Palabras y hechos

La cumbre de Davos se ha cerrado con dos preocupaciones sobre las mesas de debate que, no por ser las esperadas, resultan menos acuciantes. Desde el momento inicial se apreció en los debates el deseo de impulsar una política fiscal más intensa para hacer frente al riesgo de desaceleración evidente en la economía mundial y la amenaza de la desigualdad creciente. Banqueros centrales, instituciones, Gobiernos y empresarios piden ya políticas económicas más expansivas, con aumentos de inversión pública para compensar el agotamiento de la política monetaria. Lo que un año atrás era una reclamación casi en sordina, hoy es un cambio de política económica reclamado de forma casi unánime.

Por otra parte, el cambio climático apareció en los debates con carácter perentorio. Ya no es posible negar las consecuencias económicas y sociales del calentamiento global, con la excepción pertinaz de la Administración de Trump, ni la urgencia de organizar la economía en función de las nuevas condiciones de producción y consumo necesarias para impedirlo. La cumbre de este año ha revelado una rara unanimidad en los discursos sobre la urgencia de incorporar cambios en las decisiones de inversión para favorecer un capitalismo ecológico y alabanzas, fundadas, a los objetivos del Plan Verde anunciado por la Unión Europea.

Pero existe un riesgo que no escapa a los protagonistas más avisados de Davos. La defensa de políticas fiscales más expansivas, en la línea de la defendida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (respeto a los objetivos de déficit, pero con “justicia fiscal”), y la toma de conciencia climática pueden quedarse en una mera declaración de intenciones si ahora no se encarnan en políticas concretas, con financiación concreta y calendarios precisos de aplicación que incluyan, por cierto, acuerdos políticos a largo plazo. Porque no se trata de actuar hoy y parar mañana a instancias del viento político. Lo discutido en Davos ha de concretarse en inversión, gasto público e innovación empresarial.