el presidente de la Corte Suprema y, aun así, los tribunales revolucionarios impiden su presencia durante el juicio.

Mientras, la salida de EE UU del pacto nuclear había vuelto a azuzar las tensiones políticas dentro de Irán. La condena de Sotudeh a otros 33 años de cárcel, la más grave que Amnistía Internacional ha documentado contra un defensor de los derechos humanos en Irán en los últimos años, prueba que se está intensificando la represión.

Sotudeh no se presentó ante el tribunal revolucionario que la había citado el pasado 30 de diciembre en protesta porque no le permitieron elegir abogado. A principios de este mes, la oficina para el cumplimiento de las sentencias de la cárcel de Evin, donde se encuentra confinada, le informó de que había sido condenada a otros 33 años de prisión y 148 latigazos por siete cargos, entre ellos “actuar contra la seguridad del Estado”, “hacer propaganda contra el sistema”, “pertenecer a una asociación ilegal de abogados” y “promover la corrupción y la prostitución”.

Su marido, Reza Khandan, también condenado por apoyarla, informó de ello a través de Facebook. El juez del caso, Mohammad Moghiseh, conocido por la severidad de sus veredictos, ha intentado sembrar la duda declarando que la sentencia suma siete años. Pero tal como Sotudeh le insistió a Khandan por teléfono, la pena impuesta es la suma de las condenas, al margen de que luego pueda reducirse. Abogada hasta el final.