Fernández Díaz acusa a su ‘número dos’ en Interior de manipular los mensajes que le incriminan en Kitchen

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha presentado un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de citarle a declarar como imputado en el caso Kitchen en el que acusa al que fuera su número dos en el departamento, Francisco Martínez, de manipular los mensajes de móvil que le incriminan en el espionaje a Luis Bárcenas. En el escrito, en el que el político también carga contra el juez y la Fiscalía por dar validez a estas comunicaciones, Fernández Díaz niega haber enviado o recibido estas y asegura que nunca conoció la existencia de la operación ilegal para robar al extesorero del PP la documentación comprometedora que este tuviera contra el partido y sus dirigentes. El exministro se lamenta de que su imputación está sustentada en lo que él tilda de “sospechas y conjeturas”, y pide al juez que la deje sin efecto para evitar “la denominada pena de telediario” que dice estar sufriendo desde que se conoció que debe comparecer como investigado el próximo 30 de octubre.

La imputación de Fernández Díaz se produjo el pasado 18 de septiembre a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción después de que se incorporaran a la causa dos actas notariales levantadas a instancia de Francisco Martínez que fueron intervenidas por la policía y en las que este dejó constancia de los mensajes que el ministro le había enviado. En uno de ellos se leía: “Chofer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, en referencia al conductor contactado por la policía patriótica para espiar a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. En otro mensaje se indicaba que “la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”, aludiendo a la sustracción de los teléfonos del extesorero y su pareja para acceder a su contenido. Tras incorporarse a la causa, el juez dictó el auto en que situaba el “centro nuclear” de la Operación Kitchen en el Ministerio del Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa [desarrollada entre 2013 y 2014 por parte de policías de la bautizada como brigada patriótica] presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.

En el recurso, presentado este jueves y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el exministro se esfuerza en desacreditar la validez de estos mensajes y las dos actas notariales que se levantaron a instancias de Francisco Martínez en junio y julio de 2019, cuando ya barruntaba su imputación en la causa, que se produjo finalmente en enero pasado. En este sentido, Fernández Díaz recalca que “los mensajes fueron borrados voluntariamente [de su teléfono móvil] por el señor Martínez tras sus comparecencias ante notario” y que “no han sido recuperados tras el volcado del contenido” de las terminales del exsecretario de Estado realizado por la policía cuando se los intervino el pasado marzo por orden judicial. Por todo ello, el escrito concluye que los documentos levantados por los fedatarios tienen “muy limitado valor probatorio”.

Fernández Díaz califica el contenido de los mensajes de “totalmente inverosímil y contradictorio” y asegura que “resulta absurdo pensar” que fuera él quien estuviera al tanto de los detalles de la Operación Kitchen e informara a su número dos, y no al revés. En este punto, el recurso pone en duda la autenticidad de estas comunicaciones: “Es indudable que los mensajes de texto son perfectamente manipulables y que los notarios no comprobaron ni pudieron comprobar técnicamente la realidad de las comunicaciones que se les exhibieron”. Y reclama, por ello, una prueba pericial que certifique que son reales. También recrimina al juez que, antes de acordar su imputación, no comprobase “la autenticidad de los referidos mensajes”.

Fernández Díaz insiste en que, salvo esos mensajes, no existe en la causa ningún otro elemento que sostenga su presunta participación en la Operación Kitchen. Recalca que él, como ministro, “no estaba al corriente ni participaba en la ordinaria gestión y control” de los fondos reservados", la partida de dinero público de la que se desviaron las cantidades para pagar, entre otros gastos, los 2.000 euros mensuales que se abonaban al chófer de Bárcenas por facilitar a la policía patriótica información sobre el extesorero y su entorno. El político señala que esa función era, precisamente, del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. También alega que, en los dos años que dura la investigación judicial del espionaje a Bárcenas, su nombre no ha aparecido en las listas elaboradas por la policía de personas identificadas durante las pesquisas y que ni siquiera en los audios intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo se hace referencia explícita a él.

El exministro esgrime que la supuesta documentación que se pretendía arrebatar al extesorero del PP no le afectaba ni perjudicaba, y recuerda que su nombre “nunca” apareció en los llamados papeles de Bárcenas, que reflejaban la existencia de una caja b en su partido y causa del espionaje ilegal al extesorero. “Cabe inferir ―recoge el recurso presentado por su abogado― que [el exministro] no tenía interés alguno o motivación especial en la creación o coordinación de una operación policial dirigida a sustraer determinada información de aquella investigación judicial, suponiendo que dicha operación existiera realmente”. Incluso sugiere que en la Operación Kitchen pudieran haber participado agentes de otros servicios de la seguridad del Estado, no solo policías, y resalta la existencia en el móvil de su número dos de una referencia a un “contacto Cecilio”, término despectivo utilizado para referirse a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por todo ello, concluye que su imputación se sustenta, en su opinión, en “meras conjeturas y suposiciones, genéricas”, insuficientes para citarle como investigado. Por ello, pide que se deje sin efecto su citación para declarar como imputado el próximo 30 de octubre, se le levante la condición de investigado que considera que provocan su “estigmatización” y que sea llamado únicamente como testigo.