El abogado del rey emérito: “Juan Carlos I está a disposición de la Fiscalía”

A pesar de la decisión de marcharse a vivir fuera de España, Juan Carlos I se ha puesto a disposición de la justicia española a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco. El letrado ha emitido un comunicado con las instrucciones recibidas del rey emérito de ponerse a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que actualmente analiza sus cuentas en Suiza no declaradas ante Hacienda. “S. M. el rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna”, dice el abogado.

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La presión judicial sobre el rey emérito se disparó el pasado 8 de junio, cuando la Fiscalía General del Estado anunció que Juan Carlos I estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca. La investigación se centra, por ahora, en determinar si ha cometido delito después del mes de junio de 2014, momento en el que abdicó en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. Los próximos meses serán cruciales para Juan Carlos I, que puede verse obligado a comparecer ante el Tribunal Supremo.

Para llegar a ese momento, si llega, faltan meses. La primera decisión está en manos de la Fiscalía del Supremo, que debe decidir si presenta una querella ante la Sala de lo Penal. El propio ministerio público ha reconocido “la complejidad técnica y la trascendencia institucional” de esta investigación, dirigida por el fiscal de Sala del Supremo coordinador de delitos económicos, Juan Ignacio Campos. Junto a él trabajan otros tres fiscales expertos en estos delitos: Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig. Este equipo cuenta con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, dirigida por la fiscal Rosa Ana Morán Martínez, cuya labor será crucial para recabar documentación de otros países.

El ministerio público tiene abiertas estas diligencias desde hace dos años, pero hasta ahora se centraban en el presunto pago de comisiones por parte de empresas españolas adjudicatarias de esas obras. Si Juan Carlos I tuvo algún papel en esos hechos era jurídicamente irrelevante porque ocurrieron cuando ocupaba el trono y, por tanto, era inimputable. Sin embargo, las pruebas recabadas por un fiscal de Ginebra sobre una donación multimillonaria a la antigua amiga del rey emérito Corinna Larsen desde una cuenta en Suiza vinculada a una fundación panameña han arrojado dudas sobre algunas conductas del rey emérito posteriores a su abdicación.

Las diligencias de la Fiscalía del Supremo tienen por objeto determinar si esas sospechas se convierten en indicios suficientes de que el exmonarca ha cometido algún delito. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen ilícito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda pública superior a 120.000 euros). El ministerio público ve factible recabar indicios sobre ambos, pero eso no basta para sostener la acusación. Para el primero, según fuentes fiscales y expertos en delitos económicos consultados, la inviolabilidad de don Juan Carlos hasta 2014 impide indagar en el origen del dinero, lo que complica poder acreditar si se han blanqueado fondos aunque el supuesto delito se haya cometido después; mientras que en el caso del delito fiscal el plazo de prescripción acota la investigación a los últimos cinco ejercicios, lo que deja fuera los años de mayor movimiento en las cuentas bajo sospecha.